Hay que señalar que Bonomo había sido advertido en reiteradas oportunidades de que debía abandonar la actividad en el lugar merced a una ordenanza vigente desde 1999. Reiteradamente alegó no tener documento encima, y daba el nombre de “José Paja”. De temperamento alzado, en la reunión que se llevó a cabo en Inspección General trató de muy malos modos a su pareja. Su conducta llegó a tal tono que fue reprendido por el responsable de Inspección General, Carlos Irazoqui. Hay mucha distancia entre el fervor popular y mediático en defensa de los más humildes, y la verdad.

Semana políticamente incorrecta II. Una vez más, la comuna pagó en tiempo y forma los salarios de los municipales; en rigor, 5 días antes del primer día hábil de mayo -por el feriado del 1-, y en una semana en la que el mundillo del circulito morado de la ciudad estuvo de lo más agitado por la publicación del supuesto salario del intendente municipal, cifra que no concuerda en lo más mínimo con lo que efectivamente percibe por su trabajo. La respuesta municipal fue la publicación del recibo de sueldo del intendente. Por cierto, además, el salario de un intendente surge de regulaciones y leyes provinciales, y no de un capricho de quien ocupa oportunamente el sillón. Pero sólo hace falta mentir un poco, e instalar la mentira, y algo quedará como remanente tóxico.

Semana políticamente incorrecta III. Si sigue por el camino que va, la intervención al Consejo Escolar de General Pueyrredón terminará en una denuncia contra el interventor designado. Roberto Angrisani transita una situación cuando menos extraña: ocupa el lugar de los consejeros designados por el voto popular, toma decisiones -o mejor dicho no resuelve nada- y ha dejado ingresar a una manada de jóvenes que atropellan expedientes sin saber bien por qué y para qué. Amén de ello, se sostiene que los ingresados sin designación formal provendrían de la agrupación Crear que lideran Martín Abonjo y el senador por “la línea de Vidal” Lucas Fiorini.

Semana políticamente incorrecta IV. Lo que está pasando a nivel del Servicio Penitenciario provincial es preocupante. Se ha designado al tercer interventor desde que Vidal es gobernadora y no parece hallarse una política para el sector, crítico por cierto. En foco, una empresa: Asepsia SA, lavadero de indumentaria de las seis principales clínicas marplatenses. Trabajan allí 60 internos que reciben entre 20 y 25 pesos por día y procesan unas cinco mil prendas diarias. En el sector de costura hay nueve máquinas de coser, en las que no sólo reparan prendas dañadas, sino también fabrican una amplia variedad para las clínicas. Asepsia tiene su currículum penal: en septiembre de 2008, el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, la incluyó en una denuncia en la U10 de Melchor Romero. Y hay otra en marcha por usar los camiones para ingresar droga al penal más una investigación en ciernes de altísimo voltaje que puede picar en los pies de “la Evita amarilla”.