Esta vez es el Fiscal General —Juan Manuel Pettigiani— el que parece harto de la impericia de Inchausti, quien milagrosamente continúa a cargo del Tribunal Federal 3 en Mar del Plata. La novedad es que se lo acusa de prevaricato, violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad porque de la noche a la mañana cambió de idea sobre una domiciliaria que había negado unos días entes.

Parece que Hugo Alberto Esteban, el reo con prisión preventiva, solicitó una morigeración de su situacióna través de su abogado, ni más ni menos que César Sivo. Presentó la solicitud el pasado 6 de abril aduciendo razones de salud, y se apoyó en la actual coyuntura que le vino como anillo al dedo.

Al día siguiente nomás, Carlos Martínez  —auxiliar fiscal de la UFI 2 que lo estaba investigando en otra causa— respondió que no había que otorgarla. Argumentó —por un lado— la gravedad de los hechos de los que se lo acusaba y, por otro, las definiciones dadas por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal informe aseguraba que Esteban no presentaba indicadores clínicos de estar cursando una afección psicopatológica aguda en evolución, y que se encontraba hemodinámicamente compensado. Por lo tanto, el detenido debía continuar con los controles médicos y cumplir con lo que se le prescribiese: orientado, llegó a la consulta caminando y no tiene diabetes en sus antecedentes médicos.

Martínez afirmó estas cuestiones porque —a su criterio— todos los riesgos procesales que hicieron que se le aplicara la prisión preventiva al acusado aún continúan vigentes: Esteban estuvo prófugo desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2019, fecha en la que fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú. Pero, llegado el momento en el que estuviera justificada su intervención, Inchausti no debería haber tomado esta decisión solo, porque Esteban no estaba únicamente procesado en esta causa de lavado de activos, sino que estaba en curso una investigación por narcotráfico: se habían secuestrado más de 2800 kilos de marihuana en un camión Scania dominio TBJ 438 de su propiedad, por lo cual estaba pendiente de elevación a juicio una nueva causa en otro tribunal. Esa droga sería trasladada a Mar del Plata.

Pero, de cualquier forma —“sin atender los motivos”,como dice la denuncia de Pettigiani— el juez se apuró a dictar la detención domiciliaria. Para esa decisión valoró que se trataba de una persona de más de 60 años alojada en la cárcel de Marcos Paz, y que tenía varias dolencias: “dolores en la cadera, vértebras, rodillas, problemas de presión y corazón”, además de un baypass gástrico y la necesidad de una dieta hipocalórica en consideración de una obesidad tipo 1. El hombre no había tenido armas, ni antecedentes, por lo cual sorpresivamente decidía mandarlo a su casa. Pero todos estos argumentos estaban también vigentes el 30 de marzo, cuando la domiciliaria le fue negada por el mismo juez. ¿Qué cambió en una semana?

Otro tribunal

Inchausti debió comunicar la situación al otro tribunal interviniente, pero en lugar de hacerlo tomó una decisión inmediata, y autorizó también que fuera trasladado al domicilio que dieran sus garantes. Para eso agregó una caución de dos millones, que serviría de garantía hasta que se le otorgue la pulsera electrónica. En conclusión: lo trajeron en auto a Mar del Plata.

Inchausti no sólo pasó por arriba del otro tribunal con el que debió comunicarse, si no que, además, hizo que el Servicio Penitenciario incurriera en errores de procedimiento por seguir sus órdenes, con los riesgos que eso implica.

Dice la denuncia de Pettigiani: “Este atropello de las atribuciones de otro órgano jurisdiccional interviniente, atento a que Hugo Alberto Esteban no se encontraba a exclusiva disposición del juzgado nro. 3 de Mar del Plata, sino que en razón de elevación a juicio de la causa 1575/2015, el mismo se encontraba a disposición conjunta del Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata”. Asegura que se trata de un caso de mala praxis que ha puesto en riesgo el desarrollo completo de una causa penal, la que implica quizá el caso de narcotráfico más importante que ha tenido esta ciudad en su historia institucional. En el mismo marco, algunos de los coimputados en la misma causa, pero con menor responsabilidad que Esteban, ya han recibido sentencia, y ha sido de más de 14 años. Él no fue condenado oportunamente porque estaba prófugo.

