El bloque Verde Alameda presentó una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por posible comisión de delitos en perjuicio de la administración pública. Afirman que existen irregularidades en las concesiones de espacios públicos que, en algunos casos, benefician a empresarios cercanos. El oficialismo desmiente y habla de falsedad

La amistad y la política en tiempos modernos representan dos elementos indisociables, una conjunción perfecta, una simbiosis que mezcla intereses, beneficios y relaciones con el objetivo de acaparar espacios de poder y rentabilidad económica.

La Costanera parece ser un reflejo fiel de varios empresarios beneficiados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La metodología es simple y sin rodeos: el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, -mediante la dirección General de Concesiones- otorga terrenos de dimensiones mayúsculas por cánones irrisorios (en el mejor de los casos), mientras que en otros, el costo no existe.

Así, una de las zonas más ostentosas de la Capital Federal está de remate para los hombres de negocios. A raíz de esto, dos legisladores del bloque Verde Alameda, Gustavo Vera y Pablo Bergel, en compañía del ex diputado Facundo di Filippo, presentaron una denuncia penal bajo el expediente 12.885/14 en el juzgado de Instrucción Nº 20, a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Alejandra Paisan, y la Fiscalía Nº 39, a cargo de María Paula Assaro.

El documento apunta contra funcionarios del PRO y la causa está caratulada como posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública.

La “subasta” involucra restaurantes, centros de exposiciones, boliches, bares, shoppings, concesionarias de automóviles (cuyos dueños son la familia del subsecretario de Transporte Guillermo Dietrich), canchas de fútbol, tenis, estacionamientos y complejos de recreación como Costa Salguero y Punta Carrasco.

En relación a esto, el legislador del bloque Verde Alameda, Gustavo Vera, dialogó con

Desafío Económico y señaló que “estas son las irregularidades que nosotros hemos encontrado donde hay una utilización fraudulenta del espacio público en beneficio de una serie de amigos del poder que gozan de estos privilegios y hacen sus fortunas en base al usufructo gratuito o a un precio vil del espacio público”.

El negocio de las amistades

El epicentro de los negocios se gesta en el Complejo Costa Salguero, que es manejado por la empresa Telemetrix SA, administrada por Federico Bensadon y Alberto Gutiérrez. La firma obtuvo la explotación de este emprendimiento el 1º de mayo de 1991, cuando se le concedió a la compañía una concesión de uso por un plazo de 30 años, por lo que vence en 2021.

Un dato que suma a la existencia de vínculos cercanos con Macri es que ambos empresarios, además, manejan la constructora Emaco SA, una firma que ha ganado varias licitaciones en CABA.

El emprendimiento en Costa Salguero está enmarcado en un terreno de 17 hectáreas y posee un total de 23 subconcesiones, de las cuales, sólo registraban la habilitación correspondiente cuatro de ellas. Por estas tierras, Telemetrix remunera $ 112.062,55 por mes, mientras que a través de las subcontrataciones, percibe más de un millón cada 30 días.

Una de las empresas que tiene su espacio es Costa Salguero SA, fundada en 1994, casualmente por una sociedad entre los que se encontraban Federico Bensadón, Alberto Gutiérrez, Enrique Pichón Riviére, Adrián Oliveras, Jorge Gómez Alzaga y Fernando Polledo, esposo de Carmen Amorin Uribelarrea de Polledo, sugestivamente, presidente del Bloque PRO en la Legislatura de la Ciudad. Luego de un tiempo, Bensadón y Gutiérrez se desprendieron del paquete accionario y quedó como máximo responsable de la compañía Fernando Polledo.

Costa Salguero SA es la encargada de manejar el Centro de Exposiciones, lugar predilecto de Mauricio Macri que lo utiliza como búnker en todas sus campañas electorales. El sitio cuenta con seis pabellones y una superficie techada de 20.000 m2.

