Como consecuencia el cuerpo deliberativo no puede pagar a sus proveedores y los servicios básicos. Además los becarios, por esta retención indebida de fondos por parte del Ejecutivo, no cobran desde diciembre de 2016.

Es evidente que los controles no caen bien a los funcionarios municipales. Es por ello que intentan aleccionar al Concejo deliberante con el “látigo de la chequera”. Si Losada no libera el dinero, que por presupuesto le corresponde al cuerpo, en cuatro días empleados y concejales podrían ser desalojados del anexo ubicado por calle Rivadavia por falta de pago del alquiler. Cabe destacar que este anexo del concejo es un instrumento vital para la realización y agilización de trámites que son necesarios para el ciudadano común. Además se encuentran las salas de comisiones donde se recibe todos los días a los vecinos para estudiar expedientes y luego tratarlos en el cuerpo deliberativo. Se encuentra el área de recursos humanos, la mesa de informes, entre otros servicios importantes que se dan en el lugar.

Extrañamente frente al anexo del Concejo hay oficinas que dependen del Ejecutivo, donde hay cuatro personas a quienes siempre se los puede observar cómodamente tomando mate. Ahí si los alquileres son pagados en tiempo y forma. Se desconoce la actividad que realizan.

Pero más allá de esta presión política por parte de Losada hacia el presidente del cuerpo, Alejandro Velázquez; queda en evidencia la intención del jefe comunal: ahogar financieramente el Concejo para que este no despliegue los controles correspondientes.

“Losada difama al concejo y presiona con el látigo de la chequera como si fuera un patrón de estancia”, expresaron concejales del interbloque opositor. Pero cabe destacar que con el intento de quebrar las arcas del concejo, no solo perjudica a la oposición, también afecta a los ediles renovadores, quienes hasta el momento se han mantenido en silencio.

Para los ediles, la actitud "soberbia” del jefe comunal es un conflicto de poderes con el Ejecutivo municipal teniendo en cuenta que el artículo 115º de la Carta Orgánica Municipal manifiesta de manera expresa: “Es responsabilidad solidaria del Intendente Municipal, el Contador y Tesorero Municipal, el estricto cumplimiento de la transferencia de los fondos asignados presupuestariamente”. Otros concejales redoblaron la apuesta y agregaron además que en este tipo de retenciones indebidas de fondos también puede aplicarse el articulo 173 inciso 2 del Código Penal, que establece hasta 6 años de prisión para “el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero… que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”.

“Casualmente” este ahogamiento financiero por parte de Losada a Velázquez se da en el marco de una interpelación solicitada por el interbloque opositor del concejo al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Santiago Froloff, por el tratamiento de residuos en Posadas.