El organismo que preside la camporista Cecilia Segura Rattagan recibe cuestionamientos de varios sectores políticos, que acusan al ente de control de mantener irregularidades puertas adentro. Nombramientos a dedo, cajas millonarias e informes livianos de la Auditoría General de la Ciudad.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires debería funcionar como un órgano de control extremo de lo que pasa en la esfera porteña. Últimamente, varios sectores de la oposición denunciaron algunas maniobras poco claras que tienen lugar puertas adentro del organismo. ¿Cómo son los manejos de la entidad?

De los siete miembros del Colegio de auditores porteños, tres son del PRO (María Victoria Marcó, Jorge Garayalde y Raquel Herrero), dos del Frente para la Victoria (la presidenta Cecilia Segura Rattagan y Hugo Vasques), uno de la Coali-ción Cívica (Facundo Del Gai-so) y otra del radicalismo (Mariela Coletta). Según comentaron fuentes del seno del organismo, “Coletta y los tres del PRO juegan juntos, por lo que el macrismo tiene mayoría y todos los informes salen perfectos”. Segura, que es la esposa de Juan Caban-dié, pese a figurar al frente de la Auditoría, “no pincha ni corta”, indicaron. En tanto, Del Gaiso sí suele manejarse por otros rieles y “es de decir las cosas como son”, afirmaron en el sindicato SILCABA.

En septiembre, el Sindicato de la Legislatura y la Auditoría General de la Ciudad (SILCABA), patrocinado por abogados de La Alameda (organización que preside el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera), apuntó contra su-puestos nombramientos a dedo que se habrían efectuado.

“Había un par de cargos que estaban vacantes y empezaron a nombrar a dedo sin respetar el requisito, que es convocar a la Comisión Paritaria y llamar a un concurso interno”, aseguraron miembros del sindicato.

La embestida judicial vino con un amparo presentado en Tribunales para que se suspendieran las incorporaciones de siete personas que, según SILCABA, no se encuadraban dentro de las reglas del Convenio Colectivo de Trabajo del organismo.

La esposa de Cabandié recogió el guante e interpuso una respuesta, solicitando que no se considerara la petición efectuada por SILCABA, ya que se trata de un gremio que carece de “legitimación activa para accionar en este proceso”, señala el escrito al que accedió Qué. Más tarde, el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°2 se expidió al respecto y denegó la medida de amparo argumentando, entre otras cosas, que las disposiciones del Convenio Colectivo rigen para el escalafón aplicable a personal de planta permanente, mientras que las siete designaciones se hicieron en lo que respecta a planta transitoria.

“El juez no aceptó la cautelar, pero sí dio curso al amparo”, esgrimieron desde SILCABA. Ahora esperan por la resolución del magistrado Roberto Gallardo, a cargo de la causa y frecuente detractor del gobierno macrista.

Desde las oficinas del Colegio de Auditores, minimizaron la cuestión. “Es un sindicato menor y las designaciones son en el ámbito administrativo”, indicaron a este medio, y subrayaron: “Acá hay auditores de todos los partidos políticos”.

El Gobierno de la Ciudad, en su Proyecto para el Presupuesto 2017, que se tratará el primero de diciembre en la Legislatura, volcó a la Auditoría porteña $ 643.920.515, una suma que gran parte del arco opositor considera muy abultada. “Es una locura para la cantidad de contratados que tienen y los pocos informes que hacen. Y encima ese monto va a ser mayor cuando se pida la ampliación”, deslizaron en La Alameda. En tanto, en la Auditoría General de la Ciudad, aseguraron que hoy por hoy hay cerca de 700 empleados en planta permanente, datos que encajan con los disponibles en el sitio web de la entidad. No obstante, en SILCABA no se confían demasiado: “Los datos están desactualizados. Hay alrededor de 200 en relación de dependencia y muchos otros que figuran como RTT”, afirmaron.

Lo cierto es que, en lo que va del año, la Auditoría de la Ciudad gastó $ 358.439.746,66 de su crédito anual, que asciende a $ 543.947.203,00 (ver cuadro aparte). Del monto devengado, el 89 % corresponde a gastos de personal ($ 322.451.432,99).

Tiempo atrás, se puso en jaque la calidad de los informes elaborados por la Auditoría porteña. Fue la ONG Contadores Forenses la que publicó un informe en el que se desnudaron algunas falencias en el modus operandi del organismo. “Hemos comprobado que la acción de los auditores resulta ser aparente, superficial y complaciente, ca-rente de la profundidad que le es requerida a un organismo de es-ta naturaleza”, se desprende de uno de sus párrafos. Además, menciona: “Los informes se producen con atraso o no se producen. No se analizan los aspectos más delicados. No se realizan controles rigurosos de grandes obras, ni la existencia de licitaciones o contratos directos sin licitación, el control de las ofertas y la elección de los contratos más convenientes a los intereses de la Ciudad”.

“Acá se hacen informes irrelevantes”, comentó por lo bajo un empleado de la entidad. En tanto, fuentes del sector del legislador Gustavo Vera remarcaron que “los informes que se realizan son muy tibios y nunca van al hueso. Los temas importantes no los tocan”. Un claro ejemplo de eso yace en el marco de la tragedia de Time Warp, cuando el Colegio de auditores resolvió no investigar las concesiones de Costa Salguero desde el año 2014 hasta el día de la fiesta electrónica, en la que hubo cinco muertos por consumo de éxtasis. En esa oportunidad, los votos de los auditores del FpV, a los que se sumó Facundo Del Gaiso, no alcanzaron para redoblar a la posición macrista, que finalmente contó con el apoyo de Mariela Coletta (peón del referente radical porteño Emiliano Ya-cobitti) para inclinar la balanza a su favor.

Según el Plan Anual 2017, la Auditoría prevé realizar, el año próximo, alrededor de 100 informes entre relevamientos y evaluaciones de temáticas de la esfera porteña. ¿Pondrán el dedo en la llaga?