Sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, Mario Mallagray manifestó en una entrevista con JUJUY AL DÍA® que “hay dos proyectos que verdaderamente generan mucha polémica y en general toda la dirigencia colegial del país está en contra, y personalmente me adscribo dentro de esa postura porque entiendo que no van a solucionar la finalidad que persiguen de facilitar o mejorar el acceso a la justicia del ciudadano común, muy por el contrario”.

Para Mallagray “el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura dispone que para designar o remover un magistrado se requiera una mayoría simple y no una mayoría agravada, y al disponer que la elección de postulantes en los estamentos de jueces, abogados, catedráticos y científicos, se haga por voto popular en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultaneas. Va a partidizar esa elección de manera que el postulante se verá obligado a someterse al régimen de partidos políticos, quitándole al Consejo de la Magistratura la necesaria independencia de criterio que debe tener un organismo tan especifico como él”.

Agregó que “al marguen de eso, es un organismo de una estructura absolutamente sobredimensionada y cuando se reformó en 1999 y se redujo su cantidad de miembros, de 20 a 13, se dijo que tenía una estructura elefantiásica y que habría que reducirla. Ahora volvemos contra esos pasos y volvemos a crear más estructura en un organismo realmente sobredimensionado. Además altera el equilibrio de los estamentos porque se quiere incrementar el número de académicos, de 1 a 5, y no se mantiene la misma proporcionalidad en el estamento de abogados y de jueces, por lo que dicha reforma violaría el artículo 114 de la Constitución y sería inconstitucional”, aseguró el letrado.

Explicó que dicha modificación sería inconstitucional “porque se obliga a los magistrados a someterse al régimen de partidos políticos cuando un juez, por su propia naturaleza y de acuerdo a lo que dispone nuestra Carta Magna, tiene prohibida toda posibilidad de intervenir como elegido en un proceso democrático, tiene que estar totalmente excluido de toda influencia política partidaria porque tiene que preservar su parcialidad y su independencia de criterio”.

Al referirse al proyecto de regulación de las medidas cautelares, el Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, manifestó a JUJUY AL DÍA® que “en mi opinión, si lo que se pretendía en el mensaje que emite nuestra Presidenta, y en la exposición de motivos que acompaña los proyectos de acercar la justicia a los ciudadanos, este proyecto en particular de reglamentación de medidas cautelares va absolutamente en sentido contrario porque va ser una verdadera quimera, un milagro conseguir que un magistrado decrete una medida cautelar en contra del Estado por la maraña de requisitos que establece el mismo”, y agregó que “además porque se está sentando un nefasto criterio que violenta el principio de igualdad ante la ley, porque para decretar una medida cautelar contra el Estado se exigen requisitos, no solo muy estrictos, sino que por la cantidad y especie hace que resulte imposible que un particular obtenga una cautelar contra el Estado. Se estaría violando el principio de igualdad ante la ley, ya que el Estado para decretar una medida cautelar contra un particular no tendría los mismos requisitos que se le exige como cuando es parte demandada”.

Sobre los riesgos de esta medida de reforma, Mallagray explicó que “lo que puedo decir es que si la pretensión era acercar al ciudadano común a la justicia, estos dos proyectos en particular, van en sentido contrario. Doy un argumento más contundente: las cautelares tiene un término de caducidad cuando se decretan contra el Estado, por lo tanto si a los 6 meses el particular no ha obtenido una sentencia favorable, se produce la caducidad de la medida cautelar”, y señaló “pero ¿quiénes pueden aguantar un proceso judicial sin resguardar o proteger el resultado final del proceso principal?, y seguramente las grandes empresas, las multinacionales y las personas físicas que tienen mucha espalda patrimonial, por lo que seguramente que el ciudadano común, el pobre, el desvalido, el que se quiere proteger, no va a tener esa posibilidad”.

“Por lo tanto se estaría creando un privilegio en favor de personas poderosas, jurídicas o físicas, cuando al que quieren proteger, al que quieren cuidar, que es el ciudadano común, lamentablemente con esta caducidad de medidas, al contrario, se lo desprotege”, aseguró.

Sobre el proyecto de creación de una Cámara de Casación, el presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, opinó que “si bien la Cámara de Casación Penal desde su creación ha funcionado de manera correcta, la creación de una Cámara de Casación en los otros fueros ayudaría a descomprimir la labor de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recibe año a año más de 10 mil expedientes” indicó pero advirtió “cuidado con la creación de estos órganos, porque nosotros queremos una justicia independiente y no una Cámara de Casación que sea una escribanía de la ANSES. No queremos que a través de su creación quede por tierra todas las conquistas de nuestros jubilados que tras años y años de lucha y de muchos litigios han conseguido beneficios no reconocidos por la ANSES”.

“Hay que poner mucho tino en el proceso de selección y designación de esos jueces de manera que tengamos una justicia verdaderamente independiente de toda influencia de política partidaria y que esos jueces no vayan a convalidar decisiones de políticas económicas del gobierno de turno, no solo de este sino de cualquier otro gobierno”, sostuvo.

Mario Mallagray también se refirió a los demás proyectos que ingresaron al debate en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, manifestando que “hay algunos proyectos que en general la dirigencia colegial comparte, por ejemplo nadie está en desacuerdo en que haya un acceso más democrático de postulantes a cargos dentro del Poder Judicial de la Nación para evitar el clientelismo, el parentelismo o el amiguismo, o cualquier otra forma de acceso que no sea a través de concursos de antecedentes y exposición, lo cual debería ser replicado en todas la provincia del país”, y agregó que “de la misma manera compartimos el proyecto de ley que exige a los jueces, camaristas diputados y senadores la presentación de declaraciones anuales de bienes, de manera que exista un registro para que el ciudadano común pueda acceder a las declaraciones de bienes de quienes los juzgan y a través de ese control ciudadano se pueda verificar si a lo largo del tiempo un juez, un camarista un diputado o un senador ha tenido un incremento patrimonial que no se compadezca con sus remuneraciones o salarios”.

“Estamos de acuerdo con el proyecto de ley que quiere mejorar la transparencia y procesos de informatización del Poder Judicial de la Nación para que el ciudadano pueda acceder a los actos de gobierno de los jueces y pueda verificar el funcionamiento y eficiencia, de manera que se lleve transparencia y que el ciudadano pueda controlar el trabajo de nuestros jueces y magistrados”, concluyó.