Por: Claudio Jacquelin.

La postulación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y el DNU por el que se destinaron 100.000 millones de pesos a la resucitada Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) amenaza con tener más consecuencias que las que el Gobierno previó.

Los dos asuntos que tratará esta semana el Congreso asoman como mojones de un camino en el que empiezan confluir (y a divergir) dirigentes y legisladores de diferentes espacios e insinúan un reordenamiento del mapa político.

Las coincidencias (o realineamientos) en ciernes desbordan los enrolamientos partidarios establecidos y los atraviesan. Por ahora, solo por temas puntuales, aunque algunos se ilusionan con efectos de más largo alcance.

De manera informal e inorgánica, han comenzado a desarrollarse conversaciones y a fomentarse relaciones entre dirigentes y legisladores que hasta hace poco encontraban pocos puntos en común, a los que les sobraba desconfianza mutua y no hallaban ningún incentivo provechoso para acercarse.

El avance sobre la Corte, con un candidato tan polémico como Lijo (impulsado por el actual ministro del tribunal Ricardo Lorenzetti, llamado en Tribunales El Conde de Montecristo) y la asignación de fondos de uso discrecional para el sistema de espionaje estatal tienen más en común de lo que parece. Causan tanto temor y escozor como despiertan el instinto de supervivencia de muchos dirigentes de un arco que va desde los opositores cooperativos a algunos enrolados en la oposición sin concesiones.

En el mismo cuadrante de esas dos decisiones se inserta para sus críticos el creciente hostigamiento hacia toda expresión crítica a políticas u opiniones del oficialismo que es generado, instigado y sostenido desde el triángulo máximo del poder que conforman el Presidente, la hermanísima Karina y el cada vez más empoderado asesor Santiago Caputo.

Periodistas (en primer lugar), economistas y dirigentes opositores son el blanco permanente del Gobierno y de su bien provisto ejército de propagandistas y operadores comunicacionales.

Las críticas, el rechazo y la preocupación que este combo ha desatado y despierta en muchos actores públicos (desde colegios de abogados hasta legislaturas provinciales, pasando por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la transparencia, la independencia judicial y la libertad de expresión) estimulan y realimentan la reacción y la preocupación de dirigentes políticos. Un estado de cosas que, según Elisa Carrió, es el germen de un camino sin retorno hacia una construcción antirrepublicana y autoritaria.

La suya, es una vez más, la expresión más estridente del centro del mapa político. Por eso promete llevar a la Justicia el DNU sobre los fondos reservados de los que, según su bloque de diputados, ya se gastaron en menos de un mes 80.000 millones de los 100.000 millones de pesos asignados.

Lo singular de la situación, en medio de demasiadas peculiaridades de este tiempo, es que los diferentes posicionamientos sobre estos temas, que mueven tanto cuestiones de principios como de intereses, no responden a espacios políticos establecidos. La excepción es la Coalición Cívica, que es las única fuerza política no oficialista con un liderazgo indiscutido, y en la cual no hay ni siquiera matices respecto de la candidatura de Lijo, los millonarios fondos para la SIDE o el embate sistemático contra el periodismo.

Lo novedoso no es ese escenario, sino los movimientos que se advierten debajo de una superficie dominada ampliamente por Javier Milei y los suyos. Ayudados por la continúa reposición de herencias malditas, errores y escándalos de los gobiernos precedentes. Empezando por el sórdido caso en el que Alberto Fernández está imputado de ejercer violencia física y moral sobre su expareja Fabiola Yañez, que no deja de proveer novedades escabrosas.

No hay alambrado que resista

Después de la debacle electoral de las fuerzas tradicionales, taladas en las elecciones presidenciales por la novedosa motosierra libertaria, que certificó su estado de descomposición, las fronteras partidarias, así como los bloques parlamentarios, asoman como meras referencias de un mapa en proceso de reconfiguración profunda. No hay alambrado que resista la avanzada de exploradores.

Casi todos los territorios están en cuestión, con presiones exógenas y replanteos endógenos, que hacen que su destino sea más que incierto y dependa, en buena medida, de la suerte que corra el Gobierno en los próximos meses, sobre todo en el plano económico-financiero. Todo es incierto.

“Fuera del extremo opositor que ocupan el kirchnerismo y la izquierda, el resto de las fuerzas y bloques legislativos están atravesados por divisiones similares, solo con pequeñas diferencias en cada caso. Tanto el Pro, como el radicalismo o el espacio que en Diputados conforma el variopinto bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) tienen en su seno un sector decidido a cooperar con el Gobierno casi en todo y hasta dispuesto a asociarse en algunos emprendimientos. Y hay otro que tiene muy pocos puntos de coincidencia con los libertarios o casi ninguno”, explica un alto exdirigente de Cambiemos, que mantiene vínculos fluidos con todos los opositores y hasta con algunos oficialistas.

“Aún en los espacios donde prevalece una visión (sea esta prooficialista o antimileísta) son ordenados por dos sensaciones: el temor y la especulación. El temor y la especulación se dan por el riesgo de perder la base electoral, la identidad partidaria, las oportunidades de ocupar cargos o la posibilidad de recibir beneficios políticos o recursos para los territorios subnacionales en los que gobiernan o tienen chances de hacer un buen papel electoral”, concluye un legislador de origen peronista que hoy forma parte de HCF, pero que es bastante más crítico del gobierno que el jefe del bloque, Miguel Pichetto.

“La principal fuerza organizada bajo esas premisas es el macrismo puro. Pero en casi todos los demás espacios hay situaciones similares, como en el nuestro”, admite el diputado.

