La Unión Industrial Argentina volvió a quejarse por las trabas a las importaciones y advirtió que las dificultades para acceder a insumos dificultarán la recuperación de la actividad, algo a lo que apuesta el Gobierno para dejar atrás lo peor de la crisis y poder mostrar crecimiento económico y generación de empleo de cara a las elecciones.

La reunión de junta directiva de la UIA manifestó que uno de los temas que preocupan es el régimen de aprobación para el acceso a insumos importados, y remarcó que "el actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad". El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) es el procedimiento que realiza el Ministerio de Desarrollo Productivo antes de convalidar la importación de algún insumo o bien final importado, como paso previo y necesario para acceder a las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Letra P contó en diciembre que recrudecía la disputa entre las empresas y el Gobierno por la cantidad de dólares que iba a haber disponibles para la producción. La UIA estimaba que requeriría U$S55.000 millones durante 2021 y el Ejecutivo consideraba que la recuperación movilizaría importaciones por U$S45.000 millones. En medio de ese tira y afloje, el secretario de Industria, Ariel Schale, pedía a las empresas que anticiparan sus cronogramas de importaciones para este año, con la idea de administrar la disponibilidad de divisas.

"El reclamo principal es por el acceso a divisas, específicamente porque necesitan más cupo de lo que hoy les permite el Banco Central. Para nosotros, es la confirmación de una muy buena noticia. Muchas eran empresas inviables económicamente en diciembre de 2019 y hoy se presentan al Gobierno con el problema de que necesitan más divisas para poder acceder a más insumos para generar más producción", dijo Schale a este medio a fines de 2020. Además de administrar la escasez de dólares, el secretario de Industria dijo que provoca esa tensión con las empresas para que desarrollen proveedores locales. 

La UIA también "manifestó preocupación por la suba en las tarifas a industrias de alto consumo energético", el segmento que compra directamente a las distribuidoras y que sufrirá aumentos de en torno a 75%. "Los aumentos deben darse en un marco de previsibilidad y con escalonamientos", pidieron los industriales. "También se destacó que el aumento de tarifas -y la reducción gradual de los subsidios- no puede recaer exclusivamente sobre el sector productivo, que en el actual contexto debe sostener el mercado interno y ser competitivo en lo que refiere a exportaciones", añadió, a días de que se realicen las audiencias públicas para definir los cuadros tarifarios de transición.

La entidad que preside Miguel Acevedo también reiteró el reclamo para que se elimine la prohibición de despidos y suspensiones y definió como "una de las prioridades más urgentes" a "la normalización del mercado laboral". "Medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización" no promueven el crecimiento de un mercado de trabajo formal, consideraron los industriales.

El empleo industrial cayó en 2020 pero mostró señales de recuperación a partir de noviembre, con creación de algunos miles de puestos de trabajo. Así y todo, resultados preliminares de una encuesta de expectativas que realizó la UIA siembra dudas a futuro. "La difícil situación se expresa en las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses, que volvieron a ubicarse en terreno negativo en diciembre tras dos meses positivos. De este modo, si bien hay un signo de recuperación moderado, aún hay dificultades relacionadas con la debilidad de la demanda, la incertidumbre macroeconómica y las regulaciones vigentes sobre el mercado de trabajo. La recuperación del empleo continúa siendo un desafío", sostuvo el Centro de Estudios de la UIA.

El Gobierno pone sus expectativas de rápida recuperación económica en la construcción y la industria. Los industriales todavía ven que esa recuperación es heterogénea y que requiere de un mejor contexto de inversiones para que sea sostenible. En el corto plazo, el Ejecutivo apuesta a controlar la inflación y la brecha cambiaria, mientras elabora proyectos a mediano plazo que surgen de las mesas sectoriales. Así pasó con la ley para incentivar la inversión en construcción y el proyecto de ley de desarrollo automotriz que Alberto Fernández enviará al Congreso. Otras iniciativas, como la promoción de inversiones agroindustriales, marchan a velocidad más lenta.

Por Esteban Rafele