Por Ramiro Melucci.

“Sí, el mismo que nos había salido a matar”, corroboró un funcionario cuando le preguntaron si el llamado que había recibido el intendente, y que acercó al gobierno local con el sindicato municipal, había sido hecho por el dirigente gremial que casi cuatro meses antes puso su firma en un comunicado que decía que “del ridículo y la arbitrariedad nunca se vuelve”, en referencia al jefe comunal.

Era Rubén “Cholo” García, el presidente de la Federación de Sindicatos Municipales (Fesimubo). Despojada de rencores, la conversación sirvió para encauzar la negociación salarial cuando el conflicto afectaba cada vez más el funcionamiento de la comuna y oficinas adentro se empezaba a convertir en un duelo entre los que tenían la orden de delatar y los que tenían la convicción de escrachar. Es decir, entre los funcionarios que debían informar qué empleados no trabajaban (para que luego les descontaran las horas) y los delegados sindicales que comenzaban a exponer con nombre y apellido a los que cumplían esa tarea. El secretario de Educación, Fernando Rizzi, había recibido pocos días antes el primer sablazo.

El acuerdo descomprimió la tensión acumulada desde abril. Su primer efecto fue el levantamiento del paro de los docentes municipales que estaba convocado para mañana. Al revés de lo usual, la propuesta se la llevó el sindicato al Ejecutivo. Era de un triple 10%: en agosto, septiembre y octubre. El municipio le sacó un 1% del incremento final y el gremio dio su anuencia. Esta vez sin asambleas virtuales ni de ningún tipo.

El gremio se llevó un número global que duplica a la oferta de julio. El municipio identificó ventajas en el aspecto fiscal, sobre todo en el primer tramo. “Es un acuerdo que se puede pagar”, dijeron cerca del intendente, confiados, además, en que crecerá la recaudación en el segundo semestre.

El conflicto con los municipales se empezaba a convertir en un duelo entre los que tenían la orden de delatar y los que tenían la convicción de escrachar.

La paz con los municipales se firmó al cabo de una semana que había comenzado con noticias poco gratas grata para la administración. Una era el trabajo a reglamento de los propios agentes. Otra fue el fallo de primera instancia favorable al diputado Guillermo Castello por el cobro de la tasa vial en las estaciones de servicio. El bloque de Acción Marplatense no demoró en aventurar una lluvia de sentencias en el mismo sentido y en pedir la derogación de la ordenanza. Montenegro no piensa en nada de eso. El viernes apeló y no detendrá nada (se apresta a sacar la segunda licitación) hasta que la última instancia judicial no se haya pronunciado. Estima que alguna causa, de este o de otro municipio, podría llegar a la Corte.

Pero el foco de la política vernácula estuvo puesto durante toda la semana en el Concejo Deliberante, donde se trató, y se terminó aprobando, la ordenanza que permite la instalación de un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria. Ni el testimonio de sobrevivientes del centro clandestino de detención ni el pedido de los organismos de derechos humanos corrió del eje al interbloque oficialista. Tampoco los argumentos legales y económicos que enarboló con eficacia la oposición.

Llamó la atención que, ante semejante controversia, la sociedad de fomento de Faro Norte no haya hecho ningún comentario durante el tratamiento del expediente. Ni siquiera cuando se puso en duda su legitimidad para firmar el convenio con el municipio. Otro que vio toda la discusión desde afuera fue el empresario que montará la destilería.

En el debate legislativo quedó claro que el terreno en cuestión es lindero al Faro de la Memoria en las normas actuales, pero formaba parte del mismo predio durante la dictadura. De allí la insistencia de los organismos de derechos humanos para que el negocio no prospere. En sus primeros seis minutos de furia contra el gobierno municipal desde que es concejal, Juan Manuel Cheppi, del Frente Renovador, alertó que será imposible el funcionamiento de la gintonería por las protestas de las organizaciones. En Unión por la Patria también advierten que algunos desconocen lo perseverantes que pueden ser los organismos.

