Alejandro Rebossio

Un consultor político había viajado al interior este año a asesorar a un candidato y de repente se encontró con que le pagaban $ 1 millón en efectivo, en 1.000 billetes de $ 1.000. Lamentó no tener la posibilidad de volverse en micro. Ya tenía pasaje de avión de regreso. Todavía hacía calor y se puso una bermuda. Entre los varios bolsillos metió 800.000. Arriba se calzó un pantalón largo y puso en cada bolsillo los 200.000 restantes. Temía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo palpara y le preguntara por el origen del dinero. Pasó el detector de metales y el agente le soltó desde lejos: “¿Qué lleva en el bolsillo?”. Los bultos en su pantalón largo eran indisimulables. Al menos los de la bermuda pasaban por piernas robustas. “Plata”, respondió el consultor y lo dejaron pasar. No es extraño que vean pasajeros con fajos de billetes cuando el de mayor circulación, el de $ 1.000, equivale a menos de US$ 2, ahora que el blue saltó a $ 512 por la habitual incertidumbre preelectoral sumada a la indefinición con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Otro encuestador lleva este año cobrado el 60% de sus ingresos en negro, la mayoría en pesos, en billetes de $ 1.000, muchos salidos recién del banco, incluso aportados por un banquero a la campaña electoral de un postulante. Sólo una parte de ese 60% se abona en dólares. “Perdoná, pero no pudimos ir a la cueva a cambiarlos, ¿te podemos pagar en dólares?”, le preguntó un político que, como es usual, recibió el aporte empresario en divisas (en general, en verdes; a veces, en euros). “Dale nomás, pero que sean cara grande”, respondió el consultor, sabedor de que los cambistas informales pagan menos por los cara chica por ser más fáciles de falsificar, pese a que EE.UU. los admite igual.

El encuestador factura el 40% restante de sus sondeos en blanco, pero no siempre lo abona el Gobierno nacional, provincial o municipal -que los encargan para evaluar sus gestiones, no candidaturas, pero les sirven igual para su estrategia- ni tampoco se pagan sólo con los aportes legales de campaña o los ilegales de fundaciones o asociaciones civiles -el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que preside Patricia Bullrich, acaba de ser intervenido por la Inspección General de Justicia (IGJ) porque supuestamente financió proselitismo-. A veces les cobran a empresas cuyos dueños o directivos son contribuyentes ocultos del candidato en cuestión. Eso incluye desde pymes locales que respaldan a un aspirante a intendente hasta multinacionales que apuestan a un eventual presidente. “Bancame unos días que tengo que pedir plata, se nos cortó un poco el chorro”, le suelta un político al encuestador.

Ya se sabe. La gran mayoría del dinero para financiar una campaña en la Argentina no llega por la vía legal, desde el dinero estatal a los partidos hasta los que figuran como aportantes en blanco. Lo grueso llega en bolsos o cajas, en efectivo, sin declarar o a través de pagos que hacen los empresarios a los proveedores de los candidatos. No sólo hay que abonar a los publicitarios que arman los anuncios gratuitos para televisión y radio. Hay que juntar para los avisos en redes sociales, los de vía pública, incluidos los afiches que algún enemigo de Bullrich le hizo endilgándole un pasado montonero, la folletería, los punteros que movilizarán a los votantes el 13 de agosto y las siguientes elecciones que vendrán o los fiscales para esos días.

Mauricio, el recaudador

Los empresarios reciben pedidos de ayuda de diversos aspirantes. Uno de los que manguea es Mauricio Macri, que apuesta por la única mujer (Bullrich) entre los cuatro favoritos (los otros son Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Sergio Massa). El expresidente se ha convertido en el principal estratega y recaudador de Bullrich. Pero su rol no termina ahí: les advierte a los hombres de negocios que no le pongan fondos a su rival interno del PRO, Larreta.

