Por Irina Hauser.

En una semana signada por el regodeo de Federico Braun, presidente de La Anónima, en la remarcación de precios en sus supermercados, los máximos exponentes del poder económico utilizaron tres de las entidades que los nuclean para quejarse y oponerse a los proyectos de ampliación de la Corte Suprema que analiza el Senado, justo cuando un grupo de 16 gobernadores estaba a punto de presentar su propuesta de llevar el número de integrantes supremos a 25. Contra esa idea en particular se lanzaron el Foro de Convergencia Empresarial, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), con los argumentos clásicos que el establishment suele repetir como simple reflejo conservador ante posibles cambios institucionales: hablaron de que esa modificación podría afectar "la inversión y el empleo", que atenta contra "la necesidad de mantener instituciones sólidas" --como si un tribunal de cuatro miembros lo fuera--, que afecta "la división de poderes", que hacen falta "reglas estables", que genera "incertidumbre" y que el "federalismo" ya está garantizado. Cualquier similitud con los latiguillos del macrismo, y la derecha en general, es más que una coincidencia.  

Empresarios, ruralistas, banqueros y los poderosos que integran estas organizaciones se habían congregado esta semana en la celebración de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que no sólo fue escenario del sincericidio remarcador de Braun sino de rechazos al proyecto sobre "renta inesperada". El titular de la entidad, Jaime Campos, lo calificó como "un retroceso", además de cuestionar los controles de precios y de pedir --otra vez sopa-- una "justicia independiente". No es la primera vez que el establishment se pronuncia en rechazo de medidas del gobierno actual: el Foro de Convergencia lo habían hecho en 2020 junto con la Unión Industrial Argentina, frente al aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. 

Este vez parecen envalentonados por factores adicionales. Uno puede ser el reciente discurso de Carlos Rosenkrantz en la Universidad de Chile, donde fue a hablar de "Derecho, Justicia y Populismo" y dijo que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad", una forma de invertir despectivamente la famosa frase de Evita "donde hay una necesidad, nace un derecho". Desde una postura elitista e individualista, de negación de las desigualdades, el supremo sostuvo que el problema es que los recursos escasean y no hay para todos. Sobre el populismo, como contracara inspirada en las luchas colectivas y distributivas, llegó a definirlo como un problema o peligro para la democracia. Es conocido que antes de llegar a la Corte Rosenkrantz era abogado de petroleras, industrias, laboratorios y hasta grandes medios. Incluso en ciertos casos polémicos no se excusó o demoró en hacerlo. Su estudio representó a Clarín en la batalla que libró contra la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual. 

Un antecedente de esa época pinta cómo ya el populismo era visto como amenaza por el establishment. En octubre de 2012 se celebraba en Miami la Cumbre de Medios de Comunicación y Propiedad Intelectual, que organizaba el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CERTAL) junto con la Federación Latinoamericana de Magistrados. En plena discusión judicial por la Ley de medios, el Grupo Clarín movía los hilos de ese evento al que fueron invitados jueces y juezas que debían definir el caso. Fue un escándalo. Allí una representante estadounidense en libertad de expresión dijo que había que evitar que en Latinoamérica el populismo llegara al Ejecutivo. Si lo hacía, era necesario que no controlara los Congresos. Pero si tomaba ambos, la única forma de frenarlos era "con la Justicia y los medios". Es una descripción cabal del poder de dominación, concentrado, basado en esas dos patas, donde los grandes medios además integran ese empresariado que patalea ante cambios en la Corte. 

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El actual presidente supremo, Horacio Rosatti, habló también el mes pasado en Clarín, en un ciclo sobre "Democracia y Desarrollo". Allí cuestionó cualquier hipótesis de reforma constitucional. "Esa costumbre tan argentina de en vez de cumplir lo reformado, reformar lo no cumplido", ironizó, en días en que también se hablaba de la reforma de la Corte. Transitó temas económicos, cuestionó las ideas dolarizadoras y la "costumbre de castigar al que progresa". "No hay nada para redistribuir si previamente no se acumuló", aseveró. Por los mismos días otro supremo, Ricardo Lorenzetti, que en sus tiempos de presidente del tribunal tenía reuniones frecuentes con el empresariado y el "círculo rojo", dejó clara su oposición a una ampliación de la Corte, con el argumento de que no se puede estar cambiando todo el tiempo el máximo tribunal.  

