La Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) se tranformó el principal obstáculo para que el proyecto de ley de envases llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Establece un máximo del 3% sobre el precio de venta mayorista de cada producto envasado y es el punto que la oposición busca sacar del texto en medio de una tirante negociación con el bloque del Frente de Todos, que no reune los 129 votos necesarios para sesionar ante la ausencia de apoyo de los bloques provinciales y del lavagnismo, que también se niegan a respaldar la iniciativa como fue presentada con la firma del presidente Alberto Fernández.

La fecha tentativa para poner la iniciativa a consideración del recinto era este martes, pero la posibilidad se diluyó el viernes, cuando fracasaron los intentos de acercamiento entre los dos principales bloques de la Cámara baja. Luego de las elecciones del 14 de noviembre, el oficialismo reactivó el tratamiento del texto y en menos de diez días logró que tuviera dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales y de Prespuesto y Hacienda. Ese movimiento puso a las cámaras empresarias del sector en pie de guerra, que no sólo quieren elimitar la tasa. También consideran que no hay justificación para tanta celeridad en el tratamiento.

Hasta el 9 de diciembre el oficialismo contará con 120 votos, pero desde la semana pasada no logra sumar nueve escaños más, ni del lavagnismo, que lidera Alejandro "Topo" Rodríguez, ni del bloque Unidad y Equidad para el Desarrollo, presidido por el rionegrino Luis Di Giácomo. Ambos espacios suman 16 votos y sus referentes ya anticiparon que no votarán la ley porque consideran que la tasa se trasladará a los precios finales y, en forma directa, al bolsillo de los consumidores.

En el FdT retrucan esa crítica. Exhiben un un detallado informe de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que analiza el impacto sobre los precios y concluye que "si se obtiene una buena calificación por material reciclado contenido y ecodiseño" la tasa tendrá un impacto del 0,24% promedio en el precio, es decir un incremento máximo de 50 centavos.

La Tasa de Responsabilidad Ambiental es uno de los principales obstáculos para el tratamiento de este proyecto

En el interbloque de Juntos por el Cambio consideran que se trata de un "impuestazo encubierto" y, en línea con el planteo de las empresas, se niegan a aprobar la existencia de una nueva tasa. Los argumentos resonaron con fuerza en los últimos días, en el marco de la negociación que abrió el oficiaismo para introducir cambios al proyecto y obtener más apoyos. Con dos dictamenes aprobados la norma llegará al recinto cuando el oficialismo cuente con los respaldos necesarios adopte la decisión. Hasta ahora no los consiguió como resultado del estancamiento de esas negociaciones. En el FdT se mostraron dispuestos a aceptar modificaciones vinculadas a las metas de reciclado para los próximos años, los controles de distribución y los sistemas de gestión público y privado de la basura. Son las tres ventanas de negociación que habilitó el oficialismo. Ninguna de ellas ofrece la posibilidad de rediscutir la TAREP, que es lo que la oposición quiere borrar del texto para agilizar la negociación.

La tasa implica la aplicación práctica del concepto de "Responsabilidad Extendida al Productor", que implica que las empresas que ponen a los envases en el mercado se hagan cargo de su destino final. En este caso la tasa paga el servicio de reciclado que llevan adelante más de 150.000 trabajadores de sector, que desarrollan su trabajo en situaciones de informalidad y extrema pobreza. Esa población es la que permite que se recupere el 10% las 50.000 toneladas diarias de residuos que genera la Argentina. De ese total el 20% son envases.

Multinacionales alimenticias y de bebidas sin alcohol son las principales entidades que critican la norma

Las críticas más activas contra la iniciativa han sido impulsadas por multinacionales alimenticias y de bebidas sin alcohol, que están detrás del cabildeo promovido por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA).

El proyecto establece que la recaudación de la tasa correrá por cuenta de la AFIP y será destinada para implementar "Sistemas de Reciclado con Inclusión Social" para recuperar los envases y que vuelvan a la industria, pero incluyendo el trabajo de los cartoneros y las cartoneras de todo el país. También establece la creación del Fondo para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FGE), que estará en el ámbito del Ministerio de Ambiente.

Sin el apoyo de los bloques más chicos la iniciativa puede quedar frenada sin llegar al recinto y transformarse en un revés político el oficialismo cuando faltan diez días para el recambio de la mitad de Diputados y un tercio del Senado, donde el FdT perderá el quórum propio. Con esa debilidad en el horizonte cercano, el oficialismo quedará a merced de los cambios que pueda ofrendar sin resignar la tasa ambiental, todo lo contrario a lo que reclama JxC, empeñado en marcarle la cancha al oficialismo como un anticipo del equilibrio inestable que será moneda corriente a partir del 10 de diciembre.