Las numerosas vacantes judiciales existentes demandan alguna clase de solución, pero esa necesidad no autoriza a lesionar el principio de independencia judicial. Tal conclusión se desprende del dictamen que el Colegio de Abogados de la Capital remitió a Osvaldo Jaldo, vicegobernador y presidente de la Legislatura, el 3 de marzo pasado.

Los letrados vaticinaron que la inobservancia de las garantías constitucionales referidas a la judicatura, entre ellas la de la imparcialidad, terminará frustrando la intención de nombrar magistrados provisorios.

La nota incluye una opinión contraria al proyecto de ley para designar jueces subrogantes (precarios) presentado a fines del año pasado por los legisladores oficialistas Marcelo Caponio, Guillermo Gassenbauer y Julio Silman. Esta iniciativa es anterior a la que, por igual motivo, rubricaron otros tres integrantes del bloque mayoritario: Silvia Rojkés, Javier Pucharras y Fernando Juri. Esa segunda propuesta de ley del oficialismo acoge la tesitura del Colegio relativa a que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) ha de intervenir en el proceso de nombramiento de los magistrados sustitutos (se informa por separado).

La entidad que preside Marcelo Billone expresó que existe un vacío legal respecto de la magistratura subrogante (tal función es cumplida en el presente por los jueces en funciones), y que toda pretensión de legislar al respecto debe ajustarse a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Rosza”, “Rizzo”, “Aparicio” y “Uriarte”. En la Justicia de Tucumán, el 20% de los cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales están acéfalos (49 de 234): ese porcentaje no incluye a los casi 30 nuevos despachos laborales, en lo contencioso administrativo y de violencia doméstica que la Legislatura creó en diciembre.

El Colegio de Abogados llamó la atención sobre que el nombramiento de jueces subrogantes podría combinarse con el hecho de que el Poder Ejecutivo no dispone de plazo legal para nombrar magistrados en propiedad (el gobernador Juan Manzur se tomó nueve meses para enviar los últimos pliegos a la Legislatura). “En la práctica se advierte la habitual e injustificada mora del Poder Ejecutivo en cumplir con su obligación constitucional. Ahora existirá un justificativo para la demora en tanto se considerará superada la emergencia por la actuación del juez subrogante”, observó el Colegio.

La entidad intermedia señaló la tendencia del Gobierno a demorar en forma injustificada la designación de jueces.