Darío Abán, quien fuera candidato por esa lista, dijo que “no se trata de la defensa acérrima de los intereses de nuestro sector, sino de la reacción al avasallamiento de nuestros derechos como docentes, afiliados y ciudadanos. En efecto, hemos sido privados de la libertad de elegir y ser elegidos, de determinar cómo y quiénes administrarán los destinos de nuestra querida asociación”.

Destacó el excelente comportamiento cívico de maestros, directores y fiscales de las distintas listas que, en el ámbito escolar,  llevaron a cabo las tareas electorales con eficiencia y honestidad. 

“Lamentablemente, la decisión expresada en las urnas por los educadores fue vulnerada, premeditadamente fuera de los establecimientos escolares,  por actores inescrupulosos. Sí los comicios anulados el  año pasado contenían innumerables irregularidades y vicios, en estos últimos se han batido todos los records”.

Dijo que “a ello se suman las arbitrariedades en las que incurrió la Junta Electoral, que aún, con la presencia de los veedores del Ministerio de Trabajo, convalidó la documentación adulterada desestimando los certificados de escrutinio de mesa que contaban con las firmas de las autoridades y fiscales de las listas, que obraban en poder de nuestra apoderada”.

“Entonces, hay dos cómputos finales para una misma elección. El primero, concretado y documentado fehacientemente en las escuelas por los maestros y avalado por las autoridades de mesa y fiscales reconocidos.  El segundo, practicado y  aprobado por la Junta Electoral, a partir de la documentación adulterada temerariamente durante la guarda y/o traslado de las urnas por parte de funcionarios policiales”.

“Estamos convencidos que la anulación de otro proceso electoral no alcanzará para detener este accionar delictivo que conspira contra la vida institucional con más de 60 años de historia sindical. Por ello, habrá que convocar a toda la docencia para exigir que se identifiquen a los responsables del fraude cometido y se determinen las penas y resarcimientos que estipulan las leyes por el fraude electoral cometido”.

“Más allá de los prejuicios generados en lo institucional, la vulneración del derecho de elegir y ser elegido nos priva de la libertad para decidir sobre la base de nuestras conciencias y la capacidad de mejorar la realidad en lo colectivo e individual”.

“Finalmente Abán y los otros integrantes de la Lista Bordó expresaron que “pretendemos llamar la atención a todos las autoridades elegidas democráticamente, sobre actos que afectan el espíritu democrático, la limpieza, libertad y transparencia de un proceso  electoral, que tienen una sanción para su autor prevista por  la legislación vigente, y el apoyo de toda la ciudadanía para luchar contra este tipo de accionar nefasto que con mayor frecuencia presenciamos en nuestro querido Jujuy. Tengamos presente que: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza”.