Mauricio Caminos

Hay un hilo rojo entre el fallo del juez Ariel Lijo que le exigió al Gobierno que garantice el funcionamiento de la ex-ESMA y los demás Sitios de Memoria de la Capital Federal y su posibilidad de ser miembro de la Corte Suprema de la mano de Javier Milei. Un dictamen que rápido se interpretó como un revés de la política negacionista de la gestión libertaria –la denuncia la impulsaron los organismos de derechos humanos y sectores del peronismo–, con el correr de los días su significado puede cambiar, a partir de la compleja trama de negociaciones por las sillas en el máximo tribunal.

“Ariel está en un laberinto”, coincidieron dos fuentes que conocen despachos de Comodoro Py sobre la situación en la que quedó Lijo para ser juez de la Corte. Su pliego tiene los avales necesarios en la comisión de Acuerdos del Senado –y tendría los dos tercios en el recinto–, pero está demorado porque su partener que le puso la Casa Rosada es inaceptable para el kirchnerismo: el académico ultraconservador Manuel García-Mansilla. Y el Presidente, a las puertas del comienzo de las extraordinarias este lunes, mantiene la postura de que “son los dos o ninguno”.

En esa trampa habría quedado Lijo, que en las últimas semanas estuvo muy activo –supo este medio– para reafirmar los apoyos que tiene en la bancada de Unión por la Patria, es decir de los senadores que responden a Cristina Kirchner y los gobernadores del PJ. Se dice que fue el propio juez federal quien juntó sus votos –apadrinado por Ricardo Lorenzetti–, pero también se repite que nadie se los habría juntado al abogado decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ni siquiera Sebastián Amerio, el representante de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia, que le ofreció el cargo. Menos le habría hecho ese favor el senador kirchnerista Wado de Pedro, que tiene contacto directo –y aparentemente se reunió varias veces– con el joven Caputo.

Como se dijo, los pliegos para la Corte están en el temario de las extraordinarias del Congreso que comienzan en las próximas horas. Y ante ese panorama es que el fallo de Lijo sobre los Sitios de Memoria toma otro cariz. ¿Por qué el juez se habría pronunciado con una medida crítica al Gobierno que lo impulsa para llegar al máximo tribunal?

Una explicación es aparentemente técnica. La denuncia de la diputada porteña por UP Victoria Montenegro –nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo– se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 12, ya que ahí tramita la causa 14217/2003 donde se investigan los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en la ESMA. También hizo una presentación ante el Juzgado Federal Nro. 3, porque ahí tramitan las causas 2637/2004 (que investiga las violaciones de los derechos humanos en la dictadura en el hoy Sitios de la Memoria conocido como “Automotores Orletti”), 17669/2003 (“Virrey Cevallos”, que por el ajuste de Milei se despidió al único trabajador a principios de enero) y 14216/2003 (“Club Atlético” y el “Olimpo”). Casualidades del mundo judicial, Lijo subroga los dos juzgados federales. El 3 porque Daniel Rafecas está de licencia. El 12 porque Sergio Torres se fue a la Suprema Corte de Justicia en 2019.

Miles de personas asistieron a un festival en la ex-ESMA hace dos semanas para protestar contra del vaciamiento por parte de Milei.

Lijo casi que mandó a trabajar al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que desde que comenzó el año se dedicó a echar empleados de áreas a su cargo y que estimulan la memoria histórica, con el Centro Cultural Haroldo Conti como insignia. “Arbitren los medios correspondientes para garantizar una dotación de personal capacitado para que el Espacio de Memoria que funciona en la ex-ESMA permanezca abierto al público, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria”, escribió en su oficio. El mismo párrafo usó para los demás espacios históricos. “Con sus políticas de ajuste, Milei está violando la ley de Sitios de la Memoria”, argumentó a elDiarioAR la legisladora Montenegro, sobre la Ley 26.691.

Cuando la candidatura de Lijo estaba en proceso de impugnaciones, recibió un claro respaldo de Abuelas de Plaza de Mayo. En una carta firmada por Estela de Carlotto remarcaron el rol del juez en dos causas donde fueron querellantes: la apropiación durante la última dictadura de Jorge Guillermo Martínez Aranda y el expediente de Laura Catalina de Sanctis Ovando. “Esta asociación considera que resulta fundamental que los candidatos tengan una postura clara frente al proceso de Memoria, Verdad y Justicia y los estándares en la materia que han sido receptados en diversos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia”, plantearon. Lijo tenía, sin embargo, un antecedente incómodo: en 2012 aplicó el “2x1” en el fallo “Simón, Antonio”, un jefe de Inteligencia del Departamento 123 de Paso de los Libres durante la dictadura.

Fuentes judiciales hicieron una lectura más política sobre la medida de Lijo contra el secretario de DDHH Baños y, de manera indirecta, Milei. “El fallo no se hizo con desconocimiento de nadie. Sirve para la negociación”, planteó una voz que lo conoce personalmente al juez federal. Queda en el aire si los que sabían de antemano eran libertarios o kirchneristas. O quizás ambos bandos, en pos de un acuerdo innegable si efectivamente la bancada de UxP le vota un candidato a la Corte a Milei.

Conocedores del estatus del pliego aseguran que parece muy difícil que las nominaciones salgan durante las extraordinarias del Senado. Y que lo que tiene todo frenado es la exigencia del peronismo a que se amplíe el máximo tribunal a 7 miembros –o, viste desde otro lado, la intransigencia de Milei–. Con esa configuración, a la Corte entrarían Lijo (por Elena Highton de Nolasco) y García-Mansilla (por el recién jubilado Carlos Maqueda) y las nuevas bancas serían para dos mujeres, de las cuales al menos una sería elegida por Cristina. 

“Lo único que destraba todo es la ampliación de la Corte. Lijo está en un laberinto porque García-Mansilla no tiene los votos”, dijo un operador judicial. Otra vez la metáfora del laberinto, la misma que usó el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que en un recorte que se viralizó entre figuras que conocen Comodoro Py dijo hace pocas semanas en una entrevista en LN+: “La carrera del funcionario público de alto rango se mete en un laberinto donde hay notoriedad, prestigio, escraches, tentaciones, condenas. Cuando uno mira el laberinto desde arriba, parece fácil salir airoso. Cuando uno está dentro, es difícil”.