En el inicio del 2018 el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, le sacó punta al lápiz y le marcó la cancha a la Legislatura provincial con 13 vetos a proyectos de ley sancionados de manera exprés dentro de un paquete de normas, en la sesión del 30 de noviembre pasado.Ese día se aprobaron alrededor de 60 leyes en la Legislatura santafesina. Los proyectos se trataron sobre tablas, sin dictámenes de comisión, y así se sancionaron para ser elevados luego al Poder Ejecutivo.

Ese apuro fue consecuencia de acuerdos políticos en la legislatura entre los representantes de las distintas bancas en ambas cámaras.Pero la celeridad y las urgencias de diputados y senadores no necesariamente son las del gobierno provincial, sobre todo cuando se trata de disponer o resignar recursos. Y fue por eso que el gobernador, tras una lectura exhaustiva de cada uno de los proyectos de ley sancionados con su gabinete, fue vetando las iniciativas que consideraba inadecuadas o con detalles por ajustar.En la serie de iniciativas rechazadas por el mandatario (de manera total o parcial) hay proyectos de todo tipo: desde la creación de tres escuelas, a la reglamentación y el contralor de la equinoterapia en la provincia, pasando por una modificación a la ley de adopción, para acelerar ese procedimiento. Y algunos dan cuenta del estado de cosas dentro del partido de gobierno provincial, el socialismo.Hay que destacar que no fue vetada una de las leyes más polémicas sancionadas el año pasado: es la que dispuso un cambió en la orgánica del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. Vale recordar que con la nueva normativa, la Legislatura puede remover defensores y fiscales. Para muchos, esa ley implica terminar con el espíritu original que condujo a la reforma judicial en la provincia.(1) JubilacionesUno de los decretos de veto en cuestión, el último en hacerse público, apareció este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

Lleva la firma de Lifschitz y del ministro de Gobierno, Pablo Farías, y apunta contra una iniciativa que se originó en sus compañeros de partido, nada más y nada menos que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y exgobernador Antonio Bonfatti y el diputado (y exministro de Gobierno) Rubén Galassi.Es decir que más allá de las fotos difundidas este fin de semana en un encuentro de la Juventud Socialista en Cosquín, las conocidas diferencias entre Bonfatti y Lifschitz siguen presentes. En este caso se manifiestan con un veto.La norma en cuestión es la modificación a la Ley 6.915 de jubilaciones y pensiones de los estatales provinciales, que apunta a simplificar y agilizar los procedimientos y trámites administrativos que debe realizar todo jubilado o pensionado para obtener el reajuste o la redeterminación de haberes.