En la salvaje represión frente al Hospital Borda, el fotógrafo de Clarín José "Pepe" Mateos recibió un balazo de goma en la mandíbula, luego fue atrapado, esposado y, finalmente, llevado detenido por efectivos de la Policía Metropolitana. Es la primera vez que un reportero gráfico sufre un ataque semejante, simplemente por hacer su trabajo, en 30 años de democracia. Ni siquiera en la Masacre del Puente Pueyrredón, de 2002, en la que fueron asesinados los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la Policía Bonaerense, las fuerzas represivas se atrevieron a esposar y detener a un trabajador de prensa, en ejercicio de su actividad. Precisamente aquel día, fue "Pepe" Mateos, haciendo un formidable trabajo en el hall de la Estación Avellaneda del Roca, quien capturó las imágenes dramáticas que permitieron conocer la verdad y desbaratar el relato oficial duhaldista, que primero atribuyó esas muertes al devenir azaroso de un choque entre manifestantes sumamente violentos y prolijos agentes de seguridad que pretendían imponer orden en el caos desatados por culpa de los piqueteros. A Eduardo Duhalde –según interpretó hace pocos días el presidente del tribunal que entendió en el crimen de Mariano Ferreyra y condenó a la patota de la Unión Ferroviaria–, esos homicidios, los de Kosteki y Santillán, le costaron la salida anticipada de la Casa Rosada. Fue el comienzo de su declinación política: Duhalde nunca pudo regresar de aquella mentira, ni de aquellos crímenes, que Mateos con su cámara ayudó a no dejar impunes.

Hay que hacer memoria. Regresar al contexto de época. Tras el estallido de 2001, los movimientos sociales reclamaban fuertemente por la realidad lacerante que se vivía en sus territorios, con fábricas cerradas, ollas populares y merenderos de emergencia para contener a los pibes que se desmayaban por hambre. Un tendal de pobres y desocupados inundaban el paisaje social luego de la debacle del modelo neoliberal. La protesta popular se extendía a lo largo y a lo ancho del país. La SIDE de Duhalde, encabezada por Carlos Soria –increíblemente asesinado por su propia esposa una década más tarde–, comenzó a instalar la idea de que los grupos piqueteros formaban una protoguerrilla que iba por el poder, a través de la lucha armada, con apoyo de las FARC colombianas. Y lo hicieron con el aval propagandístico de los medios hegemónicos. Hoy parece todo un despropósito, una invención, un absurdo del autor de estas líneas, pero conviene ir a los archivos para descubrir que este delirio monumental era materia de opinión editorial cotidiana en los diarios Clarín, La Nación y la radio del Grupo Hadad. A la demonización mediática, siguió una pertinaz campaña de acción psicológica que preparó el matadero argumental y físico de los militantes Kosteki y Santillán, dos supuestos guerrilleros del Conurbano profundo que entrenaban a los chiquilines de las barriadas en el combate cuerpo a cuerpo entre el pan duro y el mate cocido hirviendo. De no haber sido por la labor del fotógrafo Mateos, las muertes de Kosteki y Santillán hubieran sido culpa de "la crisis" –como tituló Clarín– o de los planes de insurgencia lisérgicos que las usinas del poder agitaban. Pero allí estaban las fotos que permitieron conocer lo que realmente había ocurrido. La escalada violenta contra la protesta social que Duhalde impulsaba para restablecer un orden roto por la propia rapiña de los grupos económicos y no por la desesperada hambruna de la muchedumbre, llegó a su límite.

