La jueza de 1º Instancia Civil y Comercial 11º, María Fernanda Aré Wayar, dispuso la reserva del expediente en el que se tramitó un pedido de la empresa Vega Engenharia Ambiental SA y su socia argentina TGLT SA, para suspender el proceso licitatorio del servicio de higiene urbana de la ciudad de Salta, cuya apertura de sobres debería realizarse este lunes.

La empresa no compró pliegos ni se presentó como oferente, pero en su gestión ante el Poder Judicial local, a través de un amparo, habría obtenido una medida cautelar de no innovar en el proceso licitatorio ahora suspendido por la Municipalidad.

La decisión de la suspensión se adoptó mediante un correo electrónico enviado a los oferentes e interesados, que es la vía habilitada por la Comisión Evaluadora para las comunicaciones, pero fue sorpresiva para Agrotécnica Fueguina y Ecolive, las dos empresas que se ajustaron a la convocatoria y habían comprado pliegos.

La escasez de oferentes para un servicio de tanta magnitud fue llamativa, el concejal de Cambiemos José Gauffin advirtió esta situación durante la sesión del Concejo Deliberante del miércoles pasado cuando se aprobó un pedido de informes para saber oficialmente cuántos pliegos se habían vendido, ocasión en la que dijo estar preocupado porque "en una licitación pública lo importante es la puja honesta entre oferentes para que de ese análisis, la ciudad tenga la posibilidad de elegir la oferta más conveniente”.

“Si es que se vendieron dos pliegos, esa oferta no le garantiza a la ciudad un buen contrato de recolección”, dijo Gauffin, quien sugirió extender el plazo de venta de pliegos y apertura: "si es necesario, hay que prorrogar el contrato vigente, porque es más importante tener tiempo para una buena oferta que prorrogar dos o tres meses el contrato vigente”.

El sábado siguiente a la sesión se comunicó la decisión de suspender la apertura de sobres en un correo electrónico escueto y con argumento en la crisis sanitaria, que la Comisión Evaluadora distribuyó a las 19.25 de ese día.

En las primeras horas del domingo 23, el diario El Tribuno, de propiedad de la familia de la intendenta Bettina Romero, público en su versión digital y luego en la impresa, una entrevista al Coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad y miembro de la Comisión Evaluadora, Daniel Nallar.

Tras anunciar la suspensión de la apertura de sobres, amplió las explicaciones de esa decisión y dijo que “además de las dos empresas que compraron el pliego, hay una tercera empresa que manifestó interés y pidió prórroga", aunque "lo hizo fuera del plazo que establecía el pliego para eventuales pedidos de prórroga y demás consultas".

Confirmó que se trata de una empresa brasileña que se presentó como Vega Engenharia Ambiental SA con un socio argentino (TGLT SA).

"Más allá de lo legal, a nosotros nos permite advertir que hay una tercera empresa con intención de venir y que no lo está pudiendo hacer a raíz de los problemas que se presentan con la pandemia y queremos que se compren más pliegos y tener más oferentes", expuso Nallar y agregó que "esta postergación va a permitir al menos el ingreso de una más".

"El martes habíamos decidido buscar la forma de postergar el procedimiento y dar la prórroga para que esta empresa pueda entrar", reconoció. Señaló que el problema que tenían era que "del lado del frente hay dos empresas que han cumplido en tiempo y forma con todo y pueden hacer alguna objeción".

Objeción

Efectivamente, este lunes la empresa Agrotécnica Fueguina hizo una objeción mediante una nota enviada a la intendenta Romero en la que le pide que intervenga inmediatamente para controlar y normalizar lo que considera una manipulación del proceso licitatorio del servicio de higiene urbana.

Es un escrito extenso dividido en títulos en los que aborda los temas Antecedentes, Declaraciones Confusas, Ilegalidad Manifiesta e Intervención de Máxima Autoridad, la empresa cita el origen del proceso de licitación, describe luego el texto del correo electrónico e ingresa al apartado de Declaraciones Confusas donde sostiene que "han sido de público conocimiento noticias y declaraciones de funcionarios que denotan una posibilidad diferente, o al menos con disímiles argumentos a los argüidos por la Comisión Evaluadora, acerca de la suspensión del acto de apertura y presentación de ofertas”.

“En particular, sobre el interés de hacer ingresar al procedimiento en curso otra empresa (nótese que se habla de una empresa en particular, no de otras empresas), lo que a esta altura resultaría ilegal, además de extraño en sus formas”.

Le dice luego a la intendenta: “Pensar que cualquier empresa seria que pretende hacerse cargo de un servicio tan importante para la ciudad de Salta no pudo en todo ese tiempo y con todas esas oportunidades presentarse es realmente imposible”.

En el último párrafo señala Agrotécnica Fueguina que se ve obligada "a recurrir a la señora Intendenta Municipal, como máxima autoridad, para que intervenga en forma inmediata y ordene el cese en cualquier forma de manipulación del procedimiento que traiga aparejada actuaciones reñidas con los principios rectores que debe seguir todo proceso de contratación”.

En Córdoba

La empresa brasileña Vega en sociedad con TGLT, una constructora y desarrolladora argentina, que fue propiedad del ex ministro Nicolás Caputo, fue adjudicada en junio de 2018 con la licitación del servicio de higiene urbana de la ciudad de Córdoba.

A principios de ese año TGLT compró el 82,32% de la constructora Caputo SA, de la que el empresario Nicolás Caputo, ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, tenía un 20%.

El accionista mayoritario de la firma es la compañía global de inversiones BNY Mellon (62,1% de las acciones); IRSA Propiedades Comerciales tiene el 30,2%; un 6,6% está en manos de tenedores minoristas y un 1,1% es de TGLT SA.

En julio de este año la Comisión Nacional de Valores dispuso un monitoreo sobre el movimiento accionario de TGLT ya que sus acciones triplicaron el valor en pocos días, pasando de $4 a unos $13 en una semana, para descender hasta $6.

Fuentes de la Bolsa de valores señalaron, en medios especializados en el mercado accionario, que pudo haber una manipulación del precio del activo por parte de algún jugador (inclusive algún operador de bolsa), ya que no hubo ninguna novedad en particular que justifique la suba.

Se indicó que, por el contrario, la novedad es que la Justicia confirmó una sentencia de primera instancia, en una acción promovida por la Asociación Basta de Demoler, mediante la cual se paralizó la construcción de un proyecto de 6000 m2 y $940 millones de inversión ubicado en terrenos en donde funcionaba la planta logística de OCASA.