El secretario general de Surrbac, Mauricio Saillen, consiguió del juez federal Ricardo Bustos Fierro la habilitación para trabajar, pero en el camión de basura. Mientras avance la investigación que lo involucra por lavado de dinero, asociación ilícita y otras figuras penales, el referente de los recolectores estará impedido de ejercer su cargo. Cierto es que el dirigente aprovechó su lugar en el COYS para encarar una campaña de promoción “encubierta”; y no tanto, porque, como se sabe, el fiscal Enrique Senestrari investiga un audio en el que supuestamente se escucha al poderoso dirigente participar de una asamblea.

La titular del ex ESOP, Victoria Flores, salió rápidamente a aclarar que estaban obligados a devolverle el puesto de trabajo a Saillen, si Bustos Fierro así lo consideraba. Con el regreso del capo, la opinión general en el municipio y las empresas era única: el clan Saillen-Catrambone mantenía su poder intacto. Sus hijos, Juan y Franco Saillen lograron mantener el mito vivo entre los afiliados, ayudados por una intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación que no se explica por las escasas atribuciones en un sindicato apuntado de cobrar tasas usurarias a sus representados por préstamos, por citar un ejemplo grave y que atenta contra el manual del sindicalista que se debe a las bases.

Saillen subiendo fotografías publicitarias a sus redes durante el horario de trabajo, la posibilidad de que Catrambone también pudiera hacer lo mismo en poco tiempo al quedar en libertad, la jugosa paritaria que cerró el municipio con el Surrbac teniendo en cuenta que la mitad de la plantilla de personal la emplea el municipio a través del ente autárquico, son algunos elementos que podrán jugarle en contra al actual Ejecutivo. Si bien la gestión de Ramón Mestre y su relación con el sindicato es la investigada, cabe preguntarse por qué con el cambio de signo político el único objetivo de “saneamiento” fue el Suoem.

Rápidos de reflejos, desde el municipio quieren evitar que los salpique la atención pública que concentra la causa que involucra a la cúpula del Surrbac y a funcionarios mestristas. Flores, quien desde su banca presionaba a los radicales para que rindieran cuentas sobre la basura, hoy tiene otro rol y una relación laboral directa con los recolectores y sus representantes.

Ayer, se presentó de manera voluntaria en el Concejo Deliberante para que los ediles se sacaran las dudas sobre la gestión del COYS que, con la llegada de Llaryora amplió sus servicios y logró un manejo más eficiente del presupuesto, pero no buscó desarmar el imperio de los Saillen.

La presentación de Torres no calmó la expectativa de la oposición en el recinto que sospecha –como el Ejecutivo- que la causa de los Saillen los entretendrá políticamente. Aprovechando que Saillen ubicó nuevamente al COYS en el centro de la escena, desde el bloque Juntos por Córdoba, que lidera Juan Negri, plantaron sospechas sobre la contratación de personal.

“En un ejercicio extremo del doble discurso, por un lado se agita la bandera de la crisis y la falta de solvencia financiera del municipio, y por otro se dilapidan recursos de manera inexplicable, sólo con la finalidad de satisfacer las necesidades políticas de quién fue elegido para gobernar esta ciudad a partir del 10 de diciembre de 2019”, sostuvo el edil.

Y agregó: “En ese marco, la empresa municipal Córdoba Obra y Servicios (COYS) habría contratado una determinada cantidad de personal de la que no se tiene registro acerca de si efectivamente prestan funciones y si dichos servicios eran necesarios en el actual contexto enunciado anteriormente”.