El Gobierno de Mauricio Macri cuestionó la Ley de la Madera de Entre Ríos, Nº 9759, aprobada en 2007, y que prohíbe la venta desde la provincia de rollizos destinados a la ex Botnia o a cualquier otra pastera que se instale en Uruguay. 

INFORME DIGITAL encontró que en el extenso informe “El Estado del Estado” que publicó el gobierno la semana pasada, en la página 99, se sostiene que el sector forestal “se vio comprometido por el caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes” y se califica a la ley de la Madera como un legado del kirchnerismo que habría afectado notablemente al sector. 

Dice el polémico párrafo: “El sector forestal, por su parte, se vio comprometido por el manejo del caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes. En Entre Ríos, provincia con fuerte vocación forestal, dejó de plantarse. Desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnersmo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puerto entrerrianos”. 

Y se agrega que “los esfuerzos de los productores argentinos para apoyar la actividad forestal generaron una importante producción de madera pero una muy baja industrialización posterior. En diciembre de 2015 se seguía perdiendo crecimiento y madera en los montes por no haber estado liderando el proceso de instalación y trabajo con las industrias. En este marco, las inversiones fueron durante años a los países vecinos. En el momento del cambio de gobierno cerca del 40% del crecimiento de los montes de la provincia de Corrientes no se aprovechaba adecuadamente”. 

¿Cómo nació la Ley de la Madera? 

En rigor, y contrariamente a lo que afirma el informe del Gobierno nacional, la Ley de la Madera nació en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y contó con el apoyo del Concejo Deliberante local en el año 2007. Luego, el entonces diputado radical (hoy del GEN) Osvaldo Fernández presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de madera a las pasteras. 

La iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores oficialistas de ese entonces y de Jorge Busti, que llegaba al final de su gobierno. A diez días de las elecciones a gobernador de 2007, la Legislatura entrerriana sancionó -el 8 de marzo- la ley que impide a los forestadores de la provincia vender trozos de madera (rollizos o chips) a las pasteras instaladas en Uruguay (la finlandesa Botnia y la española ENCE). 

Paradojicamente, nueve años después, el autor del proyecto de ley asumió como Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

El texto aún vigente establece que “la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial”.

En uno de sus artículos se dispuso que las empresas que incumplan con la ley serán pasibles de decomisos, clausuras temporales o definitivas y multas de hasta 50.000 litros de nafta súper.