Empresarios y supremos 

Si bien el número de cortesanos/as no cambia con gran frecuencia, es una característica que puede variar por ley, lo que le da cierta razón al diagnóstico de Lorenzetti. Desde 1960 las oscilaciones fueron entre cinco y nueve miembros. Las últimas dos fueron en 1990 y en 2006. Los supremos/as no duran una eternidad --salvo excepciones célebres como la de Carlos Fayt-- según estableció la politóloga investigadora Andrea Castagnola, quien al analizar los mandatos entre 1900 y 1914 encontró que los supremos/as (sólo hubo tres mujeres) duran en promedio seis años y medio en el cargo. Castagnola publicó esos datos en su libro "Manipulando las cortes en las nuevas democracias", donde analiza el devenir de la Corte Argentina y analiza el "control político". 

¿Por qué el empresariado cuestiona una ampliación a 25 integrantes? "Ese número rompe drásticamente el statu quo en un tribunal con amplia injerencia en temas económicos. El empresariado intuye que un cambio semejante no le va a ser favorable", dice Castagnola ante la consulta de Página/12. Según el constitucionalista Gustavo Arballo, secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de La Pampa, el poder económico busca sencillamente "cuadrarse en el conservadurismo". 

La Corte actual, la que quedó conformada en el gobierno de Mauricio Macri -- que intentó nombrar a Rosatti y Rosenkrantz por decreto-- no fue especialmente benévola con el sector empresario durante el gobierno actual, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que falló en forma adversa a Farmacity en su pelea contra la provincia de Buenos Aires para instalar filiales, y contra Esso/Axion en la demanda  contra el municipio de Quilmes por la potestad municipal de establecer tasas. Pero un recorrido por fallos durante el gobierno de Cambiemos revela una jurisprudencia regresiva en expedientes sobre derechos laborales, y donde incluso algunos de los jueces más viejos cambiaron de posición para ponerse en contra de las y los trabajadores como quien se adapta a los vientos políticos. Fueron fallos sobre indemnizaciones, accidentes laborales, avalaron despidos y limitaron el derecho a huelga. Hay que reconocerle a Rosatti que no acompañó esas posiciones. Pero habría que agregar la gran maniobra del tribunal que, tras tener seis años cajoneado el expediente sobre desapariciones ligadas al Ingenio Ledesma, habilitó la impunidad biológica de Carlos Blaquier. Con anterioridad rechazó responsabilidad de Techint ante el reclamo de la hija de un trabajador desaparecido. 

Proyectos y seguridad  

"Una Corte chica puede ser cooptada con facilidad por los sectores económicos. Si queremos defender la república y las instituciones, hay que darle más herramientas al Poder Judicial para ser independiente. Una Corte con más miembros dará celeridad en el Poder Judicial, lento y desprestigiado, pero también dará diferentes miradas y seguridad jurídica", sostiene la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien firmó la propuesta de ampliación de la Corte presentada por los gobernadores esta semana junto con José Mayans, como vicepresidenta y presidente del interbloque del Frente de Todos. La propuesta de los gobernadores tiene como idea de fondo que haya una representación federal, aunque el texto presentado no especifica nada de eso para reducir al mínimo los planteos de inconstitucionalidad. Sólo señala que serán 25 miembros, varones y mujeres. Los fundamentos muestran estadísticas de la cantidad de expedientes que ingresan a la Corte: por ejemplo, el año pasado fueron 21.053 y se dictaron 8.358 sentencias. Esto hace que el trabajo sea delegado y muchas decisiones se tomen por el artículo "280", que permite a los supremos rechazar planteos sin dar fundamentos. También se plantea que el número de jueces debe guardar relación con la población por lo que se muestran para ilustrar Cortes como la de Colombia que tiene 23 integrantes, Costa Rica 22, Venezuela 20, Chile 20, Ecuador 21. 

El exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni fue uno de los especialistas que expusieron en Senado y defendió una ampliación con criterio federal. Sobre la postura empresaria le dijo a Página/12: "No creo que los inversores se sientan seguros con una Corte que en cuatro personas resume el trabajo que en Europa realizan las Cortes Constitucionales y los Tribunales de Casación, es decir, los 12, 15 o 16 jueces de las primeras junto a los cuarenta o cincuenta de los segundos. Estos segundos no existen en Estados Unidos porque no necesitan Casación, porque los códigos son provinciales, pero igual su Corte Suprema no tiene cuatro jueces y, además, todos saben quiénes son los republicanos y quiénes los demócratas y nadie se asusta de eso ni cree que haya menos seguridad jurídica". Además, dijo, no le parece que genere "seguridad" un sistema donde "la jurisprudencia constitucional de la Corte no es obligatoria para todos los jueces del país, o sea, que aquí nadie sabe si un contrato es válido o nulo según se atraviese un destacamento policial o según el estado de ánimo de cuatro personas". "La seguridad jurídica --enfatizó-- tiene como primer requisito la previsibilidad de lo que van a resolver los tribunales y con la organización judicial que tenemos esto es imposible. Lo que se pretende es justamente dar seguridad jurídica y no dejar el destino, la libertad y el patrimonio de todos librado a la arbitrariedad de un grupo ultraminoritario de jueces". 

Arballo ve problemática una Corte "supernumeraria", que a su entender no sería más ágil. Esto podría mejorar, señala, con "la división en salas, que funcionarían como mini cortes simultáneas con especialistas; es algo previsto y aplicado en provincias bajo el marco de constituciones locales, pero a nivel nacional tiene potenciales problemas de constitucionalidad". También vislumbra una opción híbrida: que haya salas pero las decisiones se tomen entre todes. A su juicio "lo factible y deseable hoy sería llevar la Corte a siete jueces, podría acercarse a la paridad de género, sumar diversidad geográfica, oxigenar al tribunal actual, y facilitar consensos". Castagnola entiende que hay debates previos y profundos que no se han dado seriamente como el llamado "control difuso de constitucionalidad" que permite que cualquier juez/a revise leyes.  

Antes de plantear la ampliación de la Corte, los gobernadores habían pedido intervenir, sin suerte, en el expediente por los fondos coparticipables para seguridad que reclama la Ciudad de Buenos Aires. Alertaron sobre el reparto desigual de recursos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los impulsores de la ampliación suprema, le dijo a Página/12 que “la amenaza de un fallo a favor de CABA para restituirle los beneficios desproporcionados que le otorgó Macri por decreto muestra que la Corte con su formato y constitución actual no tiene ni sensibilidad ni representación federal. El proyecto de los gobernadores apunta precisamente a esto”. 

En el Senado hay cinco proyectos con posibilidades de avanzar bajo la forma de otro que incluya algo de todos. Los de Clara Vega, Alberto Weretilneck, Adolfo Rodríguez Saa y Silvia Sapag varían en el número de integrantes (hay hasta 16 miembros) y coinciden en el criterio federal/regional y de paridad de género. Es una reforma que requiere  mayoría simple. A futuro, el gran enredo, si hubiera ley, será la designación de magistrados/as ya que requiere dos tercios. Hoy por hoy es claro que la discusión en el Congreso es más política que de contenido jurídico y desafía a una Corte enfrentada con el Gobierno, y viceversa. Por lo pronto, la posición tan sincera del empresariado ayuda a entender los intereses más básicos de fondo, tanto económicos, corporativos y del poder real, mientras transcurre una pelea que luce necesaria.