“Vemos con preocupación el informe publicado por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) que a través del Monitoreo de la Libertad de Expresión que realizaron durante el 2014 en todas las provincias del país, ubican a Jujuy en tercer lugar, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires”, manifestó el concejal Lisandro Aguiar.
“Esta situación nos pone de frente a un panorama donde pareciera que sistemáticamente intenta callar y amordazar a los trabajadores de la prensa, a la libertad de expresión”. Ataques como agresión física y/o psíquica, hostigamiento, atentado contra la propiedad, censura, amenazas, detención arbitraria, restricciones al acceso a la información, impedimento de cobertura, discriminación con pauta oficial son algunos de los ataques que sufren los trabajadores de la prensa en el país según el Informe.
“Jujuy no es ajena a esta realidad, al contrario, los índices son alarmantes si consideramos que estas prácticas violentas que buscan el oscurecimiento de los hechos han ido aumentando, registrándose en el 2008 cinco casos que fueron aumentando año a año hasta llegar a 21 casos solo en el 2014″, enfatizó.
Finalmente, consideramos importante destacar un fragmente del análisis que realiza Fernando Ruiz, Director de Libertad de Expresión de FOPEA, en el Informe: “A nivel nacional, durante todo el ciclo kirchnerista, se ha alentado una política de acoso al periodismo. Existe obviamente el derecho a criticar a un medio o a un periodista. Nadie puede escudarse en un falso derecho a no recibir críticas. Pero en los últimos años desde el gobierno nacional, y varios gobiernos locales, no solo han criticado, sino que han acosado de distintas formas al ejercicio periodístico. Muchas veces lo hicieron ampliando y fortaleciendo herramientas de acoso ya existentes, como el manejo arbitrario de la publicidad oficial. Y también estos gobiernos han bloqueado el acceso a la información, el acceso a los funcionarios, han evitado o degradado las conferencias de prensa, y han realizado nefastas declaraciones donde difamaron medios y periodistas”.
“Desde este enfoque nos cabe una gran responsabilidad como funcionarios, como servidores públicos, la de facilitar los procesos para el sano ejercicio del periodismo, mejorando las condiciones de trabajo, y así, fortaleciendo el Estado Democrático”, concluyó el edil.
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