Sospechas de nepotismo y nombres cantados siguen reluciendo en los concursos que convocó el Consejo de la Magistratura de Salta, en los últimos meses, para cubrir las vacantes de jueces y fiscales.

Sin experiencia en la Justicia ni en el Ministerio Público, Ramiro Michel Cullén, cuñado de Ramiro Simón Padrós, actual secretario general de la Gobernación, fue ternado para fiscal de la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Distrito Centro. Entre ocho postulantes, también quedaron en la terna una secretaria de Fiscalía de Cámara, Marcela Verónica Dávalos, y un secretario relator de la Corte, Alfredo Gómez Bello. Aunque el gobernador Juan Manuel Urtubey aún debe enviar el pliego al Senado, se considera a Michel Cullén como “nombre puesto” para el cargo que el Ejecutivo y el Ministerio Público habían mantenido sin concursar desde diciembre de 2012.

La resolución 889 del Consejo de la Magistratura, con la que se definió la terna el pasado 13 de junio, contiene graves inconsistencias con respecto a la evaluación de los antecedentes de Michel Cullén. El citado instrumento público, entre otras llamativas contradicciones, señala que el cuñado de Simón Padrós “obtuvo el título de abogado en agosto de 2004, acreditando inscripción en la matrícula en abril de 2001, fecha desde la cual ejerce la profesión en forma liberal”.

Para ser fiscal de Cámara, ley 7.328 orgánica del Ministerio Público exige a los candidatos al menos 10 años de ejercicio profesional como abogados. Si Michel Cullén logró ese título en agosto de 2004, como señala la resolución, ni siquiera se debería haber permitido que se inscriba.

¿Cómo pudo haber obtenido la matrícula en 2001 y ejercer desde entonces como abogado, si recién obtuvo ese título tres años después? ¿Cómo se explica que ni ninguno de los consejeros que suscribieron la resolución 889 advirtiera semejante contradicción. No parece que no leyeron lo que firmaron el presidente del órgano elector de jueces y fiscales, Guillermo Félix Díaz; el vice, Humberto Ríos; el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals; el diputado Salvador Gustavo Scavuzzo ni el abogado Sergio Pétersen.

Como en otros procesos selectivos, en el que resultaron favorecidos parientes de funcionarios del Ejecutivo, la Justicia, el Ministerio Público y del propio Consejo de la Magistratura, Michel Cullén obtuvo uno de los puntajes más altos en la entrevista personal. En esa instancia, que otorga la mitad del puntaje total que pueden obtener los postulantes, lo calificaron con 48, sobre un máximo de 50 puntos posibles.

Sin acreditar publicaciones, asistencia a congresos ni desempeño alguno en cargos vinculados al del concurso, en la entrevista Michel Cullén obtuvo un punto menos que una secretaria de la Fiscalía de Cámara, seis más que un secretario de la Corte y 17 puntos más que una secretaria de Defensoría.

Las contradicciones del reglamento aplicado no se limitan a la entrevista. Los consejeros pueden dar hasta cuatro puntos a postulantes que, sin antecedentes en tribunales, fiscalías o defensorías, se hayan desempeñado en “otros cargos o actividades públicas o privadas que, a criterio del Consejo de la Magistratura, tengan alguna vinculación con el cargo concursado”. A su vez, los candidatos que sí acreditan antecedentes en tribunales, fiscalías y defensorías solo pueden recibir 0,25 (veinticinco centésimas) por cada cargo desempeñado, con un punto en la sumatoria, como tope máximo. El cuñado de Simón Padrós es uno de los funcionarios que el Ejecutivo mantuvo y recicló desde fines de 2007. Comenzó como director general del Registro Civil y en 2009 asumió como coordinador legal y técnico del Ministerio de Ambiente. Desde mayo de 2012 también representó como profesional letrado al IPV. En febrero de 2013, poco después de que quedará vacante por renuncia la Fiscalía de la Cámara Civil, fue designado como procurador fiscal en la Fiscalía de Estado.

Vacante sin cubrir desde 2012

Casi un año y medio tardó el Consejo de la Magistratura en convocar el concurso para fiscal de Cámara. En la ciudad judicial más de uno afirma que todo se demoró para que Michel Cullén reuniera requisitos y uno que otro antecedente. 

La titular del cargo vacante, Adriana Figueroa, había renunciado el 19 de diciembre de 2012 para jubilarse partir del 1 de febrero de 2013. Solo tres días después de esa fecha Michel Cullén fue nombrado procurador fiscal de la Fiscalía de Estado. 

El gobernador Juan Manuel Urtubey había aceptado el retiro de Figueroa mediante el decreto 3824/12. 

Ese tipo de actuaciones suele activar inmediatamente el proceso para cubrir la vacante, lo que en este caso no ocurrió.

El Distrito Judicial del Centro tiene solo dos fiscalías civiles y una sola Cámara del fuero en toda la provincia. En ellas se concentran concursos, quiebras, juicios, amparos y expedientes relacionados con divorcios, alimentos, tenencias y adopciones.

