CARACAS.- La bomba Smarmatic explotó cuando el chavismo creía tener todo bajo control. Su impacto fue tal que el oficialismo retrasó hasta cinco horas la juramentación de los 545 delegados de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para la tarde de ayer en el Poliedro de Caracas.

"Han llegado casi 500 constituyentes. Es la esperanza de la recuperación económica", clamó Nicolás Maduro, en un acto del que fue excluida la prensa no gubernamental. El primer mandatario, que nombró a Jorge Arreaza (yerno de Chávez) como nuevo canciller, repitió la misma versión de las últimas horas: "Yo creo que fueron más de 10 millones y más de 8 millones votaron, los otros dos tuvieron que enfrentarse a las balas y a las barricadas".

Horas antes, Emilio Rondón, único rector no chavista del CNE, había exigido la suspensión del acto de juramentación cuando ni siquiera se habían hecho públicos los resultados de las elecciones.

El chavismo había diseñado para hoy la toma del Palacio Legislativo, donde sesiona la Asamblea, un acto retrasado por orden de Maduro hasta mañana. Una comisión de la Constituyente y la Asamblea Nacional estarían, según el presidente, preparando el acto.

El gobernador Henrique Capriles dijo anoche que los efectivos de la Guardia Nacional, que supuestamente protegen el Parlamento, se habían desplegado en el llamado Salón Elíptico, tomando posiciones para la pretendida fiesta revolucionaria de mañana.

"Llegaremos nuevamente con el pueblo y diremos: aquí está el pueblo de Chávez que no se rinde, el pueblo que se rebeló (...) La justicia le llegará a todos los que atentaron contra este pueblo", adelantó Cilia Flores, primera combatiente revolucionaria llamada a presidir la Asamblea, un puesto que también pretende el radical Cabello, que nace marcada por el escándalo.

Retrasos y dudas durante todo el día confirmaron la profundidad del golpe. El chavismo reaccionó balbuceante, como los boxeadores que han recibido un gancho directo a la mandíbula y comienzan a dar vueltas sin sentido por el ring, esperando el sonido de la campana.

Las explicaciones de Tibisay Lucena, presidenta del CNE, también llegaron tan tardías como carentes de convicción. "Se trata de una opinión sin precedente por parte de una empresa cuyo único rol es el de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en los resultados. Es una aseveración irresponsable, con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el poder electoral", se defendió la jefa electoral del chavismo, que aseguró ser víctima de la conspiración del "imperio".

Iris Varela, ex ministra y elegida delegada de la nueva Asamblea, habló más directa y más clara: "Estamos dispuestos a empuñar un fusil para defender la patria". La ex canciller Delcy Rodríguez, que presidirá la comisión chavista de la verdad para castigar a dirigentes opositores, anunció que "llegaremos al Palacio Legislativo con retratos de Bolívar y Chávez, de donde nunca más saldrán".

Las excusas poco creíbles del oficialismo se fueron mezclando con las críticas de los disidentes, más hirientes que nunca. "Cuando les digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano: ¡fraude!", clamó el general retirado Miguel Rodríguez Torres, quien fuera jefe de inteligencia con Chávez y ministro de la policía con Maduro.

Pero en la Venezuela bolivariana (casi) todo es posible, incluso que colectivos revolucionarios manifestaran su descontento porque uno de sus candidatos no aparecía en las listas. En cambio el principal, Valentín Santana, aparecía como el segundo más votado en Caracas tras Cilia Flores. Poco importa que se mantenga en busca y captura desde hace nueve años acusado de dos homicidios.

La mayor sorpresa en las filas revolucionarias vino desde el exterior. Andrés Izarra, ex ministro de peso en la revolución y ultrachavista, mostró sus dudas ante el resultado y pidió explicaciones públicas.

La incertidumbre se ha instalado de lleno otra vez en Venezuela precisamente cuando las huestes opositoras estaban sumidas en una profunda depresión y tras el baño de sangre provocado por la represión del fin de semana. Hostigamiento que continúa contra dirigentes de la Unidad y contra los magistrados juramentados hace 10 días.

Sobre dos de sus alcaldes, Carlos García (Mérida) y Ramón Muchacho (Chacao), pende la justicia exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que planea encarcelarlos como ya sucediera la semana pasada con Alfredo Ramos (Barquisimeto). En cambio, tres jueces de la Corte paralela de justicia acudieron a la embajada de Chile para pedir asilo, siguiendo los pasos de la magistrada Elenis Rodríguez, respetada defensora de derechos humanos. "Hoy ingresó a la embajada en Caracas la abogada Zuleima del Valle González y está bajo la protección de Chile. Logística copada, pero compromiso incólume", señaló el canciller Heraldo Muñoz.