De protegidos y favorecidos I. Qué vidurria se dan los que se agrupan bajo el ala de la Fiscalía General de Cámaras de Mar del Plata. Justicia Legítima, a través de Daniel Adler, transformó este ente gubernamental en una caja política para amigos, amiguitas y favorecedores que ya querría tener para sí cualquier organización política. Conchabados que están no para impulsar justicia sino para facilitarse su propia vida, destacan, entre otros: Belén Cano, que no sólo tiene la suerte de no cumplir el horario laboral judicial (de 7.30 a 13.30), sino que además concurre por la tarde unas escasas horas (nunca más de 3 hs) incumpliendo con el reglamento del Ministerio Público Fiscal, que prohíbe “trabajar” en la Fiscalía Federal (con un sueldo superior a los 35.000 en mano por 3 horas diarias) mientras labora en “Qué Digital”. Otro gratificado por el uso político de la Fiscalía General es Juan Pablo Gelemur, referente del movimiento Patria Grande, quien fue nombrado en el programa Atajo Mar del Plata y hace política desde las estructuras del Ministerio Público Fiscal en nombre de la Fiscalía, pero para beneficio propio. Lo acompañan en su recorrido Lucía Muraca (hija de la política Estela Casasola) y Pablo Carignano, militante camporista, todos con sueldos superiores a los 36.000 pesos en mano. No cumplen horario judicial ni por casualidad, lo que causa escozor en empleados y aledaños.

De protegidos y favorecidos II. Una que saca la cabeza por sobre el resto es María Rosa Dettori, esposa de Juan Manuel “el Toro” Aiello, ex número dos del EMDER, ingresada a la Fiscalía por el ex integrante de la SIDE Juan Martín “Cholo” Mena, quien pidió su nombramiento al ex jefe de la PROCELAC, Carlos Gonella. Dettori, de nacionalidad italiana, no sería abogada sino criminóloga, habla “puquito” (sic) español, y trabaja menos, pero se lleva mensualmente 45 lucas del erario público. Y si es por favorecerse de la caja pública, un caso especial es el de Mila Montaldo, la última incorporación a la Fiscalía General de Cámaras. Se trata de la mujer de Víctor Hugo Dellarosa, sindicalista jubilado ex-preferido de la Procuradora, quien supo ser el armador del SITRAJU (Sindicato Judicial Camporista). Otra operadora con sueldo superior a los 45.000 pesos en mano, que pulula por el edificio de Av. Independencia y nadie sabe bien qué hace. Ni trabajo judicial, ni administrativo, eso está claro. Toda una estructura montada con objetivos políticos que drena dinero público escandalosamente, sin control alguno. ¿Hasta cuándo?

Un caso curioso. Curioso lo del párroco Héctor Díaz -más conocido como Padre “Chobi”-, quien usó la banca 25 para denostar en estilo frontal y directo al intendente Arroyo, acusándolo de no efectuar los pagos a Cáritas. Todo muy bien, pero fue raro su silencio en 2015, cuando la desgestión Perogrullo/Cospelito no le abonó en todo el año. Le contestó Vilma Baragiola, señalando que habían pagado toda la deuda, y se está trabajando para quedar al día con la institución eclesial. Los pobres sirven también para hacer política, es evidente.