Lucía Sánchez Lucero. La sesión especial convocada para tratar la rendición de cuentas fue el escenario elegido por las bancadas políticas para exponer sobre las repercusiones del dictamen que emitió recientemente la Asesoría General de Gobierno en torno al caso de Rosana Morrone y el reemplazo irregular de concejales del radicalismo.

El presidente del bloque del Frente Renovador, Cristian Azcona, inició una cuestión de privilegio en el recinto para instar a la Unión Cívica Radical a reconocer su error y adelantar que el informe será incluido en el orden del día de la comisión de Legislación para entrar en tratamiento el próximo lunes.

El edil manifestó su “preocupación” respecto a que “concejales con tantos años comentan errores administrativos”. Además, se quejó de que el Concejo Deliberante vuelva a ocupar titulares de diarios y portales por sus irregularidades.

El massista describió las características de la resolución adoptada por el organismo bonaerense, a pedido de los integrantes de Legislación, y recalcó que del mismo se desprende que “hubo anomalías”. “Los errores se pueden subsanar, pero hubo respuestas poco creíbles”, sentenció el edil al hacer referencia a la exhibición de mensajes de Whatsapp por parte de los radicales para dar cuenta de un supuesto aviso a Morrone para que ocupe la banca.

Por otro lado, tanto Azcona como los representantes de las otras bancadas, los concejales hicieron hincapié en la intención de la UCR de hacer responsable de la situación a los empleados municipales que se desempeñan en el Deliberativo.

“Acá hay un único culpable y es la UCR que hizo un reemplazo irregular”, recalcó el titular del FR, mientras instó a buscar una “salida desde la política, para que esto no vuelva a suceder”. El oficialista Héctor Rosso, en tanto, apuntó con dureza hacia el radicalismo y señaló que “nadie puede creer que esto pasó por negligencia de los empleados municipales”. Como ya lo hizo en otras oportunidades, el edil entendió que si un particular se sintiera afectado en sus intereses por lo votado en sesión con una conformación irregular, dictamen en mano “podría plantear la nulidad de esas ordenanzas en sede judicial”.

El Frente para la Victoria tampoco dejó pasar la oportunidad de arremeter contra los radicales al asegurar que el dictamen de Asesoría de Gobierno era muy claro: “El lugar le correspondía a Morrone. Las bancas son de las personas y no de los partidos”, subrayó el presidente del bloque, Pablo Retamoza. También fue él quien adelantó que el lunes en Legislación pedirán que se anulen los decretos de designación de Gonzalo Quevedo, quien asumió en lugar de Maximiliano Abad en algunas oportunidades. La Agrupación Atlántica se manifestó en igual sentido.  

LA DEFENSA

El expresidente del Concejo, el radical Nicolás Maiorano, encaró la defensa de su bloque. El edil se agarró de las potencialidades del dictamen para rechazar los argumentos en contra del accionar de la bancada al momento de suplantar al edil Abad. “Se plantean muchas potencialidades y eventualidades que podrían haber sucedido”, sostuvo Maiorano y añadió que no entendía por qué se “presumía culpabilidad” cuando aun había “dudas que evacuar”.

El radicalismo volvió a exponer los mismos fundamentos que en las oportunidades anteriores: que en la Ley Orgánica de las Municipalidades no está explícito que se deba presentar una nota de excusación de parte de un concejal suplente y que, en todo caso, los mensajes de Whatsapp probarían que Morrone estaba al tanto de que se la requería para ocupar la banca. A esto, Maiorano agregó que el pedido de informe emitido por la comisión de Legislación para pedir opinión a la Asesoría de Gobierno, incurría en una “redacción tendenciosa” y que el caso carecía de sustento jurídico. “Entiendo el planteo desde la política, pero no hay razonabilidad administrativa ni jurídica”, sentenció.

Por último, Maiorano aseguró que va a solicitar a la Asesoría de Gobierno que se expida sobre la legalidad de cada una de las licencias solicitadas en los últimos 8 años para que “haya ecuanimidad”.

El lunes en Legislación, el debate continuará y los concejales deberán resolver hasta dónde llevan este asunto, a partir del dictamen remitido desde la Provincia.