En el fragor de la batalla también se observaron diferencias tácticas en la oposición. Los concejales de Acción Marplatense dijeron el jueves a la mañana que el expediente no se podía tratar porque la Justicia había admitido la acción preventiva de daño presentada por las agrupaciones de derechos humanos. El primero en señalar que el planteo no tenía razón de ser no fue el oficialismo, sino el bloque kirchnerista. “Se mandan solos, buscan protagonismo”, recriminaron.

Lo cierto es que el expediente abrió otro frente judicial para el gobierno comunal. Allí radica otra expectativa opositora para frenar el bar de gin. Al margen de la presentación que realizó la diputada provincial Lucía Iañez, de Unión por la Patria, para declarar al predio “sitio histórico testimonial”.

Integrantes de organismos de derechos humanos siguieron la sesión desde la barra.

Tarea para la Legislatura bonaerense, ámbito desde el que emanó la noticia más sorpresiva de los últimos días. A pesar de la resistencia de las cámaras del comercio, hotelera y gastronómica, y de que la vicegobernadora Verónica Magario había aclarado que no era “una iniciativa del gobierno” de Axel Kicillof, el peronismo aprobó en la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado el proyecto que multiplica el monto de las indemnizaciones por despido. Uno de los que votó fue Pablo Obeid, de Mar del Plata. Ya no queda solo Gustavo Pulti, que lo había avalado en Diputados.

Lo que desconcierta y da lugar a múltiples lecturas es que la oposición bonaerense ya había mostrado una foto que anticipaba que no están los votos en el recinto para convalidar el proyecto. Es decir que podrá avanzar en alguna comisión más (le quedan dos), pero difícilmente llegue al plenario para ser rechazado. Mientras, la sobrevida del expediente le da de comer al radicalismo y al PRO, opositores tenaces al cambio en la fórmula de cálculo de las indemnizaciones.

Por esto que ocurrió en La Plata, pero sobre todo por haber logrado su cometido en el Concejo, la tropa legislativa de Montenegro tenía razones suficientes para oscilar entre la satisfacción y el alivio. Pero terminó la semana en llamas.

El concejal Cheppi alertó que será imposible el funcionamiento de la gintonería por las protestas de las organizaciones. En Unión por la Patria también advierten que algunos desconocen lo perseverantes que pueden ser los organismos.

En la previa de la sesión del jueves, el concejal Julián Bussetti le mostró al presidente del bloque, Agustín Neme, unas fotos que retrataban la histórica relación del kirchnerismo con el chavismo. Entre ellas una de Cristina Kirchner y Hugo Chávez. Neme le pidió que las dejara en su oficina y que, si la sesión se prestaba para las chicanas, evaluarían la conveniencia de usarlas.

Pero Bussetti no le hizo caso. Durante el tratamiento de una resolución que transmitía preocupación por la falta de transparencia en los comicios venezolanos, y mientras la kirchnerista Mariana Cuesta explicaba que su bloque iba a permitir que la aprobación fuera unánime, el edil sacó la foto de la expresidenta con Chávez y puso en riesgo un mensaje de unidad después de horas de tensión.

Cuesta le dijo provocador, nefasto, troll. La presidenta del Concejo, la radical Marina Sánchez Herrero, lo retó como a un nene: “No era la sesión para provocar”. Neme pidió la palabra y se hizo responsable, aunque no lo era. “No me representa”, tiró. Al rato se paró y se fue: estaba tan furioso que no llegó ni a votar la resolución por Venezuela, tema fundamental para la tribuna del oficialismo.

Más tarde, puso a disposición su renuncia a la presidencia del bloque. Estaba decidido a dar un paso al costado si el perfil que se buscaba era otro, más provocador y menos templado. Pero el resto de sus compañeros de bloque lo respaldó y desde el Ejecutivo lo ratificaron en el puesto. Con una promesa inequívoca sobre el concejal díscolo: “Lo vamos a ordenar”.