Las vueltas de la historia volvieron a poner a "Pepe" Mateos en el centro de otra escena igual de violenta, casi once años después. La protagonista, esta vez, no fue la Bonaerense de Duhalde sino la Metropolitana de Macri. Cuando el reportero estaba tomando la imagen de la demolición del Borda, le tiraron posta de goma a la cara primero, y luego varios policías le impidieron hacer su trabajo, lo tumbaron y lo esposaron. Esa foto, la de la demolición, no debía existir. La cámara Nikon se le incrustaba en las costillas, mientras una rodilla policial lo mantenía en tierra inmovilizado. "No recuerdo una represión así", le dijo el hombre que retrató a los matadores del Puente Puyerredón al autor de estas líneas. Sobre el episodio, Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad macrista, el hombre que después de varios rodeos aceptó haber dado la orden de atacar con violencia inusitada a los manifestantes del viernes, afirmó: "Estaba golpeado. Fue un incidente. Él mismo le pidió disculpas a los policías." Lo dijo en la conferencia de prensa más vergonzosa que el oficialismo porteño haya dado en estos años. ¿Disculpas? Eso no existió ¿Golpeado? Sí, por una posta policial. Pero minutos antes de la mentira de Montenegro, Mateos había dado una entrevista a Radio Nacional, contando los hechos tal como fueron: "Me detuvieron y me esposaron para que no haga la foto de la demolición." Fueron los mismos policías que intentaron cortar los cables del móvil de CN23, atacaron al cronista de C5N y gasearon y balearon a todos los trabajadores de prensa que intentaban registrar lo que sucedía en Barracas.

Y lo que sucedía en Barracas, precisamente, no era "un choque entre policías y manifestantes", como reflejaba TN en sus zócalos. Era una represión policial salvaje, ordenada por la cúpula política del oficialismo porteño, que provocó ocho heridos, casi 50 detenidos y cinco horas de debate al interior del partido autonomista porteño PRO para afinar una estrategia de comunicación que justificara sus propios excesos ante la opinión pública.

Mauricio Macri culpó "a grupos violentos" por lo sucedido. No se refería a su policía desmadrada: sino a un gremio como ATE, a legisladores de media docena de partidos, médicos, enfermeros, internos del hospital y vecinos que se manifestaban en contra de la demolición de un taller de reinserción laboral emprendida por el gobierno municipal entre gallos y medianoche. Como si fuera un Ravi Shankar de consumo infantil, Macri se esforzó en presentar a la Metropolitana como un cuerpo de boy scouts y a sus funcionarios como monaguillos penitentes acosados por hordas barbáricas. Usó la conferencia de prensa para insistir, una y otra vez, con la idea de un jefe de gobierno que pretende gestionar y es atacado por bandas de irracionales, sin mencionar siquiera la palabra represión. Se ve que Jaime Durán Barba lo tiene bien adoctrinado. En el diccionario cínico del macrismo, una acción como la que llevó a cabo su policía –cuestionada desde su fundación– es apenas la inocente defensa de un predio deshabitado contaminado de asbesto, lo que representa un riesgo grave a la salud, que justificaría todo, absolutamente todo lo grave que pasó. Es decir: para defender la presunta salud futura de los vecinos y un supuesto terreno casi baldío, más de 200 policías con cascos, escudos, armas largas y cortas y gas pimienta en cantidades industriales que produjeron un zafarrancho en un hospital, donde se violó la seguridad física de los manifestantes, de los internos y de los profesionales, son secuelas gravísimas. No hay relación entre una cosa y la otra. No se puede provocar un daño mayor tratando de impedir uno menor. Y, mucho menos, hacerlo sin la orden de un juez competente. Sus funcionarios dijeron que no había orden de desalojo porque, al tratarse de un predio solitario, no había desalojo que concretar. Y, entonces, la represión, ¿quién la ordenó? Según confesó Montenegro, después de dar varias vueltas ante los periodistas que preguntaban, fue él. Pero en todo momento, se refirió a la represión como la respuesta "según protocolo para restablecer el orden" ante un ataque con piedras de "los violentos". Su versión es sospechosa. La policía que rodeaba el hospital no era de custodia. Era su cuerpo de élite represivo completo. Desde las 4 de la madrugada, más de 30 vehículos de la Metropolitana aguardaban en cercanías de la cancha de Huracán para intervenir. La noche previa, las Asambleas en defensa del Espacio Público habían realizado más de 25 cortes en distintos puntos de la CABA, con cacerolazos incluidos. ¿Se puede descartar que el macrismo haya aplicado en el Borda una represión aleccionadora para desalentar la expansión de futuras protestas de "los violentos", es decir, de aquellos que no están de acuerdo con sus políticas de gobierno y lo expresan de modo airado? Eso es lo que la Justicia o la Legislatura o, ambas a la vez, deberían investigar.

