Por: Mauro Sturman.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviada por el presidente Javier Milei, continúa generando repercusiones a lo largo y ancho del país por el impacto que su aprobación podría tener en la vida cotidiana de la sociedad. Las modificaciones a la Ley 26.562, destinada a regular el control de actividades de quema y a la Ley 26.331, creada para la protección ambiental de los bosques nativos, encendieron las alarmas de diversos sectores que suponen una puesta en peligro de los recursos naturales nacionales y auguran negocios inmobiliarios a expensas de la destrucción del medio ambiente.

La preocupación a partir de los cambios que el oficialismo busca aplicar en las normas tiene algunos antecedentes que la respaldan. Según un informe del Instituto Gulich (UNC-Conae) difundido por la Universidad Nacional de Córdoba, entre 1999 y 2017 el fuego dañó más de 700 mil hectáreas en Córdoba, dando lugar al nacimiento de negocios mineros, agrícolas, inmobiliarios y de entretenimiento de elite. Además, destaca que el 95% de los incendios forestales en esa provincia son hechos intencionales, tal como ocurrió en 2022, cuando el territorio entonces gobernado por el excandidato a presidente, Juan Schiaretti, sufrió una de los peores catástrofes ambientales de los últimos 20 años que dejó un saldo de 191 mil hectáreas incendiadas.

Según informó MDZ en octubre del 2022, mientras Córdoba sufría los azotes del fuego, Facebook se convirtió en una vitrina en la que varios usuarios ofrecían cientos de terrenos que habían sido afectados por las llamas.

En este contexto, la ley ómnibus impulsada por Milei pretende sustituir el artículo 2° de la Ley N° 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Actualmente la norma promulgada durante el Gobierno de Cristina Fernández establece: "Entiéndase por quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo", mientras que la iniciativa oficial agrega que "se entiende por aprovechamiento productivo toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno".

Milei busca sustituir el artículo 2° de la Ley N° 26.562 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.

Sin embargo, en la búsqueda por sustituir el artículo 3 de la ley de fuego radica la principal polémica. Hoy, la norma establece que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica". En este sentido, el gobierno nacional pretende reemplazar ese apartado por el siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

¿Qué significa esto? básicamente, que cualquier persona puede tomar la decisión de quemar un terreno y si el Estado no se expide durante un lapso de un mes, no habrá lugar para consecuencias legales.

Por otra parte, la pretensión de derogar el artículo 6 de la Ley N°20.466 de fiscalización de fertilizantes, aparece como otra de las modificaciones que, al menos, deberían generar preocupación. Hoy, la legislación argentina establece que "cuando la comercialización de fertilizantes se efectúe a granel se deberá comunicar con suficiente antelación al organismo de aplicación esta circunstancia, a los efectos de adoptar los recaudos necesarios para resguardar la calidad del producto hasta su destino, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación". De recibir la aprobación del Congreso, la actual administración barrerá ese artículo.

La polémica por la Ley de Bosques 

La Ley 26.331 establece en su artículo 9 una serie de categorías destinadas a la conservación de los bosques nativos son las siguientes: categoría I o rojo, corresponde a los sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; categoría II o amarillo, que son aquellos sectores de mediano valor de conservación y de categoría III, correspondiente a los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la ley. Sobre este punto, la norma actual establece específicamente en su artículo 14 que "no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)".

¿Qué sucederá si se aprueba la ley ómnibus? aquí el oficialismo plantea una nueva sustitución de artículos, en este caso el 26 de la mencionada norma. "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9° (sobre conservación de bosques), la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21". En conclusión: autoriza el desmonte de bosque nativos que la misma ley no habilita.

Por último, la aprobación del proyecto ómnibus podría desfinanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques nativos, que está contemplado actualmente en el artículo 31 de la ley 26.331 y se compone por partidas presupuestarias asignadas anualmente, el 3% del total de las retenciones a las exportaciones provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, préstamos y subsidios nacionales e internacionales, entre otros puntos. Ahora, en el proyecto oficial, no existe un monto mínimo como sí ocurre actualmente y se elimina del presupuesto el fondo que hoy surge de las exportaciones. Por lo tanto, de avanzar la iniciativa oficial, evidentemente habrá un claro desfinanciamiento para el sector de protección ambiental.