El nexo entre el jefe de gobierno porteño y el presidente de Costa Salguero SA (Fernando Polledo), es Carmen Amorin Uribelarrea, cabeza del bloque macrista en la Legislatura y esposa de Polledo.

“Esto es de amigos. Son todos favores, aunque también hay empresarios que se van sucediendo aunque cambie el gobierno de turno. Los amigos son los beneficiados del poder. Entonces es bastante extraño el criterio de defensa del espacio público. La Legislatura está discutiendo otorgar 20 años más la concesión a la Asociación de Amigos de Golf en el parque de la Victoria, en Lugano, un espacio que se usufructúa con cánones ridículos”, subrayó Vera a Desafío.

Desde la otra vereda, el director General de Concesiones, Gabriel María Astarloa, se encargó de echar por tierra cualquier tipo de veracidad sobre la denuncia presentada argumentando falta de información y falsedad en lo presentado (ver recuadro).

Sobre esto, Gustavo Vera respondió a este medio que “la denuncia tiene información fehaciente, ya la hemos ratificado en la Justicia y está siguiendo su curso penal. Astarloa termina por reconocer que están pagando cánones ridículos, que falta ajustarlos y readecuarlos, es un chamuyo técnico para decir que están pagando dos mangos”.

Otro punto importante de destacar es que muchos de los comercios denunciados ante la Justicia, según el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad, se encuentran incorporados bajo la denominación de “Distrito de Urbanización Parque”. Con esto se refiere a que esos terrenos, corresponden a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público y acceso libre.

“Esto es lo que pasa con las 8 canchas de tenis que hay en Obras Sanitarias de la Nación, que estaba destinada al uso de parque y a pesar de eso fue usurpado y ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia condenándolo a Macri por no dictar el desalojo de este lugar”, explicó Vera.

En muchos casos, los denunciantes plantean el accionar de muchos de estos comercios, basado en no respetar el camino de sirga (libre acceso y circulación en el contorno ribereño del predio) y rellenar constantemente espacios públicos en la orilla del Río de la Plata con el objetivo de ganarle terreno a éste.

El caso de Punta Carrasco SA

La historia del Solárium Ingeniero Agrónomo Benito Carrasco comenzó en 1988 bajo la intendencia de Facundo Suárez Lastra. Su explotación quedó en manos de una UTE conformada por las administraciones de Riva SA, Francisco Natino e hijos SA y ParentiMai SA. Para luego pasar a denominarse Punta Carrasco SA.

Los primeros problemas llegaron en 1999, bajo el mandato de Fernando de la Rúa en la jefatura porteña de Buenos Aires. La Procuración General de la Ciudad realizó informes aduciendo que la empresa controlante del lugar ejecutaba modificaciones del objeto de la concesión sin autorización del área gastronómica, observaron incumplimientos en el plan de obras e inversiones comprometidas en la oferta, y habían desarrollado subarrendamientos.

Luego, vino Aníbal Ibarra, después Jorge Telerman y por último Mauricio Macri. Las presentaciones y las órdenes judiciales fueron desoídas por todos los mandatarios. Un dato llamativo es que Punta Carrasco SA tiene cinco emprendimientos por los que pagó hasta diciembre de 2008 una suma de ensueños: $ 2.340 por mes. A partir de 2009, como parte de “un castigo ejemplar”, la sociedad comenzó a pagar 50.000 pesos mensuales.

Luego de los desfases en los cánones y de la vulnerabilidad constante de las reglas, en junio de 2011, la Auditoría General de la Ciudad (AGC), emitió un informe en relación a la dirección General de Concesiones, haciendo foco en términos de economía, eficiencia y eficacia. Entre las más importantes, encontró que “no se encuentran aprobadas por norma jurídica emanada de autoridad competente las misiones y funciones correspondientes a las áreas dependientes de la dirección General de Concesiones”.

