Preparando la partida. No es fácil concluir una etapa, en nada, pero en política suele ser traumático. Se termina la cálida cobertura del estado, el pago el día primero de cada mes, y hay que volver al llano. La determinación de Guillermo Montenegro de hacer cambios en el funcionariado significó el ticket de salida para muchos, aunque en algún caso habría extensión hasta marzo, cuando menos. Sería el caso del EMTUR, en donde, dada la proximidad de la temporada 2020, se analiza no modificar nada. Jorge Zanier, a cargo de la presidencia del EMTUR desde la eyección de Gabriela Magnoler, continuaría, dado el poco tiempo disponible partiendo desde el 10 de diciembre. Hablando de Zanier, presentó una nota reclamando los salarios por el cargo de presidente, ya que está a cargo de ese rol conservando la vice presidencia, pero firma como presidente del ente. Y, bueno, todo suma.

Partida anticipada. El que ya se fue de la gestión es el ingeniero Pablo Simoni. Renunció por problemas de salud (la está pasando brava). Debió soportar otra toqueteada de la mafia digital, que se entretuvo hablando disparates al respecto de su renuncia. Simoni, sin experiencia previa en cargos públicos, asumió con un EMVIAL devastado. El 98% del equipamiento estaba fuera de funcionamiento, sin crédito de proveedores, con enorme cantidad de calles fresadas sin carpeta asfáltica, y cuadras ya abonadas por el frentista sin asfaltar. Cubrió todo,  amplió obras, y las llevó a cabo con una calidad de trabajo nunca vista en Mar del Plata. Chapeau para él, nuestro respeto.

ARA San Juan. Los ruidos por el hundimiento del ARA San Juan siguen, con capítulos insólitos. Por un lado, hay acciones penales en contra del abogado Luis Tagliapiettra por falsificar firmas de esposas de los fallecidos para sumar poder en la querella que lleva adelante, en la que pidió se impute al presidente Mauricio Macri y al ministro Aguad, anche jefes de la Armada. De los responsables políticos, militares y actores del service de media vida del submarino, nada de nada.

ARA San Juan II. Un escenario increíble, un capitulo digno de Ripley se da en estos días en el Registro Nacional de las Personas de la Provincia de Buenos Aires. Las familias están pasando este momento de duelo atrapados en los ditiritambos de la puja en el poder judicial, y deben soportar la locura de recibir la negativa de los funcionarios públicos que se niegan a emitir los certificados de defunción de los tripulantes siniestrados. ¿El motivo? El registro, luego de un largo debate sobre qué actor judicial debe tramitar las defunciones y consecuentes acciones de sucesión, determinó que los certificados deben obtenerse en Chubut.

ARA San Juan III. En primer lugar, se dio el debate de si los actos sucesorios debían tramitar en el fuero provincial o federal. Se llegó hasta la instancia de cámara en ambas jurisdicciones. Una vez determinado, vino el trámite de solicitar los certificados de defunción. Insólitamente, el registro provincial de las personas indica que se deben solicitar en Chubut, ya que el siniestro ocurrió “en el mar del Chubut”, una jurisdicción inexistente ya que el mar es, por definición, “mar continental argentino”. Más torpe, no se consigue.