Mauricio Macri defendió a su exoperador Fabián “Pepín” Rodríguez, quien se encuentra en prófugo de la Justicia argentina en Uruguay hace más de 1.050 días, luego de que esta semana la Corte Suprema de Justicia del país vecino desestimara un último recurso interpuesto por su defensa para evitar ser extraditado a Buenos Aires, donde es investigado por en una causa por extorsión y la persecución a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.

“No seguí el proceso judicial de Pepín”, se atajó Macri en una primera instancia, aunque luego defendió el accionar su exoperador judicial, que según investiga la jueza federal María Servini es el presunto responsable de la persecución, hostigamiento y ahogo financiero a las empresas del Grupo Indalo. “Cristóbal López y De Sousa tuvieron un plan, no fueron perseguidos por mi gobierno”, aseguró el expresidente.

De todos modos, Macri advirtió que Rodríguez Simón tendrá que volver al país y “explicar todas las causas”. “Imagino que tendrá que volver y sentarse en la Justicia y explicar. El tema de fondo es increíble, acá no creo que nadie haya sido perseguido por mi gobierno”, insistió el expresidente, a pesar de que esta semana la Justicia ratificó la absolución a los empresarios De Sousa y López. Además defendió el accionar de la AFIP durante su gestión, de donde surgieron las acusaciones y persecución a los empresarios dueños de OIL Combustibles y el canal C5N.

Esta semana la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las absoluciones de los empresarios López y De Sousa en la causa en la que habían sido investigados por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles. 

En el mismo fallo, los jueces de la Sala I de Casación ordenaron al tribunal que llevó adelante el juicio oral recalcular la pena de 4 años y ocho meses de prisión que había sido impuesta a Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pepín Rodríguez Simón, el prófugo macrista de lujo

La causa por la que Pepín Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la Justicia desde hace 1.058 días investiga la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habría importado casos de corrupción”.

Esta semana, el exoperador judicial agotó recursos para evitar ser extraditado a la Argentina, luego de que la Corte Suprema de Justicia uruguaya le rechazara un nuevo recurso interpuesto por su defensa. Ahora, se debe resolver si se avanza con el proceso de extradición, en una causa a cargo del juez en lo penal Especializado en Crimen Organizado del país vecino, Fernando Islas Preyones.

Según la presentación de Rodríguez Simón, había nuevos hechos que justificaban la solicitud de “refugiado político”, una condición que ya le fue rechazada en otras ocasiones. Para la Corte vecina, “los mismos no son más que una reiteración de la ya alegada persecución en su contra”. “Que previva la 'persecución' – señala el fallo – no modifica en forma alguna el supuesto de hecho ya hecho valer ante los tribunales”.

Quién es Pepín Rodríguez Simón

Rodríguez Simón fue durante años una pieza clave en la arquitectura judicial del macrismo y se encuentra prófugo desde el 8 de diciembre de 2020, incluso a pesar de que recibe asiduamente las visitas de su familia y amigos, tal como reveló Página/12 casi un año atrás, cuando cumplió dos años prófugo.

Fue uno de los directores de YPF durante la gestión de Macri y tuvo un rol fundamental en la defensa del Grupo Clarín en la disputa por la Ley de Medios.

En la causa donde está imputado se investigan acciones de hostigamiento y ahogo financiero dirigidas al Grupo Indalo desde 2015. Esas presiones fueron denunciadas por sus dueños, quienes fueron encarcelados precisamente durante el gobierno de Macri.

"Pepín" está señalado como quien les anunció, en medio de un reclamo sobre el negocio del juego, que si no cedían ante las presiones, "la guerra del gobierno" contra ellos "había comenzado".

Se investigan también, la quita de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, la exigencia para transferir empresas a otro grupo empresario, y disposiciones de la AFIP tendientes a causar un perjuicio al grupo, como la prohibición para Oil Combustibles de acogerse a una moratoria.