Por: Joaquín Morales Solá.
Cada tanto, cuando el ruido del conflicto político lo aturde, Mauricio Macri le pega una mirada a un papel que está en su despacho. Es el ensayo de una encuestadora sobre la intención de voto entre él y Cristina Kirchner.
Si hoy hubiera elecciones presidenciales, Macri obtendría el 57 por ciento de los votos, y Cristina, el 30. La misma medición indica que su imagen positiva nacional subió 23 puntos después de las elecciones primarias y que ahora está rondando el 60 por ciento. Es un consuelo cuando la crisis por la desaparición de Santiago Maldonado amenaza con dejarlo sin aliento. El Presidente se ha convertido en un investigador policial. ¿Se están haciendo los análisis para determinar si Matías Santana pudo ver con binoculares el lugar de la ruta 40 donde se produjeron los forcejeos entre la Gendarmería y un grupo de mapuches? ¿Por qué el juez de Esquel, Guido Otranto, no ordenó el allanamiento del "territorio sagrado" mapuche? Pregunta y repregunta. Fatiga los teléfonos de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano.
El Presidente tiene dos prioridades: que Santiago Maldonado aparezca cuanto antes con vida y que ningún dato nuevo desacredite a las fuerzas de seguridad. Las necesita y las necesitará. La certeza más común en su gobierno es que la violencia callejera será una constante de los próximos tiempos. La violencia opositora ocupará el lugar de la retórica opositora. Hay grupos y organizaciones que se mueven en las sombras. Macri quiere cambiar definitivamente el estilo de los Kirchner en el manejo de esas fuerzas. Éstas no pueden estar bajo permanente sospecha, ha dicho. Ni la Gendarmería ni la Policía Federal ni la de la Ciudad. En la primera refriega violenta del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en la Capital, frente al Congreso, los revoltosos quemaron dos motos de la Policía. No hubo ningún detenido. No hubo ninguna denuncia penal. El Gobierno les preguntó a los policías por qué no habían hecho nada. Respuesta: los policías no quieren vérselas luego con los fiscales de Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), una oficina de fiscales que depende de Alejandra Gils Carbó.
Gils Carbó forma parte de ese poder oculto que aguijonea al Gobierno, tal vez en nombre de Cristina Kirchner. Lo cierto es que los fiscales de Gils Carbó intoxican al Juzgado Federal de Esquel con pruebas más malas que buenas. Ellos fueron los que le llevaron al juez Otranto un falso informe de inteligencia de la Policía Federal, que atribuía a la Gendarmería no sólo la desaparición de Maldonado, sino también su asesinato. No fue el legislador Gustavo Vera quien hizo llegar al juzgado ese papel embustero (aunque también Vera lo revoleaba), sino los fiscales de Gils Carbó. Cuando Alberto Nisman murió extrañamente, Gils Carbó se limitó a ofrecerle a la fiscal del caso, Viviana Fein, un respaldo formal. Cuando Lázaro Báez cayó por primera vez en las garras de la justicia federal, Gils Carbó se ocupó, rápida, de enviar un fiscal para cambiarle la carátula a la investigación sobre Báez. El cambio beneficiaba a Báez -cómo no-.
Hay una parte de la política que compite en el visible campo de juego. La coalición oficialista; el peronismo de Massa, Randazzo, Schiaretti, Urtubey, Pichetto o Bossio; los socialistas santafecinos o la alianza que rodea a Martín Lousteau en la Capital son protagonistas limpios de la política. Otra parte de la política, vinculada sobre todo al cristinismo, juega más en la oscuridad que en la sinceridad del espacio público. El cristinismo tiene aliados tácitos en la izquierda más radicalizada. El grupo RAM es uno de ellos. La relación se estableció a través de Quebracho, la violenta organización con larga experiencia en la depredación de la propiedad pública y privada. También Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, un dirigente convertido al hipercristinismo, está muy cerca de RAM, según testimonios fotográficos que existen. Los disturbios violentos en plazas y calles céntricas son la consecuencia obvia de la aparición (o reaparición) de grupos violentos. Cristina Kirchner se ocupa de plantar la desconfianza sobre las fuerzas de seguridad, pero calla sobre la responsabilidad de los violentos.
Otro ejemplo del poder subterráneo. Cristina tiene varios amigos en los gremios aeronáuticos. El más importante es Pablo Biró, jefe del poderoso sindicato de pilotos. Una huelga salvaje afectó el jueves pasado a 20.000 pasajeros. Nadie avisó nada. El paro de hecho se argumentó en una asamblea de varios gremios aeronáuticos para analizar la llegada al país de aerolíneas low cost. Una de esas compañías aéreas, Norwegian, prometió invertir 3000 millones de dólares en la compra de aviones que volaran en o desde la Argentina. Raro: esos gremios tendrán más afiliados por la instalación de nuevas empresas, pero, sin embargo, las combaten. ¿Combaten a las low cost o están haciendo una campaña implícita en contra de Macri y a favor de Cristina? Uno de los rasgos del poder oculto (u oscuro) es que nunca se sabe de dónde salen las cosas ni qué busca en realidad.
La mejor noticia que podría suceder es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero lo cierto es que no aparece. Macri no está dispuesto a prejuzgar sobre las fuerzas de seguridad hasta que no aparezca una prueba que las comprometa, aunque no descarta ninguna teoría. El testimonio de Matías Santana, quien dice haber visto con binoculares el momento en que la Gendarmería se llevó a Maldonado, está bastante cuestionado por la Justicia de Esquel. Tampoco le soltará la mano a su ministra de Seguridad. Sin novedades que cuestionen directamente su gestión, un desplazamiento de Bullrich sólo mostraría a un presidente débil cuando no lo es. Sería el triunfo definitivo del perdidoso cristinismo sobre el presidente que ganó las última elecciones primarias nacionales. Para Macri, Bullrich tiene dos virtudes indispensables para ejercer ese cargo: es una trabajadora incansable e incorruptible, que le ha dado buenos resultados en el combate contra el narcotráfico y en la disciplina del espacio público. Si éste es, desde ya, un espacio bajo jurisdicción federal.
Los actos del poder subterráneo le han servido a Macri para establecer en qué poco tiempo puede evaporarse un triunfo político. Menos de un mes después de las elecciones primarias, ni el resultado de los comicios ni los buenos datos de la economía (ésta creciendo a un ritmo del 4 por ciento anual, aunque el promedio del año podría estar cerca del 3) son temas de discusión pública. El cristinismo sólo habla de la inverosímil responsabilidad personal de Macri en la desaparición de Maldonado o de la renuncia de Patricia Bullrich, más por odio a Macri que por odio a la ministra.
La lección le sirvió al Presidente para planificar qué hará después de las elecciones de octubre, sobre todo si se cumplen los vaticinios de todas las encuestadoras serias: Macri ampliará su triunfo nacional y derrotará a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Llamará a sesiones extraordinarias del Congreso para ponerlo a trabajar durante el verano en la reforma tributaria, en la laboral, en la judicial y en la electoral. También, para que apruebe el presupuesto en tiempo y forma; es decir, antes del 31 de diciembre. No quiere esperar hasta marzo frente a un adversario, el cristinismo, experto en diluir triunfos ajenos. Cuando mira más allá del horizonte cercano, a Macri le sirve ese papel que revolotea en su oficina, el que le dice que son pocos los resultados del poder oculto y el que le asegura que su voto le sigue siendo fiel.
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