Ante una importante cantidad de demandas pendientes sin que se abriera el concurso, las fiscalías civiles y la de Cámara desbordaron. La situación se agudizó cuando la fiscal Civil II, Violeta Herrero, tomó licencia por enfermedad de largo tratamiento. De ese modo, su par, Nancy Jozami, debió alternar entre las dos fiscalías de primera instancia y la de Cámara. Distintas fuentes señalaron que llegaron a intervenir en materia civil fiscales penales.

Esta situación irregular motivó que el Colegio de Magistrados reclamara al procurador general, Pablo López Viñals, y al presidente del Consejo de la Magistratura, Guillermo Félix Díaz, la apertura del concurso. 

Desde el año pasado, en las oficinas judiciales, ya circulaban con fuerza rumores sobre presiones para demorar el concurso y permitir que Michel Cullén, “el elegido”, pudiera presentarse. 

Recién el 21 de marzo de este año, a través del acta 2.393, el órgano elector de jueces y fiscales abrió el concurso, en el que se anotó el cuñado de Simón Padrós, ex fiscal de Estado y actual secretario general de la Gobernación. 

Designaciones con nombres puestos de norte a sur

Fiscales a medida también en el interior

En los distritos judiciales del interior, familiares de funcionarios y allegados al poder político también se imponen en los concursos que convoca el Consejo de la Magistratura y define el gobernador Urtubey. Los pliegos que llegan al Senado, con pedidos de acuerdo para candidatos que entran a las ternas gracias a las desequilibrantes calificaciones que reciben en las entrevistas personales, no son una exclusividad de la capital salteña. Tampoco lo son los casos en que terminan designados los terceros por puntaje en las ternas. 

El 13 de mayo, el Senado publicó los pliegos que había girado el Gobernador para prestar acuerdo a siete nuevos fiscales. En esa nómina figuraban Gonzalo Gómez Amado, para el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Sur; Jorge Armando Cazón, para la Fiscalía Penal de Tartagal, y Guillermo Akemeier, para ascender a Fiscal de Impugnación. 

En el norte muchos vecinos aún cuestionan que Cazón, mientras era secretario de Gobierno municipal, se haya quedado en 2011 con una vivienda social en el barrio Néstor Kirchner. La urbanización estaba destinada a damnificados del alud de 2009 y a familias de escasos recursos. 

El gobernador, tras el acuerdo de la Cámara alta, oficializó la designación de Cazón como fiscal penal de Tartagal el pasado 30 de junio. 

El nuevo agente del Ministerio Público llegó al cargo con una carrera más política que judicial. En 1993, cuando Andrés Zottos asumió como intendente interino de Tartagal, Cazón fue su asesor legal. En ese entonces formaba parte del Partido Renovador de Salta (PRS). 

Después, como candidato del Justicialismo, logró una banca en el Concejo y se postuló sin éxito para intendente de Tartagal. 

Ya con Sergio Leavy como jefe municipal, Cazón se pasó al Frente Para la Victoria y se desempeñó como secretario de Gobierno hasta hace un par de años, cuando pasó a desempeñarse en la Auditoría General de la Provincia.

Hijo elegido

Cuando en junio de 2013 Gonzalo Gómez Amado fue nombrado fiscal auxiliar en Apolinario Saravia, más de 700 vecinos le pidieron su revocación al procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals. En ese entonces, denunciaron que no hubo transparencia en la designación que favoreció al hijo y asesor del senador por Anta, Ernesto Gómez. 

Los reclamos cayeron en saco roto y el 18 de junio último, tras el acuerdo que le dio el cuerpo que integra su padre, Gómez Amado fue designado por Urtubey como fiscal penal del Distrito Judicial del Sur, con competencia en Anta, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. 

Más casos que llaman la atención

Hace pocos días, los manejos nepóticos en los concursos del Consejo de la Magistratura colmaron la paciencia de una candidata. María Silvia de la Zerda, una de las 16 aspirantes al cargo de jueza de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, renunció a su postulación por “cansancio moral”.

Tras esa decisión, en la ciudad judicial se insiste en que Soledad Fiorillo Saravia, la esposa del procurador general, Pablo López Viñals, es “nombre puesto” para ese cargo vacante.

En esos días también hubo polémica por las evaluaciones en el concurso para juez de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En la terna quedó Hebe Samsón, hermana de un juez de Corte, Ernesto Samsón, y pareja de Guillermo Félix Díaz, otro ministro de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura de Salta.

La elegida de Urtubey, sin embargo, fue Adriana Rodríguez Faraldo, esposa del secretario legislativo del Senado, Guillermo López Mirau, y madre del secretario del Planeamiento de la Provincia. El pliego ya está en la Legislatura. 

Para Hebe Samsón los planes del oficialismo serían otros. Fuentes judiciales deslizaron que ella se quedaría con el cargo de jueza en la Sala Segunda de la misma Cámara. Por ahora, solo otro rumor.