La Cámara de Diputados creó la figura de ‘licencia laboral por violencia de género’ para las empleadas de los tres poderes del Estado, organismos descentralizadas y empresas públicas dejando en manos de la subsecretaría de Política de Género la aplicación de la norma.

Por unanimidad, en una corta y tranquila sesión post electoral, la Cámara Baja aprobó un texto que tuvo origen en dos iniciativas. Una impulsada por Mercedes Meier y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular); Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) y las oficialistas Alicia Gutiérrez (SI) y Verónica Benas (Pares) y otra individual de Benas. 

Por la mañana, delegados de gremios estatales y la Multisectorial de Mujeres de Rosario se congregaron frente a la Legislatura para pedir el tratamiento del proyecto que llegó al recinto con los respectivos dictámenes de cuatro comisiones. 

Meier expresó en el recinto que “es un proyecto con historia, que viene empujado por las trabajadoras de esta provincia, y que tiene gran importancia a la hora de poder llamar las cosas por su nombre. Muchas veces las trabajadoras pedimos licencia psiquiátrica o pedimos vacaciones adelantadas, disfrazando las situaciones de cosas que no son generando además una estigmatización sobre las mujeres. Es una puerta para visibilizar este problema y para que puedan contar lo que les está pasando”. La legisladora pidió al Senado que vote el texto. “Aprobar esta licencia es un nuevo derecho ganado para las trabajadoras y entendemos que en momentos como éste donde se avanza sobre los derechos de los trabajadores, pelear por ganar nuevos derechos es la mejor manera de defender los ya adquiridos”.

La socialista Inés Bertero y Gutiérrez también fundamentaron los alcances del proyecto. La primera recordó que esa licencia había sido ya incluido en la paritaria central del gobierno provincial con Upcn y ATE y que ahora se extenderá a todos los sectores del Estado. En tanto, Gutiérrez recordó que Argentina es signataria de pactos internacionales que prevén este tipo de situaciones para mujeres violentadas.

La licencia se otorgaría por un plazo de tres días hábiles, con goce de sueldo y sin requerir un mínimo de antigüedad en el cargo. La licencia podrá ser prorrogada por un plazo máximo de noventa días, cuando así se indique en la certificación emitida por los organismos correspondientes. Se aclara que en ningún caso puede ser requisito necesario la instancia de acción penal.

La iniciativa girada al Senado, prevé la preservación de la intimidad de la trabajadora y la disposición, por parte de la Secretaría de Políticas de Género, de medidas para el acompañamiento, seguimiento y abordaje integral de la situación de acuerdo a la complejidad del caso.

Otro artículo crea el registro provincial de Licencias Laborales por Violencia de Género con el objeto de proceder para su sistematización y facilitar el estudio y visualización de esta problemática.

Adecuando el Código

También ayer, sobre tablas, Diputados avaló la propuesta ingresada por los socialistas Antonio Bonfatti y Rubén Galassi adecuando el Código Procesal Penal a la reciente reforma del Código Penal de la Nación que incorporó sanciones a las consecuencias ocasionas por ‘picadas’ ilegales, y elevando el máximo de la inhabilitación provisoria de conducción de 3 a 6 meses hasta el dictado de la sentencia.

En el recinto, Galassi destacó que la adhesión a la norma nacional fue pedido por ONGs que trabajan en la problemática de tránsito y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini. 

“La problemática relativa a las situaciones de peligro, lesiones y homicidios generados por conductores requiere dotar de herramientas a la Justicia, que le permitan adoptar medidas que eviten el riesgo de reiteración”, explicó el jefe de la bancada socialista. 

El texto votado incorpora modificaciones en el artículo 208 Bis, y agrega como infracción dentro de los delitos contra las personas a la ‘participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de autoridad competente’ que se suma a los ya existentes como ‘conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria’. En ese marco, el juez de la Investigación Penal Preparatoria podrá, a pedido de parte, inhabilitar provisoriamente para conducir al imputado reteniéndole el carnet, y comunicar la resolución a los registros Nacional y Provincial de Antecedentes de Tránsito.

Otra de los cambios votados es que la medida cautelar durará como máximo seis meses y podrá ser prorrogada por períodos no inferiores a un mes, hasta el dictado de la sentencia. Ese lapso de inhabilitación puede ser computado para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación sólo si el imputado aprobare un curso.