Por eso ahora el denunciante analiza los argumentos del juez Inchausti y no acepta ninguno: le dice que la ausencia de antecedentes de Esteban no se debe a una conducta jurídica socialmente aceptable, si no a haber evadido su responsabilidad en procesos penales donde se encontraba implicado. Es claro.

El tiempo de detención que Esteban lleva cumplido, poco más de un año, tampoco parece ser un argumento válido, en virtud de la expectativa de una pena alta que pesa sobre él, ya que se encuentra implicado en dos causas diferentes, por delitos de suma gravedad.

Para sostener las razones que expone, Pettigiani pone como ejemplo otra causa en la que Inchausti intervino para otorgar prisión domiciliaria a una persona condenada a cinco años de prisión, sobre la cual se esgrimían razones humanitarias: Claudia Camacho Solís. Y la forma en la que, en este caso, Inchausti no resolvió unilateralmente, sino que indicó notificar al otro tribunal interviniente sobre la situación. Allí, dice Pettigiani, se “evidencia un tratamiento distinto”, porque el juez sabe exactamente lo que tiene que hacer, solo que no lo hizo.

Denuncia ardiente

Es por todo lo expuesto que se acusa al magistrado de haber cometido los delitos de prevaricato, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ya que ha tomado una resolución sabiendo que era contraria a la ley. Como si fuera poco, la publicidad que se le dio a una prisión domiciliaria que no correspondía colabora a aumentar la tensión social entre quienes se encuentran privados de la libertad, que ven la forma en que se otorgan beneficios a personas que no se encuentran en la situación de reclamarlos. Eso perjudica el desenvolvimiento del ya difícil Servicio Penitenciario Nacional, sobre todo en la actual situación de pandemia por Covid 19, que ha alterado la convivencia en la mayoría de los penales.

El auxiliar fiscal Carlos Martínez resumió la situación de Esteban en ocasión de denegar el pedido de arresto domiciliario, y allí dijo que valoraba el informe de salud en el cual se indicaba que no existe ningún caso sospechoso de coronavirus intramuros en el penal de Marcos Paz, pero sí ha habido contagiados y fallecidos en Mar del Plata, y también en Entre Ríos, donde Esteban fue detenido. Es decir que recibir la atención médica que recibe dentro del penal, implicaría apartarse de su domicilio y por lo tanto exponerse al contagio, cosa que no sucede en su actual confinamiento. Hugo Esteban no corre mayor riesgo de contraer coronavirus por estar detenido.

Se trata del mismo detenido que fue declarado rebelde en el proceso por haberse fugado, y actualmente tiene una expectativa de pena alta. Hugo “Coco” Esteban había estado prófugo en Gualeguaychú junto a su familia, ejerciendo el comercio informal de automotores con otro nombre, en un local de Avenida Daneri donde se le secuestraron diez vehículos. Otros doce se encontraron en un galpón que usaba como depósito, y estaba a cargo de su hijo Pablo.

Se supone entonces que el dinero ilícito que era generado a través del narcotráfico era nuevamente inyectado al mercado a través de la compraventa irregular de autos. Así, el efectivo se convertía en vehículos para mantener su valor frente a la inflación. Los autos servían de moneda de cambio para otras operaciones, o para pagar grandes cantidades de estupefacientes. Así se pudo comprar un camión y 2800 kilos de marihuana, y cuando se le complicó se fue a Entre Ríos.

Se consiguió el abogado experto en estas cuestiones, Sivo. Habló con quien hubiera que hablar, y consiguió una domiciliaria que le habían negado hacía una semana. Cómo no se va a enojar Pettigiani, cómo no hablar de mala praxis. Si lo único que queda es usar otro término bastante peor.