Cientos de miles de personas, muchas de ellas votantes del PRO, se manifestaron por las calles de la Capital Federal el 18A sin intervención de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno nacional. Una multitud de antikirchneristas se paseó por la ciudad ejerciendo su derecho al pataleo en absoluta libertad, sin que nadie amenazara su integridad física. Por el contrario, como en los sucesos del Borda, los que recibieron golpes y aprietes fueron los trabajadores de prensa a manos de ciertos manifestantes. Se sabe que la Casa Rosada baja una línea antirrepresiva, que hace de la tolerancia a la protesta y de la escasa injerencia policial en los asuntos callejeros, una política de Estado, enseñanza dolorosamente aprendida desde los tiempos de Kosteki y Santillán. También que el macrismo reivindica peligrosamente el discurso del orden a cualquier precio: los hechos del Borda lo confirman. Y que los diarios tradicionales lo acompañan: La Nación de ayer habló de "brutal enfrentamiento" y Clarín de "graves incidentes". En ambos casos, como Macri, evitaron el uso de la palabra represión.

No sería casual, más bien parece un eslabonamiento histórico derivado de la coincidencia ideológica, que la policía macrista haya detenido y esposado al fotógrafo que desnudó la Masacre del Puente Pueyrredón. El viejo caudillo de Lomas de Zamora apuntaba a "los piqueteros", como ahora lo hace Macri contra "los violentos". Un sujeto hostil imaginario, portador de malignos propósitos, justifica la versión animalizada del mundo que los que se pretenden partidarios del orden a cualquier precio vienen a combatir y disciplinar con la alegría del meter bala.

La contenida retórica de Mauricio Macri en la conferencia de prensa del viernes, lejos de aventar el temor a su radicalización represiva, configura la única certeza después de las escenas desgraciadas que el país observó consternado: la derecha con piel de cordero que pide diálogo y paz cuando es opositora, es la misma que se convierte en lobo cuando gobierna. -

El golpe económico

El radical Ernesto Sanz ya dijo en su momento que la plata de la AUH se iba por la canaleta del vicio y de la droga. Ahora, confiesa que la economía debe empeorar para que la oposición tenga mejores chances en octubre. No importaría el bien común, según su criterio: sólo que al gobierno le vaya mal con los números, para ver si la sociedad rompe de una vez por todas con el conjuro kirchnerista.

Lo de Sanz es comparable al desliz revelador del sincericida Luis Barrionuevo, cuando dijo que había que dejar de robar durante dos años para sacar el país adelante. La frase del senador dejó al desnudo la estrategia del antikirchnerismo para acorralar al gobierno. Supone Sanz –y con él buena parte de la oposición– que el romance electoral del oficialismo con las mayorías electorales se debe pura y exclusivamente a la bonanza económica. Pero reducir la potencia política del kirchnerismo solamente a su éxito en las cuentas es mirar la realidad con un solo ojo. Y siempre es aconsejable, usar los dos: una sociedad que transita turbulencias en medio de una crisis internacional de envergadura quizá no quiera debilitar la fuerza parlamentaria del gobierno. En la crisis, se sabe, los pilotos de tormenta son los más cotizados. Al kirchnerismo, de todos modos, la boutade de Sanz podría servirle para no bajar la guardia. El dólar ilegal a 9 o 10 pesos hoy es una operación psicológica que impacta en un mercado reducido, pero si se mantiene a lo largo de los meses, podría complicar el escenario general de precios.

El poder empresario concentrado trabaja fuertemente para que haya una devaluación. El sector financiero pretende que el país vuelva a endeudarse en el mercado internacional. Como se ve, varios cooperan con Sanz.