Esta herramienta legal avanza hacia la registración de los trabajadores que no tienen la cobertura de ningún régimen jurídico y que tampoco cuentan con respaldo alguno que regule su prestación de servicio en el Estado provincial y en los municipios.
Por lo mismo, se calificó a la Ley 5833 como un instrumento beneficioso para iniciar el camino hacia la protección de los agentes que se desempeñan en el ámbito público y que se encontraban desamparados laboralmente.
El Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista destacó como ventajosa la norma que sancionó la Legislatura, para la sanción y prevención del trabajo no registrado en el sector público.
Esta Ley, aprobada durante la 13° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, viene a definir un procedimiento que le permitirá al Poder Ejecutivo provincial identificar, conocer y dimensionar la cantidad de personas que están prestando servicios en el sector público sin el amparo de ningún régimen.
El legislador justicialista Miguel Lembo calificó esta ley como una herramienta legal de avanzada y de suma importancia. A la vez reconoció que la misma no brinda una solución definitiva, pero recalcó que el Ejecutivo provincial y el bloque oficialista entienden que se trata del primer paso para tomar a futuro las decisiones que correspondan. “Nos parece sana la iniciativa convertida en Ley enviada por el Gobernador Eduardo Fellner, porque define con claridad a los trabajadores que son el objetivo de esta norma”.
“Con esto vamos a saber la cantidad de personas que requiere un municipio para prestar servicios a su comunidad”, apuntó, a la vez de señalar que existe un cambio de paradigma a partir de esta norma en cuanto al entendimiento de la realidad. Esto permitirá una mayor eficiencia en la prestación de los servicios elementales que tiene el Estado, ya sea provincial o municipal, y una mejor utilización de los recursos que existen en sus arcas.
Señaló además que no se trata de una ley para el pase a planta permanente de los trabajadores que no se encuentran dentro del staff del Estado y aclaró este punto para apaciguar las falsas expectativas que se crearon con el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo para regularizar la situación de los empleados no regularizados dentro del sector público.
A todas luces, la Ley 5.833 es una de las normas de mayor trascendencia sancionada por la Legislatura. El bloque del PJ tuvo un rol protagónico para allanar el camino y buscar consensos con las bancadas de la oposición. A lo largo de las últimas semanas, sus legisladores hicieron una defensa encendida de las iniciativas giradas al Parlamento por el Ejecutivo, sin dejar de lado el diálogo y las opiniones vertidas por todos los sectores que comprenden el arco laboral de la provincia.
La norma fue aprobada en general por todos los bloques parlamentarios y al momento del tratamiento del proyecto en particular, las bancadas procedieron a introducir algunas modificaciones al texto original enviado por el Ejecutivo. Cabe mencionar que las iniciativas fueron abordadas en reuniones periódicas del plenario de las comisiones de Legislación General, Trabajo y Finanzas, por donde desfilaron representantes del propio Ejecutivo provincial, dirigentes sindicales y Comisionados e Intendentes del radicalismo.
Durante el tratamiento en particular, el Diputado Jorge Noceti, miembro informante del bloque del PJ, defendió cada uno de los artículos que pretendían ser modificados por la UCR. Algunos fueron revisados y consensuados, pero otros directamente fueron sancionados.
La conformidad de los bloques se reflejó en la sanción de la Ley en general. Sus principales referentes aseguraron que se trata de un primer paso el reconocer el problema de fondos para buscar en el futuro próximo la regularización de la situación de los trabajadores no registrados.
Luego de la maratónica primera parte de la sesión ordinaria, los legisladores aprobaron la Ley 5834 de Adhesión a la Ley 26.940 “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales” y al finalizar se aprobó la Ley 5835 de Modificación de la Ley 5.709 de “Limitación Temporal las Contrataciones Dependientes en el sector público”.
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