Juan Manuel Urtubey y su círculo de asesores jurídicos, entre quienes se cuenta su hermano Rodolfo, pretenden construir una suerte de “magistratura militante”. El resultado es óptimo en la Procuración General y desparejo en los tribunales, pero el objetivo es avanzar al máximo en lo que quede de la actual gestión. 

El Consejo de la Magistratura se integra hoy por un presidente, el juez de Corte Guillermo Díaz (designado por Urtubey en 2011); un camarista, José Gerardo Ruiz; el procurador Pablo López Viñals (dos veces designado por Urtubey); tres diputados oficialistas (Mellado y Scavuzzo del PJ, y Leavy del Partido de la Victoria); y tres abogados del foro (Petersen, Ríos y Mariño). Desde 2007, Urtubey dejó el vínculo con la Justicia en manos del entonces secretario general de la Gobernación, Ernesto Samson.

Cuando en junio del 2011 se le venció el mandato a la jueza de Corte María Rosa Ayala, el reemplazante fue Guillermo Félix Díaz, pareja de Hebe Alicia Samson, hermana de Ernesto. Dos años después, con el mandato vencido de Gustavo Ferraris, fue el propio Samson el designado para integrar la Corte y Guillermo Díaz, para presidir el Consejo de la Magistratura. Ya López Viñals había logrado imponer a sus colaboradores como fiscales, incluidos los sonados casos de Maximiliano Troyano y Gabriela Buabse, premiados básicamente por su encolumnamiento, en medio de situaciones muy engorrosas. En Ciudad Judicial observan con atención la designación de abogados sin experiencia en la Justicia pero con la bendición oficial, que pasaron por el Consejo sin objeciones, como María de las Mercedes Domecq, jueza de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Sala II. 

Un funcionario del área de Justicia admitió que “existe un acuerdo con López Viñals para que la designación de magistrados identificados con el oficialismo sea automática”. El informante agregó que “la secretaría General de la Gobernación, comandada por Simón Padrós, sigue siendo la mesa chica donde se proponen los nombres de quienes deben pasar el filtro sin problemas hasta integrar la terna, generalmente en tercer lugar, y luego Urtubey lo designa”. Así llegó, entre otros, el extravagante ex secretario de Seguridad, Federico Jovanovics.

El problema de este reparto nepótico del poder judicial obliga a encender las luces: con la cantidad de jueces, fiscales y defensores prontos a jubilarse -son decenas- existe un campo propicio para consolidar una Justicia disciplinada, al menos, mientras Urtubey esté en Grand Bourg. Por ejemplo, la Fiscalía de Cámara Civil, Comercial y Laboral del Centro estuvo vacante más de un año tras la jubilación de Adriana Figueroa. Aseguran que Guillermo Díaz y López Viñals decidieron darle tiempo para que se preparara -mínimamente- el cuñado del secretario Simón Padrós, Ramiro Michel Cullen.

Sin experiencia en la Justicia, compite con funcionarios de carrera, aunque existe el presentimiento de que no le va a ir mal. De igual modo, la esposa de López Viñals, Soledad Fiorillo Saravia, está a punto de dar un “salto de garrocha: de un cargo de secretaria pasaría en forma meteórica a jueza de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala V. Hay más: aseguran en el ámbito tribunalicio que, con la bendición del Grand Bourg, Hebe Alicia Samsom, pareja de Díaz y hermana de Ernesto, está pronta a ser designada como jueza de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala II. En sí mismo, no está mal que varias personas de una familia ocupen cargos en la Justicia. El problema es que el sistema de selección no ofrece garantías de independencia y objetividad. Los exabruptos de López Viñals y sus fiscales y las maniobras de acomodamiento, que abundan, solo ayudan a pensar que en lugar de la ley, acá rige la  trampa.