Por una perversa paradoja del destino, las herméticas negociaciones de la semana pasada entre el Fondo Monetario y la delegación que fletó Martín Guzmán a Washington transcurrieron en el imponente salón “Eva Perón” de la embajada argentina en esa capital. Aunque los seis técnicos que volaron al crudo invierno boreal bromeaban entre sí con la suerte que les traería la jefa espiritual del movimiento, lo que discutían es la letra chica del segundo Acuerdo de Facilidades Extendidas que suscribirá una gestión justicialista, con el único antecedente del de Domingo Cavallo y Roque Fernández en 1992. Un peculiar homenaje para la abanderada de los humildes, que murió cuando su marido todavía se resistía a asociarse al organismo gracias al cual Estados Unidos proyectaría a lo financiero su hegemonía militar-tecnológica de la posguerra.

Los enviados argentinos apuraron con la estadounidense Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu algunos detalles de la carta de intención y el memorándum de entendimiento que Alberto Fernández aspiraba a tener cerrados antes de las Fiestas y que ahora sueña para después del éxodo washingtoniano de fin de año. Hubo avances técnicos e intercambio de planillas de todo tipo, pero las fuentes de la delegación y del FMI consultadas por BAE Negocios coincidieron en que para destrabar dos discusiones clave hacía falta un llamado “de arriba”. Esto es, del Tesoro. Y ese llamado nunca llegó.

Thank you for watching

Los dos temas a destrabar son el déficit que el Fondo está dispuesto a tolerar para las cuentas públicas en 2022 y 2023 (3,3% del PBI en los últimos borradores) y las fuentes de financiamiento de ese déficit. Es una inecuación compleja para Guzmán porque se da en tableros simultáneos: uno con el propio Fondo y otro con el kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Y las dos fuerzas tironean en sentidos contrarios.

El silencio incómodo del Tesoro no solo inquietó al jefe del Palacio de Hacienda, quien dialoga allí con valiosas terminales gracias a su mentor Joe Stiglitz, ganador del premio Nobel en 2001 junto a George Akerlof, marido de la actual secretaria Janet Yellen. También apuntó todas las miradas hacia Gustavo Beliz, principal adalid de los intereses estadounidenses en el gabinete de Fernández. Aunque se jacta puertas adentro de su llegada al consejero de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, de quien se autopercibe homólogo, sus fotos juntos no alcanzaron para lubricar el último tramo de la negociación.

Hubo un gesto de claro alineamiento para intentar que ese guiño del accionista mayoritario del FMI llegara a tiempo, con la misión todavía allá: la participación en la Cumbre por la Democracia que convocó Biden para criticar a Rusia y China, excluyendo a aliados de la Argentina como Bolivia y con invitados como el fallido Juan Guaidó, por Venezuela, en lugar de Nicolás Maduro. Pero fue una mueca demasiado ambigua para el Tío Sam, porque Fernández aclaró en su discurso que “la democracia no se exporta ni se impone con sanciones o por la fuerza”. Una sutileza diplomática que -según se jactaron más tarde amigos del Presidente- agradecieron tanto desde La Paz como desde Beijing.

La quimera del no-ajuste

La discusión sobre el déficit marcó ayer el debate sobre el Presupuesto en Diputados y promete hacerlo también en el Senado. Pese al esfuerzo retórico del oficialismo por defender el proyecto, es imposible mostrarle al FMI una reducción del gasto sin afectar las partidas sociales. Esto es, sin que el ajuste afecte “a los que menos tienen”, como reza el slogan.

Se ve nítidamente en la partida del plan Potenciar Trabajo, en la cual el Estado invertirá $226.000 millones en 2021 según el crédito vigente en el sistema de Presupuesto Abierto. Es decir, según la asignación de recursos de este año incluyendo las modificaciones hasta la fecha. Para 2022, el proyecto oficial fija un monto de $243.000 millones, apenas un 7,5% más nominal. Deflactado por la inflación promedio del mismo proyecto, eso implica una caída real del 20%.

Con las políticas alimentarias nacionales pasa parecido. El crédito vigente para 2021 es de $246.500 millones y el presupuestado para 2022 es de $296.000 millones, lo que implica un recorte en términos reales del 10,7%. En Economía aclaran que esas partidas después se pueden modificar, como pasó este año, y que por eso la comparación tiene que ser entre créditos iniciales y no entre devengados y proyectados. Claro que una cosa es retocar una partida del Presupuesto con mayoría en ambas cámaras y sin estrictas revisiones trimestrales del FMI y otra cosa será hacerlo el año entrante.