Macri ya había hecho lo mismo a su favor y en contra de Sergio Massa en 2015. En este caso no es que lo persiga un ánimo de equilibrar la cancha entre una candidata sin Gobierno y otro que cuenta con la estructura de la ciudad que gestiona. Lo mueve el rencor contra quien considera que lo traicionó. Y les promete a los larretistas que el problema no es con ellos y serán bien recibidos en un eventual gobierno de Bullrich.

Atrás quedaron los tiempos de la campaña 2015 cuando Macri y Larreta actuaban en tándem para recaudar, uno para ser presidente y otro jefe gobierno porteño. “Juntábamos tantos bolsos en un departamento que yo tenía miedo que nos los roben”, cuenta un hombre de extrema confianza de uno ellos dos.

El expresidente comenzó la colecta en el Mundial de Qatar, adonde viajaron los más poderosos empresarios argentinos, y así le ha ido solucionando este año a la exministra suya y de Fernando de la Rúa el faltante de caja estatal publicitaria con la que sí cuentan la dupla Larreta-Gerardo Morales, Massa o Axel Kicillof. Cuando regresó, Macri recibió en su casa del country Cumelén, en Villa La Angostura, al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Desde entonces no ha descansado en su rol de “fundraiser”. Les cuenta a sus excolegas del mundo de los negocios que no hay encuesta que dé a Bullrich perdedora en las primarias y les recomienda apostar a ganador. Así convenció a empresarios de la economía del conocimiento. Algunos aportantes giran dinero oculto en el exterior sin dejar huellas en el ámbito local; mandan a los valijeros de los candidatos a buscar el efectivo a las cuevas, que trabajan con sociedades offshore.

El Jefe de Gobierno tiene un presupuesto de publicidad enorme, que equivalía en 2021 al 0,65% del total de sus gastos, cuando el de Kicillof suponía al mismo tiempo al 0,2%, según una investigación de Chequeado. Por eso, la contribución empresarial resulta clave para una campaña presidencial, aunque se cuente con fondos estatales, aclaran quienes disponen de ellos. Por eso, a Larreta le hace mella el boicoteo de Macri.

La opacidad del dinero

Además, reina la opacidad sobre ese dinero. La Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) le había pedido detalle de lo invertido en redes sociales entre 2018 y 2021 a los gobiernos nacional y porteño, pero el de Larreta entregó información insuficiente. La ACIJ ha recurrido entonces a la Justicia y ya ha conseguido un fallo de Cámara a su favor en reclamo de los nombres de los proveedores publicitarios (no siempre son las mismas empresas de redes), el total de la publicidad contratada, la indicación de si corresponde a canje, la provincia en la que están radicados, una descripción sobre quiénes son y la campaña a la cual correspondió cada anuncio.

Mientras la ciudad de Buenos Aires gasta en publicidad, sigue sin resolver el conflicto con los docentes, que esta semana cumplieron su duodécimo día de paro en el año. Peor están Santa Cruz, con 55 días sin clase, Salta, con 36, La Rioja y Misiones, con 29, Neuquén y Río Negro, con 26, Chubut, con 25, Tucumán, con 24, San Juan, con 19, la provincia de Buenos Aires, con 18, Tierra del Fuego, con 15, y Jujuy, con 14, según relevó la Coalición por la Educación. La incapacidad de los gobiernos para resolver estas disputas perjudican el presente y el futuro de los estudiantes. En la Capital, la Asociación de Docentes (Ademys) advierte que “deben trabajar dos o tres turnos diarios en aulas superpobladas y abordando problemáticas de pobreza, salud mental y violencia social, con cuestiones edilicias no resueltas y recortes en la formación”, resume su secretario de prensa, Federico Puy.

Massa cuenta con la caja estatal, incluida la de empresas públicas como AySA, que gestiona su esposa y aspirante a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, y hará campaña con los actos de gobierno, como la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner o los créditos a los jubilados esta semana, pero lo puede hacer legalmente hasta el próximo martes. A partir del miércoles, ni él, ni Larreta ningún otro gobernante podrán echar mano a la gestión. Igual, el ministro de Economía cuenta con buena llegada a empresarios, desde Jorge Brito hasta José Luis Manzano y Daniel Vila.

