Mauricio Macri tiene una cita para esta semana. El jueves al mediodía, el juez federal Martín Bava lo espera en Dolores para indagarlo por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en pleno ejercicio en noviembre de 2017. Macri, que ya pegó el faltazo en dos oportunidades, dice que la tercera será la vencida y que esta vez se presentará ante el magistrado que investiga uno de los escándalos de su gestión. Sin embargo, aunque éste es el primer expediente que lo llevará a responder como imputado, hay otros que preocupan al exmandatario. Desde que dejó el poder, el líder del PRO ha ido acumulando denuncias por espionaje, presiones a jueces u hostigamiento a empresarios mediáticos opositores, que se suman a las causas más antiguas vinculadas a los negocios familiares como la de la deuda del Correo.

Cuando Bava lo llamó a indagatoria, Macri estaba en Miami presentando el libro, Primer Tiempo, que publicó en marzo de este año. Esa publicación, a tan solo siete meses, ya quedó vieja. Ahí decía el expresidente: “Nuestro objetivo era mostrar que éramos distintos al kirchnerismo. Que, en lugar de presionar a los jueces para que no investiguen, hacía todo lo contrario: me presentaba, colaboraba, entregaba información, no criticaba en público al fiscal ni a los jueces”. Con lo hecho hasta el momento con la causa del ARA San Juan borró con el codo lo que escribió --o lo que sus asesores escribieron--: buscó reactivar una denuncia contra el juez en el Consejo de la Magistratura, no se presentó, no colaboró, no entregó información y criticó en público al magistrado que busca saber si él dio las órdenes para que siguieran, fotografiaran e infiltraran a los familiares de los submarinistas.

Aunque la recusación que presentó contra Bava aún sigue en la Cámara Federal de Mar del Plata, Macri anunció que se presentará. ¿Qué cambió? Probablemente la presión de sus compañeros de Juntos por el Cambio a quienes se les hace cuesta arriba hacer campaña con el principal dirigente de un espacio denominado republicano esquivando a la Justicia. Macri conversa su estrategia jurídica con sus abogados, Pablo Lanusse y Jimena Pisoni, pero también con su exministro de Justicia, Germán Garavano, y con Alejandro Pérez Chada, el letrado que le legó a su amigo Gustavo Arribas para que lo defienda en Dolores.

Lanusse representa a Macri en otras de las causas penales, como la del tráfico de armas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales o la de las presiones a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. La investigación por el contrabando agravado a Bolivia se inició a partir del hallazgo de una nota en la que el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana agradecía el envío de 40.000 balas antitumulto, granadas y gases. Tras una investigación interna, se confirmó que habían salido, en realidad, 70.000 balas de goma y que el resto del cargamento había sido entregado a la policía boliviana. Por esos hechos, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al excanciller Jorge Faurie, entre otros. El juez de la causa, Alejandro Catania, espera el envío de documentación desde La Paz para avanzar. No hay una actividad rimbombante pero se sigue reuniendo prueba. Macri allí también buscó frenar las declaraciones administrativas de los gendarmes que son quienes podían explicar cómo fue el circuito de las balas.

La causa que lleva su nombre es la de las presiones a los dueños del Grupo Indalo, que incluyó la cárcel y la vigilancia mientras estaban presos. En ese expediente, Macri buscó frenar sin éxito el análisis de las comunicaciones que mostrarían cómo se articuló entre operadores el asedio sobre los empresarios que manejan C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero, entre otros medios. En esa causa, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el poderoso asesor judicial de Macri, está en rebeldía y con pedido de captura internacional por resolución de la jueza María Servini. Días atrás, el camarista Gustavo Hornos se quiso apartar de intervenir por razones de decoro cuando llegó un recurso a la Cámara Federal de Casación, pero sus colegas Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi se lo impidieron.

Hornos y Mariano Borinsky son los dos jueces que con frecuencia se reunían con Macri durante su presidencia, mientras entendían en causas que le interesaban al entonces presidente y que tenían como imputada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La revelación de esas reuniones --inicialmente por una denuncia de Martín Soria y luego por una investigación del portal El Destape-- dio lugar a una denuncia, que tramitan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano. El objeto de la pesquisa es determinar si los encuentros sirvieron para que Macri ejerciera una influencia indebida sobre los dos camaristas.

La causa sobre las visitas de Hornos y Borinsky se desprendió de otro expediente que lo tiene a Macri imputado: el de la mesa judicial, donde se investigan las presiones sobre jueces, juezas y fiscales durante su gobierno. En ese expediente, Macri no se presentó ni designó abogado, pero hay información de los encuentros que se realizaban en la Casa Rosada y en los que no solo participaban los asesores legales del entonces presidente sino también su amigo que manejaba la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Arribas. Recientemente se incorporaron a la investigación las presiones al juez Alejo Ramos Padilla y al excamarista Eduardo Freiler.

Macri está denunciado en todas las presentaciones que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por espionaje durante su gobierno, no solo en la de la vigilancia ilegal sobre los familiares. En paralelo a la causa de espionaje, en noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investigara la responsabilidad de Macri y de Aguad en el hundimiento del submarino.

Aguad fue indagado por el juez Ariel Lijo por el acuerdo perjudicial entre el Estado nacional --representado por el gobierno de Macri-- y el Correo, la empresa familiar, que fue denunciado por la fiscala Gabriela Boquin. Lijo debería decidir si procesa a Aguad y compañía y avanza hacia Macri. La causa por la quiebra del Correo está en la Corte Suprema, donde probablemente pase un buen tiempo.

En los tribunales de Comodoro Py hay otras causas que muestran la dinámica de Macri a los dos lados del mostrador, como la de los Peajes --donde la Cámara Federal porteña confirmó el mes pasado la falta de mérito para Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías-- y la de Parques Eólicos. En junio pasado, el fiscal Ramiro González también imputó a Macri por haber ocultado parte de su patrimonio después de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA).