Una de las imputadas que tiene la causa en la que se investiga una presunta defraudación en perjuicio del Estado provincial argumentó que ese dinero lo percibió como incentivo docente.
El trámite se concretó hace unos días en el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación, a cargo de Darío Alejandro Alarcón.
En su primera incursión al Palacio de Tribunales, la mujer se había abstenido de declarar, recordaron quienes están ligados a este caso.
Planteo de nulidad
Paralelamente, la defensa de otro de los imputados, Alberto Navarro, planteó la nulidad de la indagatoria de su cliente.
Según trascendió, el fiscal Julio Vidal habría emitido un dictamen contrario a esa pretensión y ahora deberá pronunciarse al respecto el juez Alarcón.
Así es que los funcionarios judiciales se estarían abocando a resolver la situación de dos imputados, quienes se desempeñaban como liquidadores en el Consejo General de Educación.
Cabe recordar que las autoridades de ese organismo radicaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en las liquidaciones de salarios de algunos maestros y profesores.
Aparentemente, habría cobrado por cargos que en la práctica no ejercían en distintos establecimientos educativos de esta capital y del interior provincial.
Para ello, se habría utilizado la misma cuenta sueldo para que se depositaran los montos mensuales que percibían quienes aparecerían como titulares de diferentes cargos.
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