Donde Massa está encontrando dificultades es en conseguir plata del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pragmático pese a su especial afinidad con Estados Unidos, logró lo que nadie había conseguido desde que está el swap (canje de monedas) con China hace 14 años al usar los yuanes para el comercio exterior y para pagarle al organismo. Pero no pudo convencer al FMI ni a su principal accionista, el gobierno de Joe Biden, que le giren dinero extra para reforzar las reservas ante una sequía inédita en décadas. En el Fondo sólo aceptarían otorgar ayudas adicionales a cambio de condiciones nuevas de ajuste fiscal y devaluación. Si el ministro candidato no está dispuesto, como es lógico, a adoptar estas medidas impopulares en plena campaña electoral, entonces deberá conformarse, en el mejor de los casos, a llegar a un acuerdo por el que se mantendrá la meta original del programa de bajar el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) al 1,9% del PBI, lo que de por sí está implicando un fuerte recorte del gasto, en especial en jubilaciones, partidas sociales y subsidios energéticos, para compensar la menor recaudación del campo. Pero además debería imponer un ajustazo a partir del 19 de noviembre, día de la segunda vuelta electoral. A cambio, el FMI giraría los fondos para que la Argentina repague la deuda récord que dejó Cambiemos y aceptaría evaluar el cumplimiento de las metas dentro de seis meses y no seguir revisando cada tres, como hasta ahora, para evitar superposiciones con el calendario electoral.

En el Gobierno al menos rescatan que por primera vez en tres años y medio de gestión hay un alineamiento total detrás de la unidad que hoy representa la fórmula Massa-Agustín Rossi, reconciliado con los kirchneristas. Por ahora, la campaña es la gestión del ministro y del jefe de Gabinete. Massa celebra en privado la baja de la inflación a un todavía elevado 6%, por ahora no construye un relato de lo que será el futuro y se limita a advertir que la oposición viene a quitar derechos y les pregunta a dónde planean recortar si llegan a la Casa Rosada. El 8 de agosto, cinco día antes de las primarias, tendrá su mitin con la CGT. Todo sea para cumplir el objetivo de ser el candidato más votado en las PASO. Después, para la primera vuelta del 22 de octubre, la campaña se redefinirá de acuerdo con quién gane en el PRO y si Milei queda o no lejos del tercio que anhelaba y cerca del quinto que le desean quienes prematuramente lo dan por muerto. Los medios amigos de Macri quieren instalar que el libertario se cae porque sueñan con que sus votantes se vayan a Bullrich para derrotar a Larreta, especulan en el Gobierno. Para la segunda vuelta, la táctica se concentrará en confrontar al rival.

Milei, mientras tanto, está investigado por la presunta venta de candidaturas a quienes puedan financiarle la campaña. Claro que prácticas similares también han ocurrido en el pasado reciente en el peronismo y en Juntos por el Cambio. El diputado ha contado siempre con el apoyo de Eduardo Eurnekian, tal como cuenta el periodista Juan Luis González en su libro El loco, pero también está bajo sospecha de aportes subterráneos que le provee el peronismo para dividir a la oposición. A sus 90 años, Eurnekian responsabilizó en los últimos días a la dirigencia política por el estado del país y Cristina Fernández de Kirchner calificó esa declaración de “boludez”. En la Cámara Argentina de Comercio, donde el empresario de origen armenio es vicepresidente, hay quienes cuentan que ninguno de los cuatro candidatos favoritos enamora, aunque les aporten dinero a todos, fieles a la costumbre de poner huevos en todas las canastas. Ya no es como en 2015, cuando Macri ilusionaba a algunos. Ahora dudan de que el próximo presidente quiera o pueda, por más que saque pecho, emprender los ajustes que ellos reclaman y que pueden enfrentar una seria oposición en las calles.