La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) debe participar en la causa penal “Sindicatura General de la Nación o Sigen” (acumulada al expediente “Eudal”) con el carácter de querellante, según el dictamen de los abogados Fernando Díaz Cantón y Marcelo Antonio Sgro. Es más, los penalistas expertos dijeron que convenía que así lo hiciese para impulsar la investigación de los anticipos que la institución pagó a la empresa que intervino en las obras de restauración de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, actos que no fueron incluidos entre los fundamentos del pedido de indagatoria formulado por Carlos Brito, fiscal federal N°1, el 6 de mayo de 2014.

“Los anticipos financieros mencionados configuran el caso más claro de probable defraudación. Si no se amplía la imputación, resultará imposible procesar, acusar y, eventualmente, condenar a los imputados por estos hechos”, advirtieron Díaz Cantón y Sgro, titulares de un estudio jurídico con sede en la Ciudad de Buenos Aires, en el informe de 24 carillas con fecha 15 de octubre de 2015. Tales profesionales emitieron opinión sobre la causa “Sigen” en virtud de la iniciativa original de Ricardo Cisneros, consejero por los graduados. En diciembre del año pasado, el Consejo Superior recomendó a la rectora Alicia Bardón que evaluara la posibilidad de que la UNT se presentara como querellante, como quería Cisneros, y que convocara, en caso de ser necesario, a un penalista externo de reconocido prestigio.

Diez meses después, Augusto González Navarro, director general de Asuntos Jurídicos, comunicó a Bardón las conclusiones de los expertos contratados, que presupuestaron su trabajo en $ 30.000 más IVA. Además de señalar la cuestión de los anticipos financieros, Díaz Cantón y Sgro manifestaron que las empresas beneficiarias de las contrataciones -Beton SRL en el caso de Derecho y Confer SRL en el supuesto de Filosofía- podrían ser partícipes necesarias del delito de defraudación que Brito imputó al ex rector Juan Alberto Cerisola; a Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; a Olga Graciela Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; a Horacio Alfredo Lobo, inspector de la obra de la Facultad de Filosofía y Letras, y a Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones. Los abogados consultados dijeron asimismo que el Consejo Superior -y no Bardón- era el órgano competente para decidir si la UNT actuaba como querellante.

Desde la presentación de la solicitud de indagatorias, la causa “Sigen” avanzó apenas (ver nota relacionada en esta edición). La Justicia Federal ni siquiera se expidió sobre los interrogatorios que había pedido Brito respecto de los funcionarios que intervinieron de algún modo en las obras financiadas con fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

Un certificado millonario

Luego de estudiar las pruebas y documentos incorporados al expediente, Díaz Cantón y Sgro enumeraron los hallazgos de la Sigen respecto de Derecho (ampliación y restauración de la Casa Remis): ausencia del acto administrativo que autorice el llamado a licitación pública; el otorgamiento de anticipos financieros no previstos en el pliego de bases y condiciones, y el pago de mayores costos y de una corrección del monto de la obra superiores a los reconocidos por el contratista. 

Respecto de los trabajos en las instalaciones de Filosofía y Letras (sede del parque 9 de Julio), los abogados apuntaron que, según la Sindicatura, faltaba un informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el legajo correspondiente y que la UNT había pagado $ 2,5 millones contra la presentación del certificado de obra N°1, pese a que la previsión de certificación al primer mes ascendía a $ 108.518 (1% del monto total del contrato). “Dado que la obra fue iniciada el 23/1/12, resulta imposible que al 31/1/12 se haya producido el avance certificado”, dijeron los abogados con base en la auditoría de la Sigen.

Presunto perjuicio

Los anticipos financieros detectados en el supuesto de Derecho consistieron en dos pagos ejecutados respectivamente en 2009 y 2010: el 30% del monto del contrato y el 20% de los trabajos adicionales autorizados. Díaz Cantón y Sgro afirmaron que tales erogaciones no previstas en las bases y condiciones de la obra podrían implicar un “favorecimiento” indebido al oferente que terminó siendo adjudicatario de la obra. “Esta situación pudo haber provocado que el precio por el que se contrató no haya sido el más conveniente para la UNT y que esta haya sido perjudicada”, añadieron.

Los profesionales dijeron que todo ello habría ocurrido en un contexto de generalizada inobservancia de las normas que rigen las contrataciones públicas, y que hacen a la regularidad, a la transparencia, a la igualdad, a la concurrencia, a la publicidad y al control de los procedimientos. “Al menos en lo que se refiere a los anticipos financieros otorgados en la obra de Derecho, la denuncia de fraude en perjuicio de la administración pública posee el sustento probatorio necesario como para que la causa penal progrese hacia la etapa de juicio. Es probable que, luego del debate, la Justicia pronuncie una condena”, concluyeron Sgro y Díaz Cantón.