En materia de subsidios a la energía, además de la herida todavía abierta entre segmentadores y congeladores, aparece otra tensión entre el objetivo de reducir el gasto y el de bajar la inflación. Solo un tarifazo de magnitud permitiría cumplir con la meta prevista de rebaja de subsidios sin afectar a la mitad más pobre, y eso va a empujar invariablemente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un indicador que le dio un respiro al Gobierno con la caída de un punto en noviembre, de 3,5% a 2,5% mensual, pero que augura nuevos dolores a caballo de los récords que volvió a marcar esta semana en el mundo entero.

Para hacer más digerible el ajuste que exige el Fondo también hay trampitas como la que detectó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en su último informe de ejecución presupuestaria. Si bien el gasto total creció en noviembre un inédito 40% en términos reales, supuestamente a caballo de lo que la oposición denominó el “plan platita”, buena parte de ese incremento responde a las transferencias de capital a organismos como AYSA, IEASA (la ex ENARSA) o el Fondo Fiduciario PROCREAR, que van a mantener esos fondos en caja y que el año que viene no los van a destinar a obras sino a “crédito intra-sector público”. Es decir, a prestarle al Tesoro para que el Banco Central reduzca la emisión de pesos, como quiere el FMI.

Malos y peores

El método de instituciones como el FMI para deslindar antiguas responsabilidades es simple: cambia a sus funcionarios. Es lo que explica que ninguno de los jerarcas de la era Lagarde subsista hoy en puestos clave del staff. Por eso causa tanta incertidumbre en Economía que en 10 días asuma como jefe para América del ultraortodoxo Ilan Goldfajn, quien presidió el Banco Central de Brasil con Michel Temer, beneficiario del golpe institucional contra Dilma Rousseff.

Nacido en Israel, Goldfajn se doctoró en el MIT bajo la tutela de Rudi Dornbusch, igual que su antecesor en el cargo, el mexicano-argentino Alejandro Werner. No se sabe si piensa que “con estos tipos no se puede negociar”, como dijo Werner del Frente de Todos un mes atrás. “Hay que ver si quiere razonar todo el acuerdo de vuelta y lo endurece más o si lo mira por arriba pero esquiva la responsabilidad de lo que se firme”, dijo a este diario uno de los negociadores.

En el Gobierno admiten que la correlación de fuerzas puede empeorar en cualquier revisión trimestral de las que haya en los próximos años. “Si te van a salvar de una corrida, ahí sí pueden exigir mucho más. Pero sigue valiendo la pena ganar tiempo, aun cuando sea patear el abismo del default a 3 o 4 años. Porque si crecemos fuerte en ese tiempo, la renegociación que venga después va a ser mejor”, apuntó otro de los encargados de la letra chica.

No es lo que creen los economistas Alfredo Serrano, Mariana Dondo y Guillermo Oglietti, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), una institución que difícilmente podría tacharse de opositora, al punto que acaba de editar un libro (“Evo, operación rescate”) prologado por el mismísimo Alberto Fernández. Serrano, Dondo y Oglietti trazaron en un non-paper reservado ocho escenarios de repago a futuro de la deuda que dejó como herencia Mauricio Macri, en función del plazo, gracia, tasa y sobretasa que se fijen en el acuerdo que el Gobierno quiere cerrar este verano. Concluyeron que “nada de lo que se logre acordar será bueno” y que “entre lo malo, lo menos malo es aquello que el FMI no suele negociar, pero que Argentina está en la obligación de plantearlo como excepcional”.

Los escenarios con resultados “menos peores” son solo dos, “en los que se plantea que el FMI asuma su responsabilidad, tanto por el exceso de préstamo concedido como por haber permitido que se haya fugado gran parte del dinero prestado”. En el primero, el Fondo condona más de la cuarta parte de la deuda. En el segundo, solo cobra un 15% de los capitales que se repatrien, como sugirió Cristina Fernández el viernes pasado. En ese escenario -más que optimista- la deuda termina de cubrirse en 2053, veintidós años más de lo que está dispuesto a conceder el organismo.