Frente a las declaraciones del excamarista Jorge Ballestero, funcionarios y miembros del Poder Judicial se expresaron al respecto. “Hubo una asociación de gente preparada para el mal durante el gobierno de Macri”, señaló el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre el tema.

Un “plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país”. Así describió Ballestero, ex miembro de la Cámara Federal porteña, al accionar de las mesas judiciales que se montaron durante el gobierno de Macri para perseguir a opositores. El mismo ex juez fue una de las víctimas, y hoy representa a Alberto Pérez --ex jefe de Gabinete bonaerense de Daniel Scioli-- en su denuncia en la causa de la “Gestapo” macrista.

Frente a las declaraciones que hizo Ballestero a AM750, diferentes funcionarios se expresaron al respecto. Uno de ellos fue el ministro Aníbal Fernández, quien coincidió en la comparación del espionaje ilegal durante la gestión de Juntos por el Cambio con la dictadura, y aseguró que hay que prestar atención a qué “han hecho los funcionarios macristas con el poder”. 

"No han hecho otra cosa que lastimar sólo para su beneficio", dijo Fernández en diálogo con Radio 10, señalando que “hay gente que uno creía que tenía moral, respeto, honor, seriedad y han hecho desastres en todos los casos", detalló y apunto al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad.

En este sentido también señaló a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial número uno del macrismo. "Solo basta ver cómo actuó con el fiscal Gabriel de Vedia para lograr la renuncia de la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó”, comentó, recordando las amenazas que sufrió la funcionaria: “Una cosa de una crueldad y algo impresentable para alguien de bien", completó el titular de la cartera de Seguridad.

También cargó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien “comenzó haciéndose la tonta, mirando para un costado” con respecto a las grabaciones de la reunión entre funcionarios y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Banco Provincia, pero que ya no puede hacerlo porque sucedió en lo que era "parte de su terreno".

El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, sostuvo a su vez que las declaraciones de Ballestero constituyen “otro testimonio relevante que confirma que la 'Gestapo' fue planificada y ejecutada por las máximas autoridades nacionales y provinciales".

Por su parte, la jueza federal y secretaria de Justicia Legítima, Martina Forns, consideró “muy duro y descarnado ver cómo operaban” las mesas judiciales constituidas durante las gestiones encabezadas por Macri y Vidal, con el objetivo de perseguir empresarios y sindicalistas. Aunque también aclaró que “ya lo sabíamos”.

La magistrada, que se presentó como testigo en la causa sobre persecución política a nivel nacional, recordó en diálogo con AM750 que en la investigación ya había contado “no sólo todos los ataques personales recibidos (tras su fallo contrario al aumento de tarifas durante la gestión de Macri), sino también el mecanismo que utilizaban el poder hegemónico y el Poder Judicial, que anticipaban sus resoluciones en la prensa". “Era muy llamativo que la prensa supiera de antemano lo que iba a resolver la Corte”, señaló en este sentido. “O que adelantaran las denuncias que se iban a presentar en el Consejo de la Magistratura”, ejemplificó, apuntando también contra ciertos medios hegemónicos, serviles al macrismo y sus operaciones judiciales.

Forns especificó que "la prensa que se autotitulaba ‘periodismo de guerra’ se dedicaba a manipular, a atacar, a escrachar”. “A mí siempre me escrachaban con Justicia Legítima, como si fuese una asociación ilícita, y no una organización civil con los papeles en regla”, explicó y sostuvo que “lo hacían porque no nos podían encontrar ninguna carpetita". "Ahora entendemos y vemos descarnadamente, y seguimos viendo... porque hay muchas pruebas más, cómo era la manera en que operaban estas tres patas del lawfare", afirmó la jueza.

En la misma línea, la magistrada convocó "a la gente proba del Poder Judicial a que salgan este 1 de febrero a marchar porque es una gran oportunidad de mostrar el funcionamiento de este poder del Estado", en referencia a la protesta organizada por diferentes organizaciones contra la Corte Suprema.

"Vamos a pedir la renuncia de los integrantes de la Corte, y aunque parece fuerte y van a decir que es un intento de golpe de Estado, esta convocatoria tiene que ver con la democratización del Poder Judicial", afirmó Forns. “Esto no es una demostración de fuerzas, es consecuencia del hartazgo y una manifestación de bronca donde se va a pedir el fin del lawfare”, cerró.