Hay 17 millones de personas de personas que van a ser afectadas en el caso de que esta ley sea implementada”, dicen las organizaciones sociales.

“Nos presentamos ante cada legislador para explicarles cuáles eran los artículos que debían ser modificados y básicamente no fuimos escuchados”, afirmó María Gabriela Sánchez en diálogo con Qm. Además, agregó que las organizaciones sociales están siguiendo todos pasos “hasta hacer la presentación legal en caso de que María Eugenia Vidal no escuche”.

“El problema de esta ley de bosques es que es anticonstitucional porque está por debajo del piso mínimo, explicó la integrante del Centro Cultural-Ambiental Tonkiri, en referencia a los términos que establece la ley de presupuestos mínimos. Dicha ley establece un piso mínimo de protección ambiental de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad.  

“Tampoco fueron contemplados en la ley los cursos de agua”, señaló. Y aseguró que “hay 17 millones de personas de personas que van a ser afectadas en el caso de que esta ley sea implementada”.  La ambientalista explicó que deben existir esas grandes áreas forestadas para que absorban el agua y “no ocurra lo que está ocurriendo”.

Según indicó Sánchez, en el resto del país, cuando una empresa daña un bosque debe pagar una multa que automáticamente se invierte en la reparación del daño. La Provincia de Buenos Aires es, a partir de esta ley, el único caso en el que lo recaudado por ese tipo de multas “va a rentas generales, con lo cual ese dinero se licúa y jamás va a llegar a los bosques”.