El proyecto que presentó el intendente Gustavo Gennuso al Concejo Municipal para licitar una remediación y apertura de nueva celda en el basurero de Bariloche con la intención de que tenga tratamiento exprés durante el período de sesiones extraordinarias quedó empantanado por el rechazo de los bloques de oposición y las dudas que genera en el propio oficialismo.

La iniciativa de Gennuso apunta a generar una nueva “celda” para el depósito de los residuos, con un sistema de tratamiento y “tapado diario” más prolijo que el actual, sumado a un plan de remediación de todo el complejo, con un presupuesto estimado de 723 millones de pesos.

Pero el Ejecutivo no avanza en el cierre definitivo del vertedero, que es lo que piden los vecinos y lo que promueven los concejales, quienes aprobaron por unanimidad una ordenanza que puso el próximo 4 de diciembre como la fecha límite para que la basura deje de ingresar predio de la ruta 40 sur.

Gennuso y sus funcionarios sostienen que la única solución técnica a mano es la nueva celda en ese mismo emplazamiento y la apertura a mediano plazo de un vertedero regional, con la indispensable participación de la provincia.

El intendente inauguró ayer el período legislativo 2023 y esperaba llegar a esta fecha con la ordenanza aprobada. Con ese propósito la presentó en los primeros días de enero. Pero nada resultó como esperaba.

La jefa de Gabinete Marcela González Abdala y el subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana Claudio Romero se presentaron en varias reuniones de comisión para defender el proyecto, sin conseguir mayores avances.

Desde los bloques del Frente de Todos, del PUL y de Podemos les señalaron una y otra vez que los vecinos reclaman el cierre y esa solución no aparece en el horizonte. Los concejales del oficialismo admitieron que la ordenanza que ellos mismos votaron en la práctica es una “ilusión”, porque su ejecución no depende solo del municipio sino de la voluntad de la provincia.

La concejal Julieta Wallace (FdT) los acusó de “votar algo que no van a cumpilr” e insistió en que el proyecto para abrir una nueva celda no se ajusta a la ordenanza ni tampoco a la ley provincial que prohíbe el funcionamiento de “sitios de disposición final” de basura domiciliaria en áreas urbanas.

Wallace reconoció que la solución pasa por concretar el basurero regional pero subrayó que “no hay más que una nota del municipio, hasta ahora sin respuesta. No hay un expediente ni un acto administrativo de la provincia que avance en ese sentido”.

Dijo que el proyecto de licitación “desde lo técnico tiene deficiencias porque se trasluce que es un parche y no el paso necesario para el cierre definitivo”. Pero lo más grave, consideró, es que “no hay un proyecto de ley provincial para afectar presupuesto al vertedero regional, o un acta interjurisdiccional que demuestre compromiso de los intendentes y la gobernadora, o algún acuerdo con los sitios que identificaron como posibles. No hay nada”.

Según Wallace, “se tiran la pelota y nadie resuelve el problema”, con el agravante de que el intendente y la gobernadora “son del mismo signo político”.

El vertedero actual es motivo de continuas protestas por los incendios y por las emanaciones tóxicas, que afectan a los barrios circundantes, donde se han gestado varias movilizaciones de protesta.

Wallace dijo que los candidatos oficliastas buscan “ver cómo se acomoda cada uno en un año electoral, antes que resolver un problema sensible como es la afectación concreta a la salud de miles de barilochenses”.

Pablo Chamatrópulos, concejal de Podemos, también reconoció que el proyecto no tuvo el trámite fluido que pretendía el Ejecutivo y puso el acento en la cuestión económica. Dijo que los representantes del gobierno no pudieron explicar todavía por qué gastaron 20 millones de pesos en la contratación directa de una consultora solo para redactar el pliego, “un trabajo profesional de no más de dos meses, sin obras en terreno, sin maquinaria, sin nada”.

Otra duda que plantearon los concejales en las comisiones es “cómo se conformó el presupuesto de 723 millones para construir la nueva celda, el acondicionamiento y la “remediación” de la existente.

Chamatrópulos reconoció que el proyecto está “trabadísimo”. Dijo que “todo es muy complejo, representa mucho dinero y la solución definitiva no está clara porque “el lugar alternativo no aparece”. Coincidió en que “el gobierno provincial no está preocupado por el tema” y eso es lo que más preocupa.