El pasado 4 de noviembre se conmemoró el Día Provincial del Río Luján, una fecha establecida en 2017 por la Legislatura Bonaerense en homenaje a una travesía encarada en 1993 por 150 embarcaciones entre Suipacha y Mercedes con el objetivo de concientizar sobre la importancia del recurso hídrico.

Esta semana, la red de organizaciones de la cuenca hizo público un duro comunicado. “Nada que festejar”, advirtieron los espacios que trabajan sobre diferentes problemáticas en los diferentes distritos que atraviesa el río.

En un primer tramo, el documento reitera las denuncias escuchadas en los últimos años, atadas a transformaciones que provocaron serios inconvenientes de inundaciones y contaminación. En un segundo momento, aborda el esquema de obras proyectadas, con varias advertencias.

“Desde hace más de dos décadas, varias organizaciones (primero trabajando en forma individual y posteriormente en forma asociada como Red del Río Luján) vienen denunciando la grave desorganización territorial y los fuertes impactos ambientales que recibe el territorio de la cuenca y, de cuya acumulación, se derivan reiteradas inundaciones y contaminación”, se plantean.

Las organizaciones profundizan sobre el ya conocido impacto inmobiliario, especialmente en la cuenca baja: “El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios (urbanizaciones cerradas, parques industriales y logísticos, etc.), que ocupan y rellenan terrenos bajos, conocidos como humedales, se constituyen en serios obstáculos para la circulación del agua del río y eliminan la función de reservorios de agua que brindan los humedales durante las crecidas. Esto se hace incumpliendo la legislación vigente que establece que las márgenes de los ríos y arroyos forman parte de los cursos de agua y, por lo tanto, son de dominio público natural”.

En su perfil más rural, es decir, en todo el amplio radio que se define desde su nacimiento, el río padece la apertura de canales, “cuya finalidad es drenar rápidamente las áreas que naturalmente se anegan en épocas de lluvia”. Aquella retención natural permitía recargar las napas que sirven, a su vez, para abastecer de agua potable a las poblaciones. La apertura de los canales, obras clandestinas ya denunciadas, hace que las aguas aceleren el traslado de los campos al curso principal y los arroyos, “sobrecargando aún más todo el sistema hidrográfico”.

“Por varias razones, el resultado de este accionar delictivo es sumamente grave. Por un lado, el agua que ya no llega a la napa recrudece la situación crítica en que ésta se encuentra en varios lugares debido a su sobrexplotación. Por el otro, cuando se producen lluvias intensas, provoca inundaciones en las zonas que están aguas arriba y en localidades vecinas que tienen un relieve natural más bajo. La situación se complica aún más por la basura arrojada por los vecinos, que se constituyen en verdaderos diques”, explican en el comunicado.

En cuanto a la calidad ambiental del río, las organizaciones enumeran agentes contaminantes: “El Parque Industrial de Pilar (el mayor de la Argentina), diversas industrias diseminadas a lo largo del curso y los agrotóxicos utilizados en los cultivos contaminan seriamente algunos tramos del río con metales y productos orgánicos de diversa índole y generan periódica mortandad de peces. Las soluciones propuestas por el Estado lejos de revertir la situación descripta, dejan intactas las causas que los originan y crean nuevos problemas”.

LO QUE VIENE

A pesar de los varios anuncios que en los últimos años se escucharon desde el gobierno provincial, la aplicación del Plan Maestro Integral está en pañales. Incluye “obras hidráulicas como canalizaciones, dragados y rectificaciones del cauce”.

Las organizaciones formularon varias objeciones: “Este tipo de obras trata la red hidrográfica como un simple sistema de cañerías, que puede ser rectificado y desviado, y no como el complejo ecosistema del que se trata. Cuando se canaliza o rectifica un río como el Luján, típico de llanura, se aumenta la velocidad de las aguas y se altera toda su dinámica, se pierde su capacidad de esponja frente a las inundaciones y aumenta la erosión del terreno, se impide la recarga de los acuíferos, se daña su flora y fauna”.

Por otra parte, “el dragado moviliza y devuelve a las aguas los contaminantes que se han ido depositando en los barros a lo largo del tiempo”.

“Además de todos los impactos que provocan, las obras hidráulicas propuestas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, con el correspondiente aval de las distintas instancias gubernamentales, resultarán inservibles a corto plazo de continuar el relleno de los humedales para urbanizarlos. Pero se especula con la necesidad perentoria que tienen los inundados de liberarse del agua de sus casas, para ofrecer soluciones que no son tales. Para hacer más sombrío el panorama, el Plan de obras hidráulicas recién iniciado viola los procedimientos legales correspondientes”, advirtieron.

Recordaron que todavía no se cumplieron con las audiencias públicas que para estos casos contempla la Ley General del Ambiente. Por el contrario, “se realizaron meras reuniones informativas que no siguieron el procedimiento establecido por la Ley Provincial de Audiencias Públicas”.

Destacaron, además, que sigue sin conformarse debidamente el COMILU en lo que refiere al Consejo Consultivo que debe sumar a organizaciones, académicos y otras instancias de la sociedad civil.

“El Estado, a través de sus respectivos organismos y funcionarios designados, debe ser garante del cumplimiento de las leyes y, al no hacerlo, se incumplen los deberes para los cuales dichos funcionarios fueron designados en función de propiciar el bien común. Consideramos imprescindible evitar que las causas por las cuales se llega a tan lamentable situación de la cuenca sigan propagándose. Se debe detener la ocupación ilegal de tierras de dominio público. También es perentorio un real control sobre las fuentes de contaminación por parte del Estado y un accionar rápido frente a siniestros”, cierran.