Los manejos turbios dentro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC-ex Registro Nacional de Armas) tienen varios tintes y no solamente se centra en los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, lo que provocó una serie de allanamientos a dicha dependencia, si no hay además, hay algo todavía mucho más oscuro detrás.
La directora de ese organismo, Natalia Gambaro, se vio envuelta en una confusa situación luego de que le encontraran al empresario duhaldista Alfredo Coto (dueño de la cadena de supermercados) un arsenal de armamento un depósito, luego de un inspección realizada por veedores de ANMAC, lo que derivó en una denuncia en su contra por encubrimiento.
La imputación se debe a que, por decisión y orden de Gambaro (de origen denarvaista), se hizo la vista gorda en el operativo. Sin embargo, uno de los trabajadores, ni lerdo ni perezoso, y atento a la extraña situación, tomó algunas fotos del armamento registrado en el depósito de la empresa y se dirigió a realizar una denuncia en forma anónima a la UFI que está a cargo del fiscal Jorge Di Lello.
En esta misma causa por encubrimiento hay un dato que sobresale: roza directamente la figura presidencial ya que, el oscuro procedimiento de la titular del ex RENAR habría sido bajo el consentimiento del propio Mauricio Macri, con intención de proteger a su empresario amigo, en el que además, está envuelto Germán, hijo del dueño de la cadena de supermercados.
Ambos están siendo investigados por esa maniobra irregular en la que en el depósito de Coto ubicado en el barrio porteño de Caballito se encontraron 227 granadas ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas, que pertenecería a Gendarmería.
Actualmente, la causa que involucra a Gambaro y la empresa privada Dienst Consulting, con sede en Bahía Blanca, la lleva adelante la fiscal Paloma Ochoa y que, además, cuenta con la investigación por parte de los jueces federales Sebastián Ramos y Claudio Bonadío, en las que se les imputa los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
Recordemos además que la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados fue denunciada por el empresario Adrián Bastianes, quien a partir de ello sufrió varias intimidaciones y que, a partir de noviembre, asumirá como nuevo presidente de Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (ALUTARA).
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