Por otro lado, el escrito ratificó que “no surge de la documentación relevada que la dirección General de Concesiones haya arbitrado los medios necesarios a fin de otorgar en tiempo oportuno las nuevas concesiones, aplicando los procedimientos de licitación o subasta que fija la normativa vigente” y añadía que “no existe cumplimiento de los artículos 4º y 5º de la ley Nº 3.399 para el otorgamiento de permisos de uso precario de los predios Bajo Autopista”.

Por último, una situación fehaciente que demuestra que el negocio estaba totalmente armado y poco importaba si había que pagar una cifra ínfima o no, lo aporta este dato esgrimido por la AGC: “Existen cánones impagos y concesiones vencidas, donde no se ha dictado ningún acto administrativo ordenando la desocupación”. Como especie de síntesis, la Auditoría subrayó que “hubo inactividad de la Administración frente a los incumplimientos contractuales; falta de documentación en los legajos de los permisionarios y desactualización en los valores de los cánones”.

En el lugar, la compañía posee cinco concesiones claves: el salón Eventos Classic, uno de los más populares en Buenos Aires por su categoría de sus jardines parquizados con vista al río. Otro de los caballitos de batalla de Punta Carrasco SA es Terrazas del Este, una combinación de restaurante y bar que ofrece el único after office a orillas del río. Los fines de semana, los ciudadanos pueden disfrutar de una disco exclusiva. El espacio es muy utilizado para eventos corporativos.

Mandarine Park está pensado para recitales al aire libre, ofreciendo un mix entre música y la naturaleza del lugar. Otro de los emprendimientos es Mandarine Club, un boliche top que ofrece varios géneros musicales, predominando el estilo electrónico que se puede aprovechar en sus terrazas. Es presentado como “una cita obligada de la noche de Buenos Aires”. Por último, Casa Tua, un espacio de eventos con capacidad para más de 2.000 personas.

El 4 de mayo de 2013, era la fecha límite que había requerido el Tribunal Superior de Justicia para que Punta Carrasco deje de funcionar. Sin embargo, en la actualidad, el emprendimiento no sólo se mantiene vigente, sino que cada vez factura más, mientras que el gravamen que abona es prácticamente inexistente.

En la demanda presentada por el bloque Verde Alameda se puso el ojo sobre 40 de las más de 620 concesiones con las que hoy cuenta el gobierno porteño. Los legisladores no dudan de que estos hechos irregulares se pueden multiplicar. Y tampoco dudan de que la Ciudad tiene una lista muy larga de amigos empresarios a quienes favorecer. Por su parte, desde el Gobierno lo niegan y ahora deben aguardar la palabra de la Justicia.

La palabra del director General de Concesiones: “Las denuncias son falsas”

Luego de la demanda judicial presentada, el Dr. Gabriel María Astarloa, quien se encuentra al frente de la Dirección General de Concesiones (DGCONC), manifestó que “las denuncias que se hacen son falsas, demuestran un desconocimiento de cómo se hacen las concesiones y hay un uso político de información pública”. Y agregó que la difusión de la información se ha “hecho de un modo irresponsable”. Conforme planteó el funcionario macrista, el gobierno porteño ya ha “iniciado un proceso de análisis para la readecuación del canon de Buenos Aires Design”, mientras que en los casos de Costanera, sostiene que tienen planificado “llamar a licitación”. Por otro lado, sobre las playas de estacionamiento subterráneas, Astarloa afirma que no pagan canon por que “hicieron las obras”. Con respecto a las concesiones de Dakota y BRD, a cargo del acarreo de autos, el funcionario dijo que la Legislatura, “después de más de 10 años de prorrogar contratos vencidos, se sancionó la ley y el pliego de bases y condiciones”. Otro de los puntos que los denunciantes señalan como irregular es el estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo. Aquí, el director de Concesiones afirmó que “dispusimos la desocupación administrativa y hubo una negativa de la Policía Federal para poder hacer el operativo de desalojo. Estamos evaluando de qué forma puede hacerse con la Policía Metropolitana. Respecto del club hípico, hay una orden judicial que no nos deja avanzar”.