Por: Fernando Cibeira.

Superados los ocho meses de gestión de Javier Milei, el Congreso constituirá esta tarde la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, una instancia que tomó nueva importancia con la decisión del Gobierno de rearmar la vieja SIDE y dotarla de una suma sideral en fondos reservados. La interna cada vez más notoria entre Milei y su entorno -su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo- y la vicepresidenta Victoria Villarruel estiró la definición sobre quién definirá esta estratégica comisión hasta último momento. Mientras que unos impulsan al senador peronista disidente Edgardo Kueider, la vice -en su vínculo fluido con Mauricio Macri- quiere allí al PRO Martín Göerling. Al compás de esta indefinición, en las últimas horas surgió la posibilidad de que el radical Martín Lousteau consiga los ocho votos necesarios para ocupar el cargo con el apoyo de Unión por la Patria. "Hasta mañana a las 17 falta una eternidad", respondía uno de los integrantes clave de la comisión respecto a lo que podía suceder.

La Comisión de Inteligencia trabaja con información reservada, por lo que reviste de cierta importancia estratégica. En los últimos tiempos, con unos servicios de espionaje cada vez más acotados, el trabajo de la comisión estuvo dirigido a investigar en maniobra ilegales como la "mesa judicial" creada en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal o los servicios del macrismo que actuaban por fuera como mano de obra desocupada espiando a políticos. Pero ahora, la decisión del gobierno de Milei de reactivar los servicios de inteligencia con algunos antiguos espías como Juan Bautista "Tata" Yofre -ex jefe de la SIDE durante el menemismo- y firmar un sorpresivo decreto en el que le concedió nada menos que 100 mil millones de pesos en fondos reservados, terminó otorgándole a la comisión una renovada importancia.

Eso se notó en la demora de la confirmación de la integración de la Bicameral, que debería ser un trámite sencillo. Finalmente, esta semana quedó dispuesto que estará conformada por los senadores Oscar Parrilli, Eduardo "Wado" de Pedro y Florencia López y los diputados Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, de Unión por la Patria; el senador Lousteau y la diputada María Coletta, de la UCR; el senador Göerling y el diputado Cristian Ritondo, del PRO; los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, de La Libertad Avanza; más el entrerriano Kueider y la chubutense Edith Terenzi. 14 integrantes en total, por lo quien reúna ocho votos se quedará con la presidencia. 

Es público cómo en estos días se deterioró aún más la relación del trío que manda en la Casa Rosada con la vicepresidenta, que salió a la luz con la no invitación a Villarruel de la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. La tensión se trasladó a la definición por la presidencia de la comisión que ya venía complicada por los diferentes compromisos de cada uno. Santiago Caputo, que tomó bajo su mando el área de inteligencia, quiere colocar al frente al entrerriano Kueider, que ya ayudó al Ejecutivo para la aprobación de la ley Bases. En cambio, Villarruel pretende sostener su jurisdicción en el Congreso y designar para ese lugar a un aliado del macrismo. 

Ante la indefinición, que se extendió hasta la previa del encuentro, surgieron en las últimas horas conversaciones para que sea la oposición más dura quien se quede a cargo de la estratégica comisión. En esa línea, Unión por la Patria -que tiene mayoría con seis integrantes- facilitaría los votos para designar a Lousteau, presidente de la UCR y el senador más díscolo dentro del bloque dialoguista. De esa manera, explicaba uno de los miembros de UP, evitarían que sea un macrista o un peronista que se pasó a la vereda libertaria, quien marque los ritmos de la comisión. Con todo, si bien era la hipótesis que ganaba más volumen avanzada la noche del lunes, todos coincidían en que faltaban varias horas para que la jugada se concretara y tal vez hubiera novedades.

Sería un duro golpe para el oficialismo en el inicio de una semana que pinta complicada. El miércoles, en Diputados, fue convocada la sesión especial pedida por un grupo de legisladores de la oposición dialoguista justamente para derogar el DNU que le otorgó fondos reservados a la SIDE. El Gobierno apuró la integración de la comisión bicameral para frenar la derogación del decreto pero, en principio, no lo estaría consiguiendo. La llave aquí también la tendrían los radicales, en especial los 18 diputados que en la última sesión votaron para tratar este tema. El jueves, en tanto, se reunirá el Senado para tratar la movilidad jubilatoria, que tiene muchas posibilidades de reunir 40 votos y sumarle otra mala noticia al presidente Milei. Cuando se votó la media sanción en Diputados, llamó a los legisladores "degenerados fiscales" y adelantó que vetaría la ley, Hay que ver si ahora, con la popularidad ya erosionada, se anima a hacerlo.