La Justicia investiga una defraudación estimada en $500 millones a la obra social de la provincia de Córdoba, la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross). Durante 18 meses se retiraron medicamentos de precios superiores a los $100.000 fraguando la identidad de afiliados o con recetas apócrifas. La fiscalía que investiga la causa, inicialmente a cargo de José Mana, entiende que esos productos terminaban en el mercado negro.

El fiscal Mana se apartó hace una semana del caso por tener enemistad manifiesta con el defensor de uno de los imputados. "Es una causa grande, con un enorme daño patrimonial a Apross. Es una investigación muy grande, que no va a terminar ahora", dijo la secretaria de la fiscalía.

En la causa hubo cinco detenidos, que quedaron en libertad poco después de los arrestos: Guillermo Notararigo, Patricia Barrera, Federico Notararigo, Gonzalo Notararigo y Lautaro Olmedo fueron imputados por estafas y falsedad ideológica. La acusación podría ampliarse a "asociación ilícita". Notararigo fue asesor del bloque de concejales de ADN en la ciudad de Córdoba hasta marzo del año pasado.

Ariel Castro, que era productor del programa ADN (un espacio que tenía el periodista y exconcejal Tomás Méndez), denunció hace más de un año que Notararigo robaba talonarios a Apross, que completaba con sellos de médicos que tenía en su poder. Ante la Justicia también afirmó que tenía contactos con farmacias para revender los medicamentos.

Después de seis meses de investigación, la Justicia logró identificar maniobras de defraudación con medicamentos oncológicos, insulina e insumos antes de que los beneficiarios pudieran retirarlos.

Apross debía abonar dos o tres veces la misma droga, generalmente de alto precio. Desde la fiscalía admiten que uno de los datos que generaron dudas fue que cuatro de cada diez pesos del presupuesto total de la obra social cordobesa se derivaban a medicamentos, cuando en promedio deberían ser entre 1,8 y 2,2 pesos, en función de lo que ocurre en otras entidades similares. El foco de la estafa estaba en los jubilados, que representan alrededor del 30% del total de los 610.000 afiliados que tiene Apross.

La fiscalía trabajó con la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba y con peritos informáticos de la Policía Judicial. En los 16 allanamientos realizados se incautaron documentación, medicamentos, teléfonos celulares, computadoras y recetarios. Durante uno de los procedimientos, una de las personas investigadas dijo a los funcionarios y policías que su hijo tenía coronavirus, por lo que se activó el protocolo y se demoró el procedimiento. Era, en realidad, una maniobra para no ir presa.

Fuentes de la fiscalía sostienen que los detenidos son parte de una cadena "más grande". Fue Apross la que presentó la denuncia, advertida por afiliados que avisaron sobre el retiro por parte de otras personas de los medicamentos que tenían asignados. La obra social llegó a pagar hasta tres veces algunas drogas. La investigación alcanza también a farmacias y médicos que firmaron las recetas. No se descarta la participación en la maniobra de empleados de la obra social.

El camino al mercado negro

Diferentes fuentes del sector farmacéutico y de laboratorios consultadas por LA NACION expusieron miradas contrapuestas en cuanto a la eventual existencia en la Argentina de un mercado negro de medicamentos.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, su titular, Marcelo Peretta, dijo a LA NACION que entre el 10% y el 15% de los medicamentos que se consumen en el país se venden por canales no autorizados; el sistema online es la vía más frecuente, pero no descartó que pudiese haber farmacias involucradas en las maniobras espurias. La Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) tiene prohibida la comercialización de medicamentos en la web. 

Peretta aseguró que "hay laboratorios detrás de todo este movimiento, porque de lo contrario no sería posible, son parte del negocio". Fuentes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) descartaron esa posibilidad y dijeron a LA NACION desconocer la existencia de un mercado paralelo. Admitieron estar al tanto de la causa judicial por la estafa a Apross, pero evitaron dar hipótesis acerca de cómo productos que tienen un sistema de trazabilidad podían ser retirados y revendidos de manera ilegal.

En la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) entienden que en medicamentos trazables es inexplicable que se produzcan fraudes, pero reconocen que hay ventas por fuera de los canales autorizados. La Anmat indicó que el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos debe ser instrumentado por "la totalidad de las personas físicas o jurídicas que intervengan en la cadena de comercialización, distribución y dispensación de especialidades medicinales".