Acosado por el crecimiento de la violencia en cinco departamentos paraguayos, el presidente Fernando Lugo estudia la posibilidad de dar más poder efectivo a los militares en el terreno. El asesor jurídico del gobierno, Emilio Camacho, anunció ayer los cambios que pedirá al Congreso en la Ley de Defensa y Seguridad Interna. El Ejército podrá usar el arsenal de guerra en situaciones de crisis aun "sin necesidad de declarar el estado de excepción", o "de sitio" en la terminología argentina. "Concretamente nos estamos refiriendo al artículo 56 que establece con claridad la intención de las Fuerzas Armadas, que solamente en estado de excepción pueden utilizar las llamadas armas de guerra y están limitadas a ser apoyo de las fuerzas policiales", dijo Camacho. El Ejecutivo pretende, además, facultades para ordenar el uso de armamento pesado sin necesidad de recurrir al Congreso.

Desde este domingo, el Ejército paraguayo actúa junto a la policía para buscar a los miembros de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que, al menos según opina la Fiscalía, recibió adiestramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y además está vinculado al grupo criminal y narco brasileño Primer Comando Capital (PPC). Fundado en marzo de 2008, al menos según sus propios datos, el EPP realizó ataques con bombas en Asunción y una serie de secuestros que resultaron rentables, como el del empresario ganadero Fidel Zavala, retenido durante 94 días.

El despliegue militar del domingo siguió a la declaración, previa aprobación del Congreso, del estado de excepción en los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay, tres de ellos fronterizos con Brasil. Lugo intenta recuperar así el control de la situación tras la muerte de un policía y tres civiles en una emboscada en una estancia de Arroyito, 380 kilómetros al norte de Asunción. En otro enfrentamiento a tiros, ocurrido el pasado día 14, resultaron heridos un policía, un civil y un miembro del EPP, prófugo, en una hacienda de Agua Dulce, en Alto Paraguay.

Lejos de lograr los resultados esperados, la violencia en esas regiones paraguayas no se detiene. El lunes pasado, sicarios dispararon contra la camioneta del senador oficialista Robert Acevedo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital de Amambay y fronteriza con la localidad brasileña de Ponta Porá. El ataque, en el que murieron el custodio y el chofer del senador, fue atribuido a grupos narcotraficantes vinculados al PPC brasileño.

Acevedo, ex gobernador del departamento de Amambay y cuyo hermano, José Acevedo, se desempeña como alcalde de Pedro Juan Caballero, es conocido por denunciar ante los medios a presuntos contrabandistas y narcotraficantes. Tras el ataque, Lugo dispuso el envío de un contingente de 150 militares para reforzar junta a la policía la seguridad en esa región fronteriza.

La presencia de militares recorriendo el interior del país con armamento de guerra no trae buenos recuerdos a los paraguayos, para quienes todavía siguen frescos los abusos de la dictadura (1954-1989). El presidente Lugo aclaró que el estado de excepción "es diferente al estado de sitio" que imponía el general Alfredo Stroessner para controlar a los opositores.

"En nuestro país no existe estado de sitio y se respetan los derechos humanos", dijo el ex obispo durante una visita al senador Acevedo en el hospital. Las declaraciones de Lugo fueron una respuesta a organizaciones campesinas y de derechos humanos que criticaron las medidas adoptadas desde Asunción contra el EPP. Incluso el vicepresidente Federico Franco, erigido en el principal opositor a Lugo, puso en duda días atrás, aunque sin dar precisiones, que el estado de excepción tenga como objetivo la captura de guerrilleros.