El presidente del legislativo, Alejandro Lozano, convocó a la totalidad de los ediles que integran el cuerpo, a las 19 horas. El mismo día, se llevará a cabo la sesión ordinaria y la asamblea de mayores contribuyentes.
Por resolución número 3.314, conocida en la víspera, y visto el expediente N° 11.050/2013 por el que concejales proponen el desarrollo de esta sesión especial, en uso de sus atribuciones el doctor Alejandro Lozano, titular del HCD, resolvió la convocatoria para el mismo día, en horarios vespertinos, que se realizará la sesión ordinaria y a una asamblea de mayores contribuyentes.
Los nueve puntos a responder
Días atrás, la Comisión Investigadora creada en el seno del Concejo Deliberante dio a conocer el informe preliminar con el detalle y las conclusiones de cada uno de los nueve hechos en los cuales se evalúa la responsabilidad política del intendente José Inza.
En el documento se habla de "perjuicio institucional al Municipio de Azul", "irregularidades e incumplimientos", "accionar irregular y negligente" y que el Intendente "se ha excedido en el uso de sus atribuciones".
Luego de entregar -por escrito- su descargo, la Comisión Investigadora volverá a reunirse para evaluar la respuesta y, en base a eso, elaborará el informe final.
Los cargos que se le endilgan al jefe comunal son los siguientes:
- Renuencia y demora del DE en el envío de documentación requerida por el Concejo Deliberante. Durante 2012, el DE no envió, en tiempo y forma, los actos administrativos (resoluciones, decretos), pese a los constantes pedidos del cuerpo. También se advirtió que el DE no habría cumplido, en principio, con la obligación legal de confeccionar el Boletín Oficial Municipal (BOM).
- El modo de registrar los actos administrativos dictados por el DE durante 2012 y 2013. Este punto fue analizado por la Comisión por advertir un sinnúmero de irregularidades, como la anulación de folios del Registro de Decretos de puño y letra por autor desconocido, anulación de Decretos sin numerar que luego aparecen correctamente dictados en folios subsiguientes, falta de correlatividad, falta de motivación y falta de referencia a los fundamentos.
- Modo, criterio, justificación y acreditación para la liquidación y el abono de "Horas Extras" a agentes municipales durante 2012 y 2013. Al estudiar la documentación que el DE elevó al CD, verificaron una significativa cantidad de irregularidades relacionadas a este tema, lo que implicaría un "incorrecto, indebido e ilegal detraimiento de fondos públicos municipales".
- Dictado de diez decretos entre los años 2011, 2012 y 2013. A través de estos actos administrativos firmados por el Intendente Inza y los entonces secretarios Héctor Bolpe y Néstor Requelme, se determinaron las remuneraciones mensuales que percibirían algunos funcionarios de la planta política del Departamento Ejecutivo (Mauro Grandicelli, Emanuel Barrionuevo, Daniel Puga, Laura Kolman -en dos oportunidades-, Diego Evangelista, Lucio Egyptien, Marcelo Carrizo, Olga Pomphile, Sebastián Cañibano), superiores a las aprobadas por el Concejo (sobresueldos) y en contraposición a lo que marca la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, esos decretos carecen de fundamento alguno.
- Sumario Administrativo por la tercerización del cobro de tasas a favor de la empresa TIP S.A. Cuando en noviembre del año pasado el intendente Inza fue interpelado por primera vez, informó que se había iniciado una instrucción sumarial para deslindar responsabilidades en este tema, aunque en ese momento el jefe comunal no recordaba el número de expediente.
- Lo actuado, decidido y ejecutado por el DE en la redeterminación de valores de servicios de recolección y barrido de Transporte Malvinas. El Ejecutivo emitió en mayo un decreto actualizando los valores y el 19 de junio liberó la orden de pago. Sin embargo, ese decreto no fue convalidado aún por el Concejo, a donde el expediente ingresó recién el 6 de agosto. Además de estas cuestiones, advirtieron que habría superposición y/o duplicación de pagos efectuados.
- Lo actuado, decidido y ejecutado por el DE en la licitación de obra de la red cloacal en Villa Piazza Norte - Korvial S.R.L. Del estudio del expediente elevado por el Ejecutivo al Concejo, se advirtieron también una serie de irregularidades. Una de ellas tiene que ver con la forma de anulación de la primera licitación. En este sentido, se explicó que se la declaró desierta cuando en realidad fue nula por un error administrativo. Otra, con que la segunda licitación se adjudicó a la única oferta y, por lo tanto, debió elevarse al Concejo para su aprobación, paso que no se cumplió. Asimismo, encontraron una contemporaneidad en la realización de todos los actos administrativos. Si bien estas cosas fueron observadas por la Contadora General el Sr. Intendente liberó el anticipo financiero. Otra de las irregularidades tiene que ver con el Plan de Seguridad presentado por la empresa, en el que no consta el cumplimiento de inspecciones municipales. A su vez, constataron que dentro del personal afectado a la obra no figuran ni Alfredo Alejandro Carrizo ni Héctor Osvaldo Chanquía, los dos obreros fallecidos en el accidente ocurrido el 8 de agosto pasado mientras trabajaban en esa obra.
- Sumario Administrativo por la denuncia formulado por las periodistas María Angélica Gómez y Patricia Toscani. Según se desprende del informe, "se ha advertido que el Departamento Ejecutivo ha incumplido" con lo encomendado por el Concejo encomendándole al Intendente que designe un instructor para iniciar sumario por este tema, ya que las empleadas se consideraron víctimas de violencia laboral por parte de sus superiores jerárquicos Daniel Puga y Agustín Casares. Por los hechos denunciados, entienden que debe aplicarse la Ley Provincial de Violencia Laboral, teniendo en consideración la gravedad de los hechos denunciados, la verosimilitud que, en principio, tienen los dichos e informe de las periodistas.
- Indebida entrega de la base de datos municipal a representantes de la firma TIP S.A. y falta de acciones y/o medidas para recuperarla. Este cargo no estaba entre los ocho que motivaron la conformación de la Comisión. Sin embargo, ésta tiene atribuciones para añadirlo. Cuando el 2 de octubre se presentó el director de Sistemas de Información del municipio Diego Evangelista, al ser interrogado si se le había requerido por parte de firma "TIP SA" la base de datos municipal, contestó que sí, "aclarando que con posterioridad no había realizado acción o medida alguna tendiente a recuperarla".
A partir de esa declaración, desde la Comisión decidieron remitir copia a la UFI N° 6, donde se tramita la denuncia que por la licitación hicieron concejales en noviembre del año pasado, para que se investigue "la probable comisión de delito en perjuicio de los intereses de la Municipalidad del Partido de Azul e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos tanto por aquellos que suministraron la base de datos como así también de los funcionarios que ante tales circunstancias no impulsaron acciones para su recuperación".
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