Madereros, industriales y productores exigen respuestas urgentes

Por primera vez luego del fallo de la Corte, se ponen en movimiento sectores afectados por la prohibición de desmontes

Ayer, en el Centro Cívico del Grand Bourg, se llevó a cabo una reunión entre sectores de la industria, productores forestales y del campo y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, para acordar los caminos a seguir luego de que la Corte de Justicia de la Nación declarara su incompetencia en materia de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, a mediados de diciembre del año pasado.

La decisión judicial había dejado sin efecto la prohibición cautelar que la misma Corte había dictado casi tres años atrás y que había paralizado la expansión de la producción sobre los cuatro departamentos del norte salteño. En el fallo se reconoció que la aplicación de los criterios de protección ambiental es una facultad de la Provincia y dejó para la Corte de Salta las decisiones sobre la continuidad de la causa de amparo interpuesta por grupos originarios y criollos del Chaco salteño a fines de 2008. Junto al secretario de Industria, Comercio y Financiamiento de la Provincia de Salta, Gerardo Márquez; la secretaria de Ambiente, Mirta Terán, y otros funcionarios de la misma cartera, se conformó una mesa multisectorial de la que participaron el Sindicato de Empleados de la Industria Maderera de Salta, representantes industriales de ese sector, como Daniel Briones y Luis M. Belluccini; Javier Cornejo, de la Cámara de Comercio; Guillermo Yakúlika, como vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, y Roberto Cha Usandivaras, de Prograno.

Si bien las reuniones mantenidas entre los industriales madereros y el Gobierno provincial ya se venían produciendo con anterioridad, la de ayer se amplió a otros sectores afectados por la aplicación de las leyes de ordenamiento territorial y de bosques. “Básicamente pedimos claridad normativa para poder comenzar la campaña que debía iniciarse apenas terminadas las lluvias”, señaló el titular del Centro de Obrajeros del Norte, Luis María Belluccini. “El tiempo urge soluciones a los problemas más inmediatos, como es el permiso para trabajar normalmente. Si hay políticas forestales claras por parte del Estado provincial, todos nos vamos a mentalizar en ellas. Pero el tiempo apremia y hay que ir corrigiendo las cosas mientras estamos en movimiento”, especificó Belluccini.

Para el empresario, la de ayer fue “una reunión beneficiosa, ya que dejamos planteados temas fundamentales e incluimos a otros sectores que también se ven afectados”.

Pedidos

Con esta decisión se solicitó la aceleración de los permisos de desmonte, el aprovechamiento de la madera desmontada por la producción del campo, el mejoramiento de la supervisión estatal y el aporte de cada sector involucrado para un mayor beneficio general. Gregorio Salinas, secretario general del Sindicato de la Madera de Orán, ofreció una visión preocupante porque “se están cerrando aserraderos y suspendiendo medias jornadas de trabajo por falta de materia prima”. Fundamental para la vida comercial del norte salteño, la madera incluyó siempre a grandes sectores de esa población. “Tenemos que dejar de lado las desconfianzas mutuas y encarar la mejor forma de trabajar entre privados y el Estado. Sabemos que la zona es también de conflictos, por lo que debemos dar respuestas claras a personas que buscan cualquier forma de sobrevivir”, dijo Yakúlika, del sector industrial.

La Nación no cumple en tiempo y forma con los productores, que decidieron sumarse a los beneficios de la ley de bosques. Muchos están desalentados.

Las trabas burocráticas de la Nación y la Provincia repercuten en la restricción del dominio y la desinversión de los proyectos.

Los madereros solicitan el aprovechamiento de los árboles retirados por la producción del campo.

La Unión Industrial remarca los cuatro años sin evolución en una zona de permanentes conflictos sociales” que exigen resolución.

Las instituciones relacionadas reclamaron que en estos años de prohibición se benefició la extracción ilegal de la madera.

Los supervisores de las carteras relacionadas con el sector no cuentan con oficinas en el norte salteño, lo que produce desfasajes

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