La madrugada de este jueves, la Agencia de Noticias San Luis confirmó en una publicación que la Fiscalía de Estado de San Luis presentó una denuncia penal en la Fiscalía de la Justicia Federal de Río Cuarto por los piquetes que impiden la circulación por las carreteras nacionales y por los delitos cometidos por un grupo de productores, que bloquearon ingresos a la provincia.

La acusación recae contra quienes “resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba”, puntualmente sobre las ruta nacional 7 y sobre la ruta provincial 30 (próximos a los ingresos de Justo Daract y La Punilla respectivamente), impidiendo la libre circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional.

El planteo fue presentado por el fiscal de Estado, Eduardo Allende, apoyándose en el artículo 194 del Código Penal, que versa: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, refiriéndose a la situación que se vivió en los últimos días, “en que se alude al impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional”.

“Esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos social, infundiendo temor público en la población de la provincia de San Luis”, sostuvo Allende, aludiendo a que “los denunciados harán un corte por tiempo indeterminado de modo de dejar aislada y desabastecida a la población, con el agravante del impedimento del traslado de las muestras de pacientes posiblemente enfermos, lo que constituye un evidente y gravísimo perjuicio para la salud pública”.

La denuncia que implica a Córdoba pide regularizar el tránsito “en la ruta 30 de Córdoba y su continuación, la ruta 1 de San Luis, que vinculan a las localidades de La Punilla en la provincia de San Luis y Achiras en la provincia de Córdoba, y posibilitar el transporte y comercio interprovincial, como así también el internacional, ya que dichas vías conectan con la ruta nacional N° 8 y el Corredor Bioceánico, constituido por la ruta nacional 7, que también se encuentra cortada en territorio cordobés, próximo a la provincia de San Luis”.