Lijo, un debate revelador

El tratamiento del pliego de Lijo, que empezará a ser abordado por la comisión de acuerdos del Senado este miércoles, descorrerá el velo de los apoyos con los que cuenta, pero también reflejaría alineamientos, coincidencias e intereses compartidos que exceden la adscripción partidaria de los senadores.

La polémica que rodea la postulación así como el amplio arco de rechazos que despierta y el estrecho número de apoyos develados es tal que la duda sobre la suerte de la propuesta de Milei es una incógnita de proporciones y son más los que prefieren callar y esperar el momento de mostrar las cartas antes que quedar expuestos. Un partido de truco entre profesionales. El temor y la especulación en estado puro.

Que el silencio no solo provenga de dirigentes políticos de primera línea, como el presidente de la UCR, o de la expresidenta Cristina Kirchner, es tan elocuente como el de AEA, la asociación que reúne a los principales dueños de empresas del país.

No es un dato menor que esa entidad cuente en su historial con decenas de pronunciamientos sobre la independencia judicial y de la Corte Suprema, y en este caso haya preferido no fijar posición y ampararse en el paraguas del Foro de Convergencia, que sí expresó su rechazo al ingreso del más cuestionado de los jueces federales. Una demostración cabal de un amplio entramado de intereses y compromisos, y el lugar que ocupan Lijo y Lorenzetti en ese oscuro tejido. La tan declamada transparencia y seguridad jurídica no parece ser un valor absoluto para muchos que la demandan cuando sus prioridades se ponen en riesgo.

El radicalismo, que se autopercibe y autodefine paladín de las instituciones de la república y de la independencia de poderes, es uno de los casos donde la posición que adopten sus senadores y, en especial Lousteau, puede potenciar la sorda crisis interna que lo atraviesa. Lo mismo ocurre con el DNU de los fondos para la SIDE en Diputados, donde el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, trata de hacer equilibrio entre cooperadores y opositores duros.

En el caso del Senado, por un lado, se expondrá el grado de influencia que ejercen dos polémicos personajes, como son el dirigente partidario y universitario Emiliano Yacobitti (sostén fundamental de Lousteau) y el empresario del juego Daniel Angelici, cuya relación con los jueces del fuero federal es tan estrecha (o promiscua) como han expuesto sus fastuosas fiestas de cumpleaños.

Por otro lado, saldrá a la luz el juego que realizan los gobernadores radicales con el Gobierno, en función de sus intereses y necesidades territoriales. No todos están en el mismo plano y algunos se juegan su proyección nacional, como es el caso del santafesino Maximiliano Pullaro, único mandatario provincial que se referencia en Lousteau.

Por el lado del kirchnerismo, su habitual hermetismo adquiere nuevas connotaciones, dada su propensión a fijar posiciones estrictas tanto de naturaleza política como de tono moralizante.

Kirchneristas en las sombras

“El presidente del bloque [el formoseño José Mayans) nos pidió a todos dejar el tema en sus manos y salvo un par de senadores que se cortó y se reunió con Lijo, eso hicimos. Por ahora no hay definición. Vamos a ir a escuchar a la reunión de acuerdos. Después se decidirá”, hace un esfuerzo por convencer un fiel escudero de Cristina y Máximo Kirchner.

Varias versiones han dado cuenta de que ha habido conversaciones de kirchneristas con los enviados de Lijo y Lorenzetti (los únicos que realmente se estarían movilizando para lograr apoyo), a cambio de poder imponer nombres para los cargos de Procurador y Defensor General. El silencio sigue retumbando.

Uno de los señalados de haber estado en negociaciones es el camporista Eduardo “Wado” de Pedro, quien niega a quienes lo consultan haberse involucrado en el tema por disciplina de bloque. Sus antecedentes como protagonista de la política judicial kirchnerista, interlocutor de jueces y fiscales, exmiembro del Consejo de la Magistratura y hermano de crianza de otro camporista que fue integrante de ese cuerpo dan verosimilitud a los rumores. Tanto como sorprende su ajenidad a una movida de esta magnitud, con la importancia que le asigna Cristina Kirchner al Poder Judicial y los problemas que sigue teniendo n el fuero federal, donde ya fue condenada. Pocos gozan de la confianza que “la jefa” deposita en él en esta materia. Pero la negativa es rotunda.

La incomodidad y las diferencias que la postulación de Lijo, así como los fondos reservados para la SIDE, despiertan transversalmente son seguidas con interés en todos los espacios.

Preocupan las consecuencias no solo institucionales de largo plazo sino también político-electorales de cara a los comicios de 2025 que tendrían los dos asuntos. Tanto en caso de prosperar como de ser rechazados.

Por eso, los que están en la oposición menos cooperativa esperan el inminente tratamiento en el Congreso en pos de reforzar los vínculos con otros dirigentes y legisladores de distintos espacios que comparten su rechazo para empezar a construir, primero, algunas sociedades transitorias por temas.

Luego, los más ambiciosos sueñan con empezar a sentar algunas bases con vistas a algún armado electoral más transversal. Sería diferente de lo que hasta ahora se ha intentado, con desprendimientos del Pro, el radicalismo, el peronismo no kirchnerista y las huestes de Carrió. Por ahora, expresiones de deseo y manifestaciones del estado de descomposición que atraviesa al desplazado establishment político.

Todo dependerá, en gran medida, de los resultados que obtenga el Gobierno en materia económica y de su capacidad de construcción política.

El horizonte sigue sembrado de incertidumbre, mientras en el presente abundan movimientos que pueden alterar lo que ahora se prefigura. Lijo y la SIDE asoman como las avanzadas reordenadoras.