El propio Rodríguez Saá -dice el autor refiriéndose a Adolfo- concluyó abruptamente su período de legislador provincial. No obstante al año siguiente su hermano Alberto fue designado por la dictadura como Vice Director de la Escuela Normal Superior "Juan Pascual Pringles", dependiente de la Universidad Nacional de San Luis".

"A mediados de la década del setenta, toda la provincia tenía poco más de doscientos mil habitantes. El censo de 1980 indicó un total de 214.416 personas. Ello refleja que era fácil - e inevitable - estar al tanto de cuanto ocurría".

Agrega Bazla en su libro que "si bien no fueron muchos los que pudieron enfrentar con éxito al poder militar, eran pocos, salvo algún Rodríguez Saá, los que asumieron la función de informar a la junta de comandantes de las fuerzas armadas sediciosas que gobernaban el país, las actividades de sus conciudadanos, mientras las listas de detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados no necesitan ser publicadas para que una comunidad tan pequeña pudiera tomar razón de quienes las integraban aún cuando los hechos se produjeran fuera de la provincia, pues sus familiares y amigos ante la natural desesperación se encargaban de transmitir las novedades".

La publicación da cuenta de la lista de desaparecidos de la provincia de San Luis y menciona a Ana María Ponce, María del Carmen Del Bosco de Allende, Luis Canfaila, Ricardo Enrique Saibene, Adolfo Enrique Pérez, Jorge Omar Cazorla, Leonor Rosario Landaburu de Catnich, Jorge Luis Ruffa, Jorge Gabriel Pujol, Jorge Reynaldo Ruarte, María Luz Mujica,Héctor Raúl Jofré, Domingo Ildegardo Chacón, Nolasco Leyes, Rafael Roberto García, Félix Roque Gimenez, Graciela Fiochetti, Carlos Luis Mansilla, Aníbal Torres, Lubino Amodey, Oscar Garraza Díaz, Santana Alcaraz, Alfredo felipe Sinópoli, Pedro Valentín Ledesma, Angel Arturo Avellaneda, Mauricio Amilcar López, José Oscar Robustelli, Luis Antonio Darcangelo, Domingo Britos y Norma Monardi

Muertes no acalaradas

Sobre las muertes no aclaradas, Bazla hace mención a José Everto Suárez, Dante Bodo, Luis María Frumn, Profesor Kupp, Marcos Ibañez y Fred Mario Ernest.

Acerca del tema, agrega en la página 59 que "mientras los secuestros y las muertes se sucedían, Alberto Rodríguez Saá, junto a veintidós personas le dirigía, en 1978, una extensa carta al entonces Almirante Massera, solicitando de las fuerzas dictatoriales "investigación exhaustiva y en su caso el castigo ejemplar" para un grupo de personas de San Luis entre los cuales estaba el ex Ministro Julio Everto Suárez, secuestrado en 1979 y aparecido muerto en un "accidente de tránsito" en 1980.

La primera novedad pública acerca de la existencia de la información proporcionada a Massera, se registra en el diario "Impulso", de Villa Mercedes, el 17 de abril de 1985, bajo el título "Grave denuncia del diputado Ipiña contra Dopazo y Rodríguez Páez". Por esa época, el actual funcionario de la gestión municipal de Enrique Ponce, ejercía el periodismo en ese matutino villamercedino. Allí publicó hace 30 años, que "el legislador radical Enrique Osvaldo Ipiña formuló una grave denuncia contra el diputado provincial José Rafael Dopazo y el senador Alberto Rodríguez Páez, en plena sesión de la legislatura provincial.

Ipiña aseguró que su colega Dopazo, junto al hermano del gobernador, efectuaron denuncias por escrito sobre actividades de distintas personas, al entonces Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Emilio Eduardo Massera, mientras se desempeñaba como miembro de la Junta Militar que destituyó al gobierno justicialista de la época".

La carta requería "castigo ejemplar". Va de suyo, dice el libro, que en la época de la dictadura ese pedido podía significar desde la desaparición hasta la muerte del grupo de personas acusadas también de vinculaciones con grupos subversivos".

*N. de la R.: Vale aclarar que todas las Universidades estaban intervenidas y que las designaciones se hacían por vía de Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que firmaban Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti o sus Ministros.