El fiscal de Estado, Eduardo Allende, asistirá pasado mañana a una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en la cual la Nación expondrá su nuevo esquema tarifario para el servicio del gas, y donde los expositores inscriptos de todo el país podrán debatir sobre ello. La reunión será en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a las 9. Allí el fiscal planteará dos puntos importantes en base a los cuales, manifestó, debe establecerse el nuevo cuadro tarifario que son: la unificación de las tarifas para todo el país y la transparencia en la determinación del precio del gas en “boca de pozo”, o sea, el precio que le ponen las petroleras. También irán el presidente de San Luis Energía SAPEM, Enrique Cabrera; el asesor legal del Frente Para la Victoria, Marcelo Neme, en representación del senador nacional, Daniel Pérsico, y el diputado provincial por el bloque Nacional y Popular, Juan Larrea.

“Esta audiencia pública debería haberse hecho a principio de año, antes de hacer todas las resoluciones del aumento del gas”, afirmó Allende, quien participará en representación de la provincia de San Luis. “Intentan regularizar esta situación llamando a la audiencia pública donde se pueden inscribir todas las personas que tengan un interés legítimo para discutir y hacer sus aportes en torno al nuevo precio de este servicio. Todavía no se sabe cómo va a ser el mecanismo de la audiencia, recién lo dará a conocer el Enargas el jueves porque hay cerca de 400 expositores hasta ahora y mañana (por hoy) cierra la inscripción. Esperemos que nos reconozcan el carácter de provincia y nos den prioridad en la exposición”, sostuvo.

Tras las subas excesivas que la Nación intentó implementar en los primeros meses del año, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, encomendó a Allende en mayo, un amparo ante el Juzgado Federal de San Luis contra el incremento. Con el fallo a favor los pagos exorbitantes se hicieron esperar y ningún ciudadano tuvo temor de cortes. Las empresas debían refacturar sus boletas y establecer un tope de suba del 70%. La Nación propuso un aumento del 400/ 500% el cual fue desestimado por la Justicia. Luego de varias idas y venidas, finalmente se consensuó una audiencia pública donde se tratara el nuevo cuadro tarifario, inicialmente iba a realizarse anteayer pero se pospuso para este viernes. 

El fiscal aseguró que en la audiencia reclamará que el nuevo cuadro tarifario sea “simplificado, comprensible, racional, gradual y previsible. Y como primera medida vamos a exigir que sea un cuadro único en todo el país. Hoy la CABA tiene precios diferenciales de gas”, pagan entre un 400 y 500% menos que el resto de las provincias, “cuando los precios estén equiparados podremos hablar de un aumento”.

Otros de los puntos importantes a tratar en la audiencia, que resaltó el fiscal, será “exigir la transparencia en la determinación del precio del gas en boca de pozo”. En el sistema de venta de gas existen tres actores: el primero es la empresa que saca el gas del pozo, del fondo de la tierra, o sea la petrolera; después está el transportista mayorista que es totalmente independiente de la empresa de extracción del recurso. De éstas hay tres o cuatro que llevan el gas a las provincias, en el caso de San Luis se llama TGS (Transportadora de Gas del Sur). Y el tercer actor es el distribuidor minorista que compra al mayorista y distribuye a los domicilios, en la provincia es Ecogas. “En este marco técnico vamos a exigir que se determine con absoluta transparencia cuál es el costo del gas en boca de pozo, porque si no, no podremos saber cuál es la tarifa real del gas”, subrayó.

“Cuando se privatizó el servicio público, la legislación vigente establecía que la determinación del precio de gas en boca de pozo, iba a ser fruto de la competencia, es decir cada productor ponía su precio. Después de eso los transportistas mayoristas podían comprarle a cualquiera el gas, había una libre competencia entre los productores. Ese sistema, desde el 2004, empezó a ser regulado con un precio único fijado arbitrariamente o discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, por eso la Corte en el fallo le exige al gobierno nacional que la determinación de ese precio también sea fruto de una audiencia pública. A la Corte le llama la atención y advierte que el sistema de la libre competencia desde el 2004 no existe más. Al precio lo fija la Nación por decreto, por eso los consumidores no podemos saber y nunca lo explicaron cómo se fija ese valor”, explicó Allende.

También expresó que exigirán que la tarifa que se determine sea para todos los usuarios igual, sean residenciales, empresas o comercios. “Lo que más nos interesa son las Pymes porque son las mayores generadoras de empleo. Esperamos que el Estado nacional respete realmente las propuestas y las opiniones que se den en la audiencia pública. Si es una mera puesta en escena o una formalidad, si no se respeta el nuevo cuadro de tarifas, el tema se va a volver a judicializar”, recalcó.