Al respecto, Mallagray manifestó en declaraciones a JUJUY AL DÍA® que “si bien aún no se conoce en detalle el proyecto de ley, pero si puedo manifestar que como principio general estoy de acuerdo con que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación tributen el impuesto a las ganancias como todos los ciudadanos del país, como principio general pero ¿cómo hacemos jugar ahora este principio general con el principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados?”, se preguntó.

Asimismo expresó que “entiendo que este proyecto de ley debería regir hacia el futuro y para los Jueces, Magistrados y Funcionarios de la justicia nacional federal y provincial que no han ingresado hasta la fecha, o sea que solo sería aplicable a todos los jueces magistrado y funcionarios que ingresen con posterioridad de la puesta en vigencia de esa ley, si es sancionada por el Congreso de la Nación y no hacia atrás, hacia los jueces que actualmente revistan en el Poder Judicial”.

Y argumentó que “esto es porque la aplicación de esa ley que grava sus remuneraciones con el impuesto a las ganancias implicaría, en los hechos, una disminución de sus remuneraciones y eso afectaría el principio de constitucionalidad de intangibilidad de sus remuneraciones”.

Al referirse a los demás trabajadores del Poder Judicial, señaló que “indudablemente todos se van a ver afectados incluyendo a los empleados con jerarquía dentro del Poder Judicial y que estén dentro de los mínimos que establece el Poder Ejecutivo nacional para el trabajador soltero o casado con carga de familiar, ya que si supera los pisos establecidos automáticamente van a quedar gravados”.

Para finalizar, nuestro medio consultó al letrado jujeño sobre si este tipo de proyectos atentan contra el funcionamiento de la justicia o lo que respondió que “no, de ninguna manera. Esto hay que interpretarlo dentro de un marco general, en el sentido que todos los ciudadanos del país debemos contribuir al mantenimiento de los gastos del Estado nacional, provincial y municipal, como un esfuerzo de todos los sectores no solo de los jueces, sino de funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y los ciudadanos, para el mantenimiento de la educación, la justicia, la salud y la seguridad que son las funciones